Canciller-candidato: guerra ecológica contra Uruguay

Política

L os funcionarios de la Corporación Financiera Internacional (CFI) están azorados por la polvareda que ha levantado la sospecha de que el establecimiento de dos plantas de celulosa, en la margen oriental del Río Uruguay, podría tener un impacto ambiental negativo del lado argentino, sea por la contaminación del río o por los efectos sobre Gualeguaychú, en Entre Ríos.

Esos técnicos, acostumbrados al bajo perfil, sólo comprenden la dimensión que tomó el conflicto cuando se lo vincula con la campaña electoral que se desarrolla en la Argentina. Tal vez estén en lo cierto y las relaciones con el gobierno de Tabaré Vázquez mejoren después del 23 de octubre.

Hoy por hoy, están al borde del conflicto diplomático. Y Rafael Bielsa, contra lo que suelen hacer los cancilleres, anuncia un final negro para el diferendo. «Estamos haciendo todo lo que necesitamos para la defensa de los intereses de nuestro país, en coordinación con el gobierno de la provincia de Entre Ríos, y no tengo buen pronóstico», dijo el ministro.

• Protagonismo

Bielsa es un actor principal en la polémica. Si bien delegó la discusión técnica en el embajador Raúl Estrada Oyuela, encargado de Asuntos Ambientales Internacionales de la Cancillería, el canciller advirtió rápidamente las posibilidades proselitistas que ofrece una acción destinada a proteger a la población de la contaminación papelera. La condición de canciller-candidato hará que siempre se sospeche de todo lo que haga Bielsa hasta octubre. Pero también la falta de interés manifestada por el gobierno anteriormente, respecto del establecimiento de esas plantas de procesamiento de celulosa, hace presumir que -con independencia de las razones legítimas de preocupación- el problema se ha convertido en insumo de la campaña electoral.

El 5 de mayo pasado, Kirchner manifestó ante Vázquez la inquietud por la eventual contaminaciónque podrían acarrear las dos fábricas de papel. Una pertenece a la española Ence y la otra a la finlandesa Botnia. En total,
se trata de una inversión de 1.800 millones de dólares, la más grande de la historia uruguaya. Jorge Busti, gobernador de Entre Ríos y jefe de campaña del PJ en el proceso electoral en curso, también agitó el tema en Gualeguaychú, donde es motivo de una pasable movilización popular. Busti le planteó el problema de las plantas de celulosa al secretario general del gobierno uruguayo, Gonzalo Fernández, en marzo de este año, cuando recién había asumido el gobierno del Frente Amplio. Conscientes de estas preocupaciones, los funcionarios de la CFI le dirigieron una carta a Roberto Lavagna -con quien tratan habitualmentepara requerirle información sobre el problema. Lavagna nunca contestó. Pero lo más insólito es que quien lo hizo fue José Octavio Bordón, el embajador ante los Estados Unidos, quien pidió abiertamente que se le suspenda el financiamiento a Uruguay.

• Incógnita

Más allá de que la sede del Banco Mundial está en Washington, ¿qué tiene que ver Bordón con esa organización? Nadie despejó hasta ahora esta incógnita. La carta del comedido Bordón reclamaba que se convocara a una comisión binacional de expertos que estudie el problema de una eventual polución derivada de las dos plantas. Recuerda que el pronunciamiento de ese comité,cuya creación se imaginó después de la reunión entre Kirchner y Vázquez, debería producirse a los 180 días de la primera reunión. Es decir, después de octubre. El comité no se reunió. En la Corporación Financiera Internacional están estudiando si el acuerdo entre la Argentina y Uruguay sobre la administración del Río Uruguay, de 1975, obliga a las partes a alguna forma de consulta en casos como el de estas inversiones. Mientras tanto, para calmar al gobierno argentino, la CFI advirtió que no hará desembolso alguno hasta que no se le presente un estudio de impacto ambiental.

No necesariamente sería el del mencionado comité de expertos argentinos y uruguayos. Más bien tomará en cuenta un informe técnico que presenten las empresas que reclaman la financiación, en conjunto con el Estado uruguayo. A primera vista, lo más probable es que la inversión se termine realizando. Tal vez antes de octubre, ya que ese informe técnico demanda apenas 2 meses para su realización. Tanto el embajador
Estrada Oyuela como el encargado de relaciones con el Banco Mundial del Ministerio de Economía, Oscar Tangelson, recibieron esta explicación de Dimitris Tsitsiragos, el funcionario responsable en la CFI. En ese caso el gobierno argentino estará ante un par de decisiones difíciles. Por un lado, deberá decidir hasta dónde llega en su embestida contra el amigo uruguayo. Por otro, tendrá que fijar un criterio para su trato con la CFI (sin ir más lejos, ayer esa corporación destinó 200 millones de dólares a un emprendimiento argentino de la petrolera Panamerican Energy).

Para esa altura, tal vez deban escucharse otras voces. Por ejemplo, antes de que el insólito Bordón hiciera saber su opinión sobre un emprendimiento financiado por el Banco Mundial en Uruguay sería interesante que se conociera la posición de
Alieto Guadagni, representante de la Argentina en el directorio de esa entidad. O la de Hernán Patiño Mayer, embajador argentino en Montevideo, quien el martes recibió de parte del gobierno uruguayo una nota de queja formal por la gestión realizada por el gobierno argentino, a través de Bordón, para impedir una inversión en Fray Bentos.

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