Ahora gobierno pide sancionar a piqueteros

Tras el ataque del miércoles a las oficinas de Repsol en Diagonal Norte y Esmeralda, el gobierno no logra unificar una postura sobre el tema piquetero: unos piden "sanciones"; otros apuestan al desgaste social de ese tipo de protesta.

El gobierno reaccionó ayer con dureza por el violento ataque que un grupo de piqueteros realizó, el miércoles, contra la sede de la empresa Repsol YPF. Lo hizo a través del ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien pidió que se «sancione» a los responsables.

La agresión contra la petrolera, concretada por el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) con bombas incendiarias, volvió a instalar el debate sobre la actitud que el gobierno, a través de las fuerzas de seguridad y la Justicia, debe tener ante el accionar piquetero.

Sobre todo, por sus actores. El MTR es un grupo minoritario pero de línea dura, que comanda Roberto Martino, jefe que acumula antecedentes: años atrás «copó» una sede del BAPRO en Florencio Varela y meses después ocupó el Ministerio de Trabajo bonaerense, por entonces a cargo de Aníbal Fernández.

Ese Fernández dijo que debe aplicarse el «Código Penal; habría que identificar a los responsables y sancionarlos como corresponde».

Menos explícito, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, se limitó a profetizar que como la «sociedad se siente atacada» cuando los piqueteros cortan las calles, ese método de protesta, como « modelo de reacción, se va agotando a gran velocidad».

De todos modos, es una postura ambigua la del gobierno. El mismo día que -en medio de una jornada nacional con 120 piquetes en todo el país-se produjo el incidente de Repsol, la Justicia citó al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quien estuvo «secuestrado» por piqueteros toda una noche.

En aquella ocasión, la cartera laboral presentó una denuncia que luego intentó desactivar. Por esa gambeta, Tomada podría ser enjuiciado por «falsa denuncia».

Eso se enmarca en lo que Alberto Fernández definió como postura formal del gobierno: «no reaccionar» ante las protestas de las agrupaciones de desocupados porque «estos grupos están preparados para profundizar el desorden».

Su colega, Aníbal F., defendió la decisión oficial de no ordenar la intervención policial: de hacerlo se habría generado una «una gresca cien veces mayor».

• Amnistía

Pero anteayer, al ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Béliz, al evaluar la jornada piquetera, dijo que «fue pacífica y sin incidentes».

Capcioso o mal informado el funcionario, que no registró ni el ataque a Repsol ni el intento de una columna de la CCC de ingresar en los Tribunales de Comodoro Py.

Hay un remanido reclamo piquetero sobre los 3.000 dirigentes y activistas que tienen causas abiertas en la Justicia. En épocas de mejor vínculo con Néstor Kirchner, éste les prometió una «amnistía» que nunca llegó, como tampoco la «brigada antipiquetera» que evaluó conformar el Ejecutivo.

Kirchner retomó la postura blanda o, como dijo Eduardo Duhalde, de «mano de seda». En Ensenada, donde lo acompañaron piqueteros de la FTV de Luis D'Elía, afirmó que no tomará ninguna medida para coartar el «derecho de protesta». Y agregó: «Hay que escuchar a los compañeros».

En tanto, dos de los acusados por el ataque a Repsol fueron liberados pocas horas después de ser detenidos y pasar la noche en la Comisaría 1ª de la Ciudad de Buenos Aires.

La jueza en lo correccional Ana María Bulacio Rúa dispuso su liberación pero, en paralelo, ordenó que se realice una pericia para «determinar si existió intención de incendiar el edificio de Repsol». Si eso se comprueba, girará la causa a la Justicia Penal.

Por otro lado, el titular de Recrear, Ricardo López Murphy, atribuyó indirectamente a Kirchner los incidentes registrados en el edificio de la petrolera porque, dijo, con su actitud generó un «clima de crispación, de revanchismo, de odio y de violencia».

A su vez, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) expresó su «repudio» por el ataque. «Los argentinos tenemos que reaccionar a tiempo y enérgicamente ante estos hechos, ya que la complacencia con la violencia nos ha llevado a trágicos resultados en el pasado», señaló a través de un comunicado.

Asimismo, ayer se informó sobre otro ocurrido la noche del miércoles en el que un grupo de activistas colocó un «artefacto explosivo casero» en una cámara transformadora de la empresa Edesur, en Remedios de Escalada, que no provocó destrozos ni heridos.