Buenos Aires ahora difunde contratos reales y "ñoquis"

La gente sigue hablando de "Municipalidad" y no usa el pomposo "Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" para el ente que administra, limpia y cuida -aunque estas dos últimas tareas se hacen muy poco-a la Capital Federal. Tampoco se ha aceptado mucho que el otrora "Concejo Deliberante" se llame "Legislatura". Buenos Aires sigue siendo una ciudad descuidada, rica (tiene el tercer presupuesto del país luego del Nacional y el bonaerense), hermosa y esencialmente fruto de la actividad privada. En lo político, sus "legisladores" son menos conocidos que los electos nacionales que también cobija la Ciudad .Sin embargo, esta Legislatura, por derivación de su título más señorial, tiene más de vuelo institucional que el otrora Concejo Deliberante. Por caso, sancionó hace poco una ley insólita en el país. Es la 539/01, cuyo artículo 23 trae esta sorpresa: obligar a publicar en el Boletín Oficial Municipal la totalidad de los "contratados", tema siempre discutido en la Argentina y conectado, en la mayoría, aunque no en todos los casos, a lo que la picaresca popular bautizó como "ñoquis" en organismos del Estado, los que aparecen sólo el día 29 del mes a cobrar. Tan estricta y alcahueta es esa ley, que obliga a consignar nombre, apellido, número de documento, período de "contratado" y sueldo que se les paga a los beneficiados. A partir del 30 de abril pasado y por 4 días en el Boletín Oficial de la Ciudad se publicaron obligados por la ley vigente, y por primera vez en la Argentina, los "contratados" porteños en número de 3.841. Los políticos en silencio, porque para que alguien saque los pies del plato se han satisfecho pedidos de contratos de todos los partidos. Es interesante ese listado oficial y público. Se ven apellidos conocidos y pasan inadvertidos los que responden a políticos sin nombre que los delate. Hay periodistas en radio "Municipal" que ganan más sueldo mensual -y se supone que con menos o ninguna tarea-que en los medios privados. Hay 64 auditores contratados como para vigilar hasta los desagües pluviales por dentro. Están designados los abogados personales del presidente de la Nación. Hay albañiles y carpinteros como si entre los más de 90.000 empleados públicos ya estables del municipio no los hubiera. Un listado valioso para conocer buena parte de la corrupción argentina que, obviamente, nunca denuncia la prensa de izquierda porque el municipio porteño está a cargo de un hombre de ese palo, Aníbal Ibarra. Por eso, tampoco llega a jueces y fiscales pese a que ahora por ley la prueba de tantos "ñoquis" es oficial, irrefutable y suministrada por el propio Estado.

Por primera vez, a partir del 30 de abril último y días siguientes de mayo, se dio cumplimiento en la Ciudad de Buenos Aires a la Ley 539/01, que en su artículo 23 ordena al Ejecutivo, que encabeza Aníbal Ibarra, a publicar los nombres, número de documento, período, sueldo a percibir y repartición de destino de todos los «contratados» que agregan las administraciones a los más de 90.000 empleados municipales fijos.

Desde 1992, cuando era intendente de la Ciudad Saúl Bouer, como delegado del presidente de la Nación, se mantiene el congelamiento de vacantes en el municipio porteño. Eso hizo que los intendentes que asumieron a partir de 1996, ya electos, como lo fue Fernando de la Rúa, suelan recurrir a la forma de «contratados» para poder contar con algunas personas de su confianza sumadas al personal estable y a la planta política.

A partir de eso, que se estima correcto, se nota que los «contratados» son demasiados. Tradicionalmente, la administración de Buenos Aires fue refugio del llamado «favor político» y se les dieron puestos a «punteros» de comités partidarios, familiares, amigos, recomendados, personal doméstico que se hacía pagar por el Estado con un nombramiento.

No fue menor el desborde, y allí con casos de corrupción, en el Concejo Deliberante de la Ciudad, que tras un negociado con empresas de electricidad de la mayoría de los integrantes del cuerpo, a fines de los años '30 se optó por cerrarlo durante los dos primeros gobiernos de Juan Perón. No funcionó desde 1946 hasta 1958.

Vuelto a instalar ese año, el Concejo y la intendencia municipal fueron usados siempre para favores políticos, sobre todo del radicalismo, que juntaba sus votos en elecciones generales más por aparatos partidarios satisfechos que por repercusión directa en la base poblacional, más propia del peronismo .

Designaciones

Desde Ernesto Che Guevara hasta Ernestina de Noble y Jorge Luis Borges tuvieron designaciones municipales. Algunos cumplieron honrosas tareas y no fueron simplemente «ñoquis» sus nombramientos.

La actual Legislatura votó una ley donde los «contratados» deben ser mostrados públicamente, cuando antes eran listas secretas. Por eso se conocen los nombres aunque hay quienes aseguran que hay muchos más que los 3.641 difundidos.

Hay nombres de los que no se puede desconocer que son contrataciones legítimas, por caso, los artistas de los espectáculos municipales, como Susana Rinaldi, contratada por $ 10.000 para una sola actuación; un pianista como Horacio Larumbe, $ 500 por un día; un titiritero ya podría ser más discutible si cobra $ 2.300 por mes durante un año como, según la lista, le corresponde a Román Lamas.

También parece lógico un pago de $ 6.600 por tres meses a una especialista como Eva Giberti, para brindar un curso de capacitación. Igualmente, Alfredo Alcón contratado por 70 días a 22% del ingreso de boletería.

En cambio, suena más difícil de entender un pago a Alicia López de $ 9.000 por tres meses para «coordinar» el área de Gobierno.

Aníbal Ibarra contrató para su secretaría privada a 10 personas por todo el año, y algunos señalaron que el frepasista jefe de Gobierno también tiene a su disposición 10 autos. Es mucho para una Argentina en crisis y una ciudad que se deteriora día a día sin gasto en mejoras.

La vicejefa de Gobierno, Cecilia Felgueras, contrató a 12 personas, pero por un cuatrimestre. Sorprende en la Sindicatura General la contratación desde enero hasta junio de este año de 64 auditores, que se suman a los que ya tiene el municipio.

Los sueldos de tantos «auditores» oscilan entre los $ 2.200 por mes promedio, salvo Gonzalo Secchi, que cobra $ 3.000.

Insólito

Uno de los récords se lo lleva alguien llamada Mariana Ciascini, con $ 6.100 por mes para hacer «prensa en el Consejo de Derechos de Niños y Adolescentes». ¿Qué noticias tendrá que difundir para tanto sueldo?

En general, los periodistas se cotizan alto en el gobierno de Ibarra. Gabriela Cerruti, conocida como autora del libro duramente anti-Menem «El Jefe», cobrará $ 5.000 por mes todo este año (o siempre si le renuevan el «contrato» para coordinar una revista artística, «Ciudad Abierta»). Su hermana Karina Cerruti cobra $ 1.500 mensuales por diseñar la misma revista. Otros periodistas contratados a sueldos más altos con relación a sus colegas privados en diarios, radios y revistas son los de «Radio Municipal», con $ 5.000. Están Enrique Pesoa y 5 más. Otros, con $ 4.000 encabezados por Jorge Dorio.

Pero sería injusto fijarse en periodistas cuando están otros «contratados» sospechados de «ñoquis» por llevar apellidos demasiado poco comunes como Diana María de la Rúa, como «mediadora» en la Secretaría de Gobierno, $ 500 por mes; Zulema de la Rúa, $ 3.000 como «asesora» de la Secretaría de Educación, y Manuel Alberto de la Rúa como chofer, con $ 700 por mes.

Tal vez son nombres coincidentes y, entre miles, los que habrá de familiares o amigos o amigas de políticos pero es difícil vincularlos. Esta gente ahora, por la nueva ley, sale a la luz con sus «contratos» y sus nombres pero la mayoría ya viene designada desde 1996 y tiene «renovaciones» permanentes desde que asumió Fernando de la Rúa en el municipio ese año, como las tendrán los de Ibarra. Es el caso de los dos hermanos Fernando y Gonzalo Díaz Cantón, abogados personales del presidente De la Rúa e hijos, de quien fuera su socio en un estudio jurídico. Los Díaz Cantón (h) cobran $ 2.000 por mes cada uno también como «asesores» desde hace 5 años.

Hay otros «contratados» insólitos como Fernando Portillo, a quien se le paga $ 1.000 por mes por «mantener comunicación con los dignatarios de distintos cultos», y Alicia Vázquez, $ 1.600 por mes por «diseñar políticas de tolerancia entre los distintos credos» (?); $ 1.800 por mes cobrará durante todo el año Julio Morresi por «coordinar programas de recuperación de la memoria» (???). María Vernengo cobra $ 600 en la Secretaría de Educación de la municipalidad por «verificación alimentaria.» Algunos creen que es, como tiene Fidel Castro, por probar antes los alimentos para que los jerarcas no sean envenenados. Favio Márquez cobrará durante todo el año $ 2.300 como «asesor en espacios públicos»; Juan Schvinn, $ 1.500 de enero a junio como asesor «sobre violencia en estadios». Seguirían así centenares de contrataciones rarísimas y luego está la cantidad de choferes, albañiles, electricistas, etc., como si entre tantos empleados fijos hoy de la municipalidad no los hubiera.

También es muy notoria la diferencia entre el haber mensual de los «contratados» y el del personal municipal fijo, entre quienes un empleado cobra $ 550, un abogado de carrera $ 700, un jefe de departamento $ 1.600 y un director común $ 2.000, salvo Sergio Renán, director del Colón, que cobra $ 10.000.

Hay que pensar que entre estos 3.841 «contratados» cuyos nombres se difundieron, no se incluyen los que se publicarán posteriormente, que corresponden a organismos descentralizados, por caso el Teatro Colón.