El director General Administrativo de la Legislatura porteña y otros dos funcionarios de la misma área fueron apartados de sus funciones por presuntas contrataciones con sobreprecios de hasta 200 por ciento y supuestos pedidos de coima, todo lo cual generó dos denuncias policiales. El vicepresidente de la Legislatura porteña, el radical Jorge Enríquez, a cargo del funcionamiento administrativo del cuerpo, confirmó a la agencia «Télam» que «separé de los cargos a tres funcionarios de la Dirección de Compras -porque, dijo-pueden ocurrir actos de corrupción, pero durante mi gestión no va haber tolerancia».
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Los funcionarios involucrados pertenecían al sector de la UCeDé que se sumó en la Capital Federal al Partido Acción por la República. Entre los hechos que llevaron a esta situación, fuentes de la Legislatura mencionaron «la denuncia particular de un directivo de Eudeba, quien documentó que dos particulares, en representación de los agentes involucrados, presuntamente pidieron un 'retorno' por la compra de un software».
El otro caso afectó a «dos motoqueros» que denunciaron a las autoridades un presunto «pedido de coima de 15 por ciento de un contrato para servicios de mensajería» por parte de los agentes denunciados, ante lo cual cinco directores legislativos denunciaron el hecho en la Comisaría 2ª. Los funcionarios involucrados, designados en la gestión anterior, son el director general, Hugo Verdier, junto a Felipe Crespo y Omar Vázquez, todos pertenecientes al sector de la UCeDé que se sumó al Partido Acción por la República de la Capital Federal, que encabeza José Luis Fernández Valoni e integra el bloque legislativo de Encuentro por la Ciudad.
Reemplazo
Las irregularidades fueron detectadas hace unos quince días, pero los imputados, según las mismas fuentes, se negaron a renunciar y alegaron que se trataba de «persecución política». A partir de entonces, Enríquez decidió «anular la designación de Verdier y a los restantes, rescindirles los contratos y reemplazarlos por personal de mi confianza».
El tiempo transcurrido sirvió para que la sanción administrativa contara con el «guiño» de Armando Caro Figueroa, presidente de Acción por la República, quien además, según las fuentes, adelantó que «serán revisados todos los contratos» de esa fuerza política en la Ciudad.
Según trascendió, Verdier, Crespo y Vázquez el 29 de diciembre, tras conocer las imputaciones por presuntas irregularidades en sus funciones, intentaron retirar documentación de las oficinas de Compras, propósito que les fue impedido por personal de vigilancia de la Legislatura.
Luego, un equipo de empleados fue destinado a realizar un pormenorizado arqueo de los comprobantes archivados en las dependencias a cargo del director Verdier, tarea que se prolongó hasta la madrugada del 30 de diciembre último.
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