Peabody en concurso: deuda por $39.000 millones, más de 350 acreedores y un modelo que dejó de cerrar

La Justicia abrió el proceso de Goldmund, controlante de la marca. El expediente expone default, cheques rechazados, presión sobre la planta y un giro del negocio que combina importación con producción en Paraguay.

Su planta ubicada en La Tablada, provincia de Buenos Aires, es alquilada y la empresa debe tres meses de contrato. 

La crisis de la fabricante de electrodomésticos Peabody entró formalmente en etapa judicial. El Juzgado Comercial N°21 resolvió la apertura del concurso preventivo de Goldmund S.A., la sociedad controlante de la marca, y dejó en marcha un proceso que no sólo busca reordenar un pasivo millonario, sino que también expone el trasfondo de un negocio que venía cambiando de forma acelerada.

El dato más contundente surge de la propia documentación presentada: la deuda total asciende a $39.234 millones, una cifra que dimensiona el deterioro financiero y que amplía los números preliminares. Al momento de la presentación, los registros del sistema financiero ya reflejaban compromisos con bancos por cerca de $19.600 millones, aunque ese monto representaba apenas una parte de un pasivo mucho más amplio, integrado por obligaciones comerciales, fiscales y operativas.

La resolución judicial implica que el tribunal tuvo por acreditado el estado de cesación de pagos y habilitó la negociación con acreedores. Pero, lejos de tratarse de una situación incipiente, la propia compañía reconoce que el quiebre ya se había producido semanas antes de la presentación.

Default, cheques rechazados y fábrica bajo la mira

En su escrito, Goldmund identifica con precisión el punto de inflexión: el 27 de febrero de este año, cuando no pudo afrontar un vencimiento por $290 millones. Ese incumplimiento marcó la ruptura de la cadena de pagos y aceleró un deterioro que ya venía gestándose.

A partir de allí, los indicadores comenzaron a reflejar con claridad la falta de liquidez. La empresa acumula 168 cheques rechazados por casi $553 millones, un dato que da cuenta del nivel de estrés financiero y del impacto directo sobre proveedores y socios comerciales.

El problema no quedó limitado al frente financiero. También alcanzó a la estructura operativa. La compañía informó que su planta principal, ubicada en La Tablada, es alquilada y que al momento de presentarse en concurso mantenía impagos los cánones correspondientes a enero, febrero y marzo. La deuda por ese concepto supera los $628 millones y ya generó un conflicto con la locadora.

La situación, según reconoce la propia empresa, “ha puesto en crisis la continuidad del vínculo contractual”. Con un contrato que vence el 30 de junio de 2026, el escenario suma presión: la posibilidad de perder su principal base operativa en pleno proceso concursal.

Uno de los rasgos más distintivos del expediente es la composición del pasivo. La nómina de acreedores supera los 350 registros, lo que muestra una deuda altamente fragmentada y con un fuerte componente operativo.

Si bien hay presencia de entidades bancarias, el grueso del pasivo no está concentrado en ese segmento. Por el contrario, la mayor parte corresponde a acreencias quirografarias, vinculadas a proveedores, servicios, logística, tecnología e insumos industriales. Ese esquema revela que la compañía se financió en gran medida a través de su propia cadena de valor. Cuando la caja dejó de responder, el impacto no se concentró en pocos actores, sino que se extendió a cientos de relaciones comerciales.

El frente fiscal también tiene peso. Solo con ARCA, la deuda supera los $565 millones, a lo que se suman obligaciones con organismos provinciales y locales. Aun así, el cuadro general es el de una estructura donde el financiamiento comercial fue determinante.

De las SIRA a la pérdida de competitividad

En su presentación, la empresa reconstruye la secuencia que derivó en el colapso. Ubica el inicio del problema en el segundo semestre de 2023, en el marco de las restricciones a las importaciones y las condiciones en las que debió operar para sostener el abastecimiento.

Uno de los puntos centrales es la dinámica de las SIRA. Según detalla, para mantener el flujo de mercadería, la compañía debió vender productos por debajo de su costo, lo que comenzó a erosionar su capital de trabajo y a generar un descalce creciente.

Ese proceso se combinó con la acumulación de créditos fiscales que luego se transformaron en un problema adicional. Goldmund afirma haber alcanzado unos $1.500 millones en concepto de IVA e Impuesto PAIS, que quedaron fuertemente licuados tras la devaluación de diciembre de 2023.

A esto se sumaron restricciones para acceder a divisas, dificultades para cancelar deudas con proveedores del exterior y la necesidad de recurrir a mecanismos más costosos para sostener la operatoria. El resultado fue un deterioro progresivo de la caja que desembocó en el default de febrero de 2026.

El diagnóstico se completa con una crítica al contexto competitivo. La empresa señala la existencia de subfacturación en importaciones, con productos que ingresan al país a valores declarados muy por debajo de los reales, y advierte sobre la expansión de circuitos informales que operan sin carga impositiva, generando una competencia desigual.

Del modelo industrial a la importación y su apuesta por Paraguay

Los números del expediente muestran que el cambio en el negocio no fue consecuencia del concurso, sino un proceso previo. En 2025, la empresa vendió más de 700.000 unidades, aunque menos de la mitad correspondían a producción propia. El modelo ya combinaba industria local con importaciones.

En 2026, ese equilibrio se rompe. Las ventas caen a 83.676 unidades y más de la mitad de los productos pasan a ser importados. La facturación acompaña esa dinámica: de más de $47.000 millones en 2025 a unos $4.700 millones con datos parciales de este año.

En términos prácticos, la compañía dejó de ser principalmente una fábrica para transformarse en una importadora y comercializadora, en un contexto en el que la producción local perdió competitividad.

En paralelo, avanzó en un proceso de relocalización. El expediente revela la puesta en marcha de un esquema de maquila en Paraguay, aprobado en 2025, a través de una sociedad vinculada. Allí produce principalmente equipos de climatización bajo un régimen que ofrece ventajas fiscales significativas.

El sistema establece una carga tributaria de apenas 1% sobre el valor agregado, junto con beneficios como la importación de insumos sin aranceles y menores costos laborales. Según la propia empresa, producir en ese país resulta entre 30% y 35% más barato que en Argentina. Ese diferencial, sostiene la compañía, no responde a un único factor, sino a la acumulación de ventajas fiscales, laborales y arancelarias que terminan condicionando la decisión de producir localmente.

Con la apertura del concurso, se inicia ahora la etapa de verificación de créditos y negociación con acreedores. Pero más allá del proceso judicial, los datos del expediente dejan una conclusión más amplia: el caso Peabody no es sólo el de una empresa con problemas financieros, sino el de un modelo industrial que dejó de ser viable.