De cara al inicio del período de sesiones extraordinarias, el Gobierno volvió a poner en agenda la discusión por el Régimen Penal Juvenil, al incluir el tema dentro del temario enviado al Congreso. En la Casa Rosada reconocen que todavía no está definido si el oficialismo avanzará con un nuevo proyecto o si retomará como base el dictamen que se cayó en 2025, el texto más avanzado que tuvo el debate en los últimos años y que nunca llegó al recinto pese a contar con respaldo en comisión.
Qué decía el dictamen caído que proponía modificar el Régimen Penal Juvenil
El proyecto oficialista planteaba reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y reconfigurar el sistema penal para adolescentes, pero la fuerte oposición política y social, incluida la de la Iglesia Católica, frenó su avance.
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El dictamen más avanzado en el debate sobre el Régimen Penal Juvenil en 2025 proponía bajar la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años, con una reforma integral al régimen vigente, vigente desde 1980. La iniciativa consensuada entre el oficialismo y varios bloques aliados incluía establecer un esquema de sanciones graduadas según la gravedad del delito y medidas alternativas a la prisión, como servicios comunitarios, programas educativos, reparación del daño y tratamiento psicológico. El proyecto también contemplaba una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves y un sistema escalonado donde la privación de la libertad quedaba reservada para casos de alta gravedad, con alojamiento en institutos especializados sin contacto con adultos.
A pesar de las firmas que respaldaban el dictamen en comisiones, la iniciativa no prosperó y quedó trabada antes de llegar al recinto. El núcleo de la discusión era la baja de la edad de imputabilidad, con posiciones que oscilaban entre los que defendían mantener los 16 años y quienes proponían incluso niveles más bajos en textos alternativos. La ausencia de un consenso amplio y las tensiones dentro de bloques aliados hicieron que el dictamen no avance hacia votación.
La Iglesia Católica se convirtió en una de las voces más visibles en contra de la propuesta. Autoridades eclesiásticas argumentaron que reducir la edad de imputabilidad y encarcelar adolescentes no resolvería las causas profundas de la delincuencia, y enfatizaron la necesidad de enfoques más preventivos, educación, contención social y oportunidades de reinserción en lugar de un enfoque punitivo.
Punto por punto, qué establecía el dictamen caído en 2025
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Edad de imputabilidad: bajaba de 16 a 14 años para delitos penales.
Sistema penal diferenciado: creaba un régimen específico para adolescentes, separado del sistema penal de adultos.
Penas máximas: establecía un tope de 15 años de prisión para los delitos más graves.
Privación de la libertad: quedaba como último recurso, reservada para hechos de extrema gravedad.
Medidas alternativas: priorizaba sanciones no privativas de la libertad como
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tareas comunitarias,
programas educativos y de capacitación laboral,
reparación del daño a la víctima,
seguimiento psicológico y social.
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Lugares de detención: en caso de encierro, los menores debían cumplir la pena en institutos especializados, sin contacto con adultos.
Revisión judicial permanente: las sanciones debían ser revisadas periódicamente para evaluar la evolución del adolescente y su posible reinserción.




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