Acusarán a Brinzoni por masacre en Chaco

El jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, será el primer jefe militar que recibirá una respuesta al pedido de habeas data solicitado por unos 700 integrantes de las Fuerzas Armadas a organismos de derechos humanos, que ahora lo investigarán por su presunta participación en hechos ocurridos en 1976 en el Chaco, donde murieron unas 17 personas. En medios militares se estimaba ayer que esta semana comenzarán a llegar pedidos similares de alrededor de 5.000 a 6.000 oficiales y suboficiales del interior del país.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) respondió así al planteo realizado por oficiales del Ejército ante una eventual declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, reclamada por esa entidad. Respuesta que no es graciosa ya que están obligados porque tiene que ver con los 10 días que otorga la ley para responder a estas demandas, al cabo de los cuales se puede recurrir directamente a la Justicia para que los obligue.

Subordinado a las jerarquías, «primero empezaremos por el general Brinzoni» -y en los próximos 15 días con la totalidad de los demandantes-, expresó el periodista Horacio Verbitsky, titular del CELS, en el Primer Seminario de Derechos Humanos y Justicia Universal que se desarrolló en Madrid. Esa entidad fue elegida por los militares para reclamarle los datos que tengan sobre ellos. Verbitsky, quien ha admitido haber militado en Montoneros, aludió así a la denominada «masacre de Margarita Belén», ocurrida en el Chaco en 1976, cuando el actual jefe del Ejército era un mero funcionario administrativo de la intervención militar en esa provincia, con el grado de capitán. Sin responsabilidades militares, según consta en el legajo existente en el Estado Mayor del Ejército.

El 13 de diciembre de 1976 unos 17 detenidos, que fueron retirados de la Unidad Penitenciaria 7 de Resistencia con la manifiesta intención de ser trasladados a un penal de máxima seguridad en Formosa, terminaron muertos, según consta en testimonios de testigos durante los juicios a los comandantes de las juntas militares.

Reclamo

Todo comenzó cuando el jefe del Ejército, Brinzoni, su segundo, el general de división Eusebio Jurczyszyn, y otros 700 oficiales con asiento en Buenos Aires se presentaron ante un organismo oficial y dos privados de derechos humanos para conocer los datos que esas entidades poseen sobre cada uno de ellos.

Los militares hicieron el reclamo amparados por la Ley 25.326, conocida como de habeas data, ante la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales (CELS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). La presentación de los militares está patrocinada por abogados civiles y tiene «carácter de individual y voluntaria». Con estas medidas, los militares quieren saber si alguno de estos entes tiene acusaciones puntuales o causas abiertas que traben sus ascensos o les impidan viajar al exterior, ante el peligro de ser detenidos. En el caso del teniente general Brinzoni no habría problemas de ascensos -que por otra parte los recibió en 4 oportunidades sin objeciones de la Comisión de Acuerdos del Senado-, aunque sí para viajar al exterior si hay denuncias ante tribunales extranjeros.

Por otra parte, y a 25 años de marzo del '76, cada vez es menor el número de los oficiales de las FF.AA., con responsabilidad de mando en aquel tiempo, que van quedando en actividad en las Fuerzas Armadas. Los de mayor rango cuentan hoy entre 75 y 80 años. Políticamente las organizaciones de derechos humanos han usado anualmente la denuncia sobre algunos oficiales de las FF.AA. cuando los pliegos de éstos llegan al Senado que debe aprobar sus ascensos a partir del grado de coronel (Ejército), capitán de navío (Armada) y comodoro (Fuerza Aérea). Y cada vez tienen menos nombres que censurar, con el riesgo de perder esa bandera que les ha dado un espacio político interno e internacional.