Debatieron abogados y expertos sobre los problemas que aquejan a los argentinos

Política

Lo organizó el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, y contó con la participación economistas, juristas, analistas, legisladores y expertos.

El Colegio de Abogados la Ciudad de Buenos Aires organizó un foro de exposiciones virtuales con economistas, juristas, analistas, legisladores y expertos para debatir cómo “resolver los problemas de fondo” que aquejan a la sociedad argentina.

El primero de los paneles debatió sobre previsibilidad y economía. Marina Dal Poggetto, del estudio EcoGo, aseguró que hoy no existe previsibilidad en la Argentina. “Previsibilidad es tener un horizonte más largo que el 14 de noviembre, en Argentina el horizonte no es más de dos meses. Las decisiones de políticas económicas están concentradas en conseguir votos para la elección”, sostuvo.

Según la economista, hoy la inflación está en el 50% anual y con serios riesgos de crecer. “Hay algunos precios que suben al doble de la inflación y otros que están literalmente congelados, con un dólar que se usa de ancla, un tipo de cambio licuado, y una amplia brecha. Esto no es la previsibilidad”, afirmó.

Dal Poggetto remarcó que en política hay dos proyectos contrapuestos y que si bien “estamos jugando con las reglas de la democracia, falta un grado de acuerdo en las bases de cómo seguir”. “Es mucho más fácil si los precios internacionales acompañan y la recaudación sube, pero cuando no, el ajuste no lo quiere hace nadie”, agregó la especialista.

Fernando Marengo, de Arriazu Macroanalistas, dijo que la volatilidad de la tasa de crecimiento argentina es difícil encontrar en otros países. “Hacer negocios con esa volatilidad es muy difícil, y eso afecta la previsibilidad. La economía está muy asociada a los ciclos internacionales y falta prudencia fiscal. Es muy difícil conseguir otros países similares en los últimos 50 años”, sentenció.

Marcos Buscaglia, de Alberti Partners, expuso que el país va a las urnas en un contexto de pocas reservas en el Banco Central, alta emisión, tarifas atrasadas y un tipo de cambio oficial atrasado. “Son desbarajustes macro que hay que corregir. Lo que no sabemos es cómo el oficialismo lo va a resolver en medio de la contienda electoral, ¿lo van a solucionar de manera racional o seguirán con los parches? No quisiera estar en sus zapatos, pero seguramente lo harán con parches”, analizó.

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Marina Dal Poggetto, reclamó cerrar el acuerdo con el FMI antes de fin de año para evitar más presión sobre la economía. “Si se llega a marzo del 2022 sin acuerdo, la brecha del dólar se va a escapar”, aseguró.

Marina Dal Poggetto, reclamó cerrar el acuerdo con el FMI antes de fin de año para evitar más presión sobre la economía. “Si se llega a marzo del 2022 sin acuerdo, la brecha del dólar se va a escapar”, aseguró.

El segundo panel planteó a la propiedad privada como el “eje de una sociedad libre”, con la moderación de Ricardo Roa, quien pidió por favor a los panelistas no comentar experiencias sexuales en partidos políticos.

Débora Maier, propietaria de 400 hectáreas en El Foyel, una localidad ubicada a 75 kilómetros de Bariloche, recordó que una vieja toma de terrenos en la zona. “Fue una violencia contra nuestras personas, que nos dejó tembleques. Ya pasó un montón de tiempo, pero teníamos la policía adentro, que queríamos que nos cuide. Fui a la tranquera y vi un despliegue de personas, la policía me dijo que vuelva a la casa, y sentí que los protegían a ellos. Fueron cinco días eternos”, señaló. Maier dijo que “hoy están súper tranquilos”, aunque quedaron “susceptibles” y tuvieron que poner cámaras de vigilancia en el campo.

El abogado Hugo Burgenik, con más de 30 años de experiencias en usurpaciones en la Patagonia y patrocinador de dos municipios del sur, diferenció a los que “encapuchados y armados” toman terrenos, que nada que ver tienen que las comunidades mapuches, que están integradas a la sociedad y respetan las normas. “En la Patagonia tenemos propietarios de más de 130 años, con amor por la tierra y una jerarquía igual o mayor que los indígenas”, dijo, y recordó que la ley 26.160 de relevamiento de tierras se vence en los próximos meses, pero que seguramente se va a renovar. “Los pueblos indígenas pueden ser compensados con una indemnización, no hay duda que ellos estaban antes, pero hay una coalición de derechos: lo que dice la ley es que la propiedad es inviolable”, agregó. Para Burgenik no hay dudas que esa compensación es una responsabilidad del Estadio nacional y las provincias.

María A. Gelli consideró que la ley 26.160 es inconstitucional, porque es del 2006 y sigue vigente. “Todo hace pensar que uno de los partidos con peso específico en el Congreso tiene intención de prorrogarla”, dijo, y remarcó que la norma solo protege a los pueblos indígenas argentinos. “Es inconstitucional porque impide la garantía de la propiedad privada como la defensa en juicios, y afecta el articulo 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos”, repasó. Según Gelli, con las tomas de tierras no solo se afecta la propiedad, sino de otros derechos personalísimos como la libertad. “Es una hostilidad contra la propiedad y el capital, hechos de ignorancia activa, porque se intenta desconocer un conflicto gravísimo, que pone en riesgo la soberanía estatal”, sostuvo. “Estos conflictos no se pueden resolver avasallando y limitando derechos de terceros”, añadió.

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Para el constitucionalista Daniel Sabsay, dijo que los tomadores de tierras son guiados por una “machi (chamán), una especie de bruja”, que parece salida de un “realismo mágico”, y recordó que el Estado de Derecho no acepta “hordas” que actúen por la vía de los hechos, sin respetar la Constitución y los tratados internacionales. “Se niegan a cumplir fallos y su fuerza política es muy grande”, indicó. “Cuando los casos llegan a tribunales orales, el Estado se retira y busca el diálogo. Es como si con los talibanes, cuando sacan a las mujeres y las lapidan, dijeran no hay que meterse, es un tema interno”, comparó. Sabsay dijo que muchos de los tomadores son “llevados de La Matanza, que nada tienen que ver con los mapuches”, y que en algunos casos “son colombianos que tienen ver con el narcotráfico de las FARC”. “Está en juego el principio de separación de poderes, porque le otorgan títulos de propiedad a estos grupos”, alertó.

El tercero de los paneles se bautizó "Hacia un federalismo sustentable" con tres expositores. El constitucionalista cordobés Antonio María Hernández, ex legislador provincial y nacional de la UCR y ex candidato a vicepresidente de Horacio Massaccesi, presentó 20 propuestas para fortalecer el federalismo. Uno de los principales es terminar con las leyes de emergencia. “Las emergencias afectan al sistema republicano y facilitan el hiperpresidencialismo. Hemos regresado al pasado, porque la continuidad del gobierno es por decreto, que afecta la cuestión federal”, analizó. “La emergencia transforma la Constitución federal en unitaria”, dijo, y reprochó el centralismo de estas normas. “Por ejemplo, hay certificados sanitarios que solo los aprueba la Jefatura de Gabinete de la Nación”, expuso. “En vez de avanzar hacia un federalismo de concertación, hemos recorrido un camino inverso”, agregó. Entre las 20 propuestas también mencionó la transferencia de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires, la sanción de una nueva ley de coparticipación, el cumplimiento de los principios federales para elaborar el Presupuesto nacional, crear una liga oficial de gobernadores y fortalecer el rol del Senado. "Hoy no está cumpliendo adecuadamente sus funciones, porque es donde se deben defender los intereses provinciales y regionales y no se hace", completó.

Juan Vicente Sola, jurista especializado en derecho público, se preguntó si Argentina tiene un Gobierno federal. “Las provincias renunciaron a su competencias, el federalismo hoy es extremadamente débil. Pero si se tiene en cuenta que los gobernadores son muy importantes en la toma de decisiones del Gobierno nacional y la negociación política del Congreso es entre el Presidente y ellos, tenemos un federalismo extremadamente fuerte”, señaló. Sola dijo que si se aplicará un federalismo de concertación hay riesgo de generar un “cartel de gobiernos provinciales” y los afectados serán los habitantes, porque se delegan los servicios y todos ofrecerán pésimas prestaciones. Si es un federalismo de competencia -aseguró- las provincias deberán brindar muy buenos bienes y servicios. “Si el federalismo no es competitivo, el Gobierno se transforma en una escuela de autoritarismo, donde aparecen grupos y hacen generalidades, como cuando las provincias prohibieron la entrada y salida de habitantes, totalmente contraria al espíritu federal”, consideró. “Si nos convertimos en una federación, habrá Estados que serán más competitivos, y ofrecerán mejores bienes y servicios a menores costos”, remarcó.

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María Gabriela Ábalos, doctora en Ciencias Jurídicas y magister en Magistratura y Gestión Judicial, opinó que la matriz federal argentina es “netamente centralista” con las ideas monárquicas del Congreso de Tucumán. “El origen viene teñido por notas unitarias, que deberían ir de la mano de las notas federales”, razonó. “Alberdi planteaba que no había autonomía sin tesoro. Las crisis comenzaron en 1890 y hubo una asunción centralista de los problemas de las autonomías provinciales. Y las provincias pasaron a depender de la coparticipación, aunque algunas deben hacer una mea culpa porque gastan lo que no recaudan”, analizó. Ábalos aseguró que el régimen de coparticipación actual está desactualizado y reclamó un nuevo sistema de reparto. “Tanto en el debate previo y para la aprobación posterior (de una nueva ley) debería haber un consenso especial, porque puede haber posiciones que no respeten las posiciones mayoritarias”, advirtió. "A mayor presidencialismo, menor federalismo. Cada vez que el Ejecutivo envía leyes daña a las provincias", agregó.

El cuarto panel “Reformas en la justicia y consenso político” fue moderado por el periodista de Ámbito Financiero, Gabriel Morini, quien repasó iniciativas de los últimos 15 años sobre cambios en la Justicia, como la cantidad de integrantes de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal, el traspaso de poderes y el acercamiento del servicio judicial a la ciudadanía.

La diputada Graciela Camaño, de Consenso Federal, dijo que la previsibilidad es hija de la confianza. “La falta de resolución de los conflictos de la sociedad generó una desconfianza generalizada. Los argentinos necesitamos un consenso que se exprese en el Congreso, en las fuerzas políticas y el Poder Judicial, porque es necesario que para reformar a la Justicia se siente a los actores de ese poder en la mesa, con un diagnóstico acabado”. Para Camaño se requiere una Justicia moderna, eficiente y con perspectiva de género. "Sin consensos corremos riesgos siempre", estimó.

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La legisladora del PRO Silvia Lospennato lamentó que al iniciar las campañas electorales se silencian proyectos de reforma. “Si la previsibilidad es el factor de desarrollo, en la Argentina estamos muy complicados”, consideró. “En este país la seguridad jurídica brilla por su ausencia. No hay decisiones seguras, ni exportar, ni viajar. La sociedad argentina se convirtió en una sociedad de incertidumbre, porque las posiciones políticas mayoritarias se volvieron pendulares. Atravesamos la peor crisis económica y social desde el 2001, y es silenciosa. A veces parece contenida, y aunque no la vemos en la calle, sabemos que tenemos pobreza, desempleo y pérdida de salario real y jubilaciones. Todos tenemos la sensación que caminamos en una cornisa muy finita”, detalló. Lospennato aseguró que la última garantía que queda es un Poder Judicial independiente. “Tiene que estar a salvo de la turbulencias de la política y la actualidad. Afectar la independencia ante posibles avances del Estado es la única certidumbre en la que tenemos que avanzar”, manifestó, y responsabilizó al populismo de derecha o izquierda. “Atacan a los tribunales superiores de Justicia, a los que llevan adelante la persecución penal”, alertó.

Hernán Pérez Araujo, diputado pampeano del Frente de Todos, aclaró que más allá de los proyectos de reforma judicial es indispensable hablar del estatus quo del Poder Judicial. “Nos querían acostumbrar al nombramiento de jueces amigos, la manipulación del Poder con visitas a la Casa Rosada o la Quinta presidencial días antes de tomar resoluciones, la persecución judicial a opositores. Hagamos un ejercicio de memoria y contemos toda la historia, sino estamos sesgando la realidad”, expresó. Para Pérez Araujo es necesario reforma a la Justicia, aunque hay posiciones muy encontradas para hallar consensos. “Una reforma debe contar con el mayor consenso posible, de los representantes del Congreso, los miembros del poder Judicial y los abogados. Pero qué pasa cuando no es realizable, ¿dejamos las cosas como están?”, se preguntó, y recordó que Juntos por el Cambio anunció públicamente que no acordarán en ningún tema de gestión con el oficialismo. “No se habla de diálogo, ni consensos, ni ningún tipo de acuerdos antes o después de las elecciones”, recalcó. “Son pretextos, y dejan las cosas como están, total no hay mayoría, y el Poder Judicial, no va de la mano del modelo de país que la sociedad argentina puso en vigencia en 2019”, observó, y pidió avanzar con el proyecto que ya tiene media sanción del Senado. "La reforma judicial debe ser feminista, con perspectiva de género, que no excluya a las víctimas de violencia de género, con un lenguaje amable", propuso. "No puede ser que hay miembros del Poder Judicial que se nieguen a la capacitación de la Ley Micaela", añadió, y abogó por "no romper puentes con solo pisarlos".

El diputado radical por Chubut Gustavo Menna sugirió que ninguno de los proyectos actuales en debate contaron con acuerdos previos entre los sectores políticos, ni tienen lenguajes inclusivos ni perspectivas de género y enmascaran la creación de más de 60 tribunales federales y seis cámaras por todo el país. “No son reformas judiciales, tiene un objetivo claro que es la Justicia federal de la ciudad de Buenos Aires: Comodoro Py. Quieren cubrir vacantes con jueces subrogantes”, denunció. “La justicia provisional afecta la independencia judicial y las garantías”, anunció Menna. “Lo más grave es la reforma del Ministerio Publico: ya tiene media sanción en Senado y dictamen en Diputados. Busca desbaratar el principio del artículo 120 de la Constitución, donde adquirió independencia, autonomía y autarquía. Pero hoy es una reforma regresiva, que le resta años al cargo del procurador, flexibiliza la mayoría para la asignación en el Congreso y aumenta para la remoción y suspensión, y el control y seguimiento (del trabajo) de los fiscales, que recibirán instrucción de una comisión parlamentaria”. Según Menna, no se trata de una ley para la "búsqueda de poder o resolver causas judiciales de funcionarios, sino que hay una sumisión del Ministerio Público a una instancia parlamentaria, que solo se encuentra en un modelo soviético, lo que nos puede poner a las puertas de un régimen como el de Nicaragua, donde casi no existe un opositor que no esté privado de su libertad”, concluyó.

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