Baseotto dijo misa, pero en otro horario

Se agrava el conflicto entre el gobierno y la Iglesia porque los obispos afirman que hay restricciones a la libertad de culto, ya que monseñor Antonio Baseotto tiene vedado el ingreso a su diócesis. No obstante que ayer la misa de 8 en la catedral Stella Maris fue rezada por el prelado, éste tuvo que suspender la celebración crismal que estaba prevista para las 11.

Mientras que desde el gobierno hay quienes consideran que se entró en un proceso de distensión en el conflicto con la Santa Sede por el obispo castrense, monseñor Baseotto, otra es la visión eclesial. Desde la jerarquía de la Iglesia se advirtió ayer que «las cosas siguen mal, no está todo bien».

Se espera para el lunes la respuesta del Vaticano, que se estima no será complaciente. Hoy la Argentina afronta un conflicto jurídico internacional, precisaron las fuentes eclesiásticas consultadas. El pesimismo observado ayer tiene que ver con un interrogante que se le plantea a la Iglesia: el obispo Baseotto hoy no tiene jurisdicción sobre su diócesis, más allá de que la totalidad de los capellanes se encuentran realizando sus tareas pastorales en forma normal. No así Baseotto, que como sacerdote celebró la Santa Misa en la parroquia San Francisco Javier, en Palermo, donde oficia su amigo el padre Martín Bracht -el prelado va camino de convertirse en una celebridad, fue recibido con largos aplausos-, pero ajena a la diócesis. Para que resulte más claro, el ejemplo que se dio fue «que sería lo mismo que al cardenal Jorge Bergoglio o al obispo Eduardo Mirás se les prohibiera entrar a Buenos Aires o a Rosario. Es una flagrante restricción a la libertad de culto», concluyeron anoche con visible enojo.

Por su parte, el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, consideró ayer que se entró en un proceso de distensión que «va a ser beneficioso» para encontrar una salida a la situación generada con el Estado del Vaticano por la decisión del gobierno de anular la designación del obispo castrense, monseñor Baseotto. Afirmó también, en una singular conclusión -que sonó como si fuera una virtual escalada en el conflicto-, que pueden producirse agresiones a la Iglesia Católica, como -dijo-, «ha ocurrido con las comunidades judía e islámica».

• Comienzo

El conflicto comenzó por una carta dirigida por Baseotto al ministro de Salud, Ginés González García, con un contenido considerado «imprudente». Oliveri sostuvo que desde el gobierno «no hay ninguna campaña contra nadie en particular» y que «si hay algo» que se pretende es « compartir con la Iglesia una visión donde la libertad religiosa es fundamental», algo que no se piensa desde la conducción de la Iglesia, como lo hizo notar monseñor Mirás el lunes. Oliveri, en declaraciones radiales, destacó que el gobierno y la Iglesia iniciaron un proceso de distensión que, «más allá de las diferencias que puede haber, va a ser beneficioso para llegar a una solución concreta al conflicto». Si bien consideró que se trata de «un tema difícil», dijo que tanto desde el Episcopado como desde el gobierno «se pide la misma prudencia», ya que «juntos se puede encontrar un camino» para superar la situación».

Oliveri reveló que «fue muy corta y muy cordial» la entrevista que mantuvo el lunes con el nuncio apostólico, monseñor Antonio Bernardini, para entregarle una copia del Decreto 220 firmado por Néstor Kirchner, con la decisión del gobierno de retirar el acuerdo a la designación de Baseotto como obispo castrense y suspender el pago de su salario. El secretario de Culto, que concurrió a la sede de la Nunciatura para cumplir con el trámite, comentó que tras recibir el decreto, monseñor Bernardini «no hizo ningún juicio de valor sobre este tema».

Consultado si el gobierno argentino espera algún tipo de respuesta o comunicación de parte del Vaticano, señaló que «de la misma manera» en que él llevó «una copia del decreto, Roma tendrá que hacer lo propio con nuestro embajador o de la forma que ellos lo consideren conveniente».

Aludió así a una respuesta, anticipada por este diario, desde el propio Vaticano, que ayer admitieron que podía llegar el lunes próximo.

Por último y haciendo un juicio de valor muy singular, Oliveri afirmó que «es evidente que hay una sociedad que va cambiando permanentemente y en este caso puede haber agresiones contra la Iglesia Católica en particular, como las ha habido contra la comunidad judía o la comunidad islámica, que por supuesto no compartimos». Oliveri aclaró que no sabe «si eso es o no una campaña», pero estimó que «es cierto que es una sociedad que necesita encontrar caminos de diálogo y no de intolerancia».

En realidad, lo que Oliveri hizo fue salir a poner paños fríos porque desde el gobierno consideran que el incidente con el Estado Vaticano no tendrá pronta resolución, y que, lejos de esperar una terna de obispos para ocupar el vicariato castrense hoy vacante, se podría asistir a alguna figura intermedia que quedará a consideración de la Santa Sede. Tras la difusión del decreto del Poder Ejecutivo que retira su acuerdo a la designación de Baseotto como obispo castrense, la actitud que impera en los pasillos del poder político es la de aguardar que la Santa Sede brinde su respuesta a través del embajador allá destacado, Carlos Custer.

Tampoco se descartó en el gobierno que las homilías de la celebración de Pascuas sirvan como escenario de posibles repercusiones del caso Baseotto, más allá de que confíen en la buena voluntad de la Conferencia Episcopal por aplacar el incidente, aunque no tenían anoche ninguna seguridad.