Con disidencias, Congreso vota ir a La Haya por papeleras

Elisa Carrió

Congreso volverá a sesionar en pleno esta semana -ambas cámaras- para sancionar los dos temas que el gobierno tiene en espera para este fin de verano: la reforma al Consejo de la Magistratura y la declaración de apoyo al envío de la causa por las plantas de celulosa en Uruguay a la Corte Internacional de La Haya.

Si lo que el gobierno quiere es una declaración formal del Congreso para demostrar el apoyo legislativo a esa decisión de política exterior, sin duda la tendrá. Pero no será por unanimidad; incluso dentro de muchos bloques de la oposición que acompañarán la iniciativa sigue el debate sobre la forma en que el gobierno manejó la crisis desde su inicio.

Técnicamente, entonces, el oficialismo obtendrá el próximo miércoles en el Senado y ese mismo día o el jueves en Diputados dos proyectos de declaración -uno en cada cámaradonde se establece textualmente: «Su apoyo para que, en caso de resultar necesario, el Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, someta ante la Corte Internacional de Justicia el diferendo originado con la República Oriental del Uruguay, relacionado con la construcción sobre la margen izquierda del río Uruguay, frente a la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, de dos plantas destinadas a la elaboración de pasta de celulosa y las instalaciones relacionadas». Ese es el texto que, con la firma de Agustín Rossi -jefe del bloque Frente para la Victoria-, el oficialismo presentó en Diputados y, palabras más o menos, se repite en otro que Miguel Pichetto hará avanzar en el Senado.

Esa declaración no tiene el más mínimo valor legal ya que una intervención del Congreso no es requisito del procedimiento para elevar una causa a la Corte de La Haya, sino que en este caso opera como mero apoyo político a una decisión que sólo puede tomar el gobierno.

Pero mientras a Néstor Kirchner le gusta legislar por decretos de necesidad y urgencia en cuestiones que hasta bordean la inconstitucionalidad, en decisiones de este tipo prefiere no avanzar solo y que diputados y senadores tomen también el riesgo político.

Por eso el paso del canciller, Jorge Taiana, por las comisionesde Relaciones Exteriores de ambas cámaras se transformó en el foro de discusión sobre papeleras más movido, después de las reuniones de asambleístas en Gualeguaychú.

• Medida cautelar

En uno de esos encuentros, Taiana habló por primera vez de la posibilidad de un pedido de la Argentina a La Haya para que se hiciera lugar a una medida cautelar disponiendo la suspensión de la construcción de las plantas.

Algunos de los asambleístas ambientalistas que visitaron el Congreso por esos días se entusiasmaron con que ese pedido fuera incluido en la declaración de las cámaras. Pero no será así, como tampoco se eliminará del proyecto oficial el párrafo «en caso de resultar necesario», para convertirlo casi en una orden al Ejecutivo, algo que también pidieron los entrerrianos y que entusiasmó a algunos kirchneristas. Queda claro que ninguna de esas opciones hubiera sido posible: ni el Congreso puede ordenar algo al Ejecutivo en este tema y, como explicó el propio Taiana, una medida cautelar se podría pedir sólo cuando la causa sea elevada, lo que ni siquiera esta aún firme.

Cuando esos debates comenzaron, el radicalismo se había mantenido en una posición crítica a lo actuado hasta ahora por el gobierno, junto con el ARI y buena parte de los partidos provinciales. Los peronistas federales apoyaron la opción del gobierno a La Haya, aunque sin demasiada euforia.

Pero después de la visita de los delegados de asambleístas, la situación cambió. Quizá por la participación de un radical de Entre Ríos, Sergio Varisco, en los debates, la UCR se dejó llevar por la presión de quienes hoy cortan los puentes y en 48 horas varió de criticar ampliamenteal gobierno y hasta pedir como lo hizo Federico Storani la creación de una comisión bicameral y binacional que negociara con sus pares uruguayos, a un apoyo total a la estrategia de demandar ante La Haya.

El ARI no experimentó el mismo cambio: se abstendrá de votar el proyecto oficial e irá al recinto con una declaración propia. Reclamará la reapertura de las negociaciones.

Elisa Carrió ha dicho: «Hay que entender que Tabaré Vázquez no está en condiciones de dar un paso atrás. A la Haya habría que haber ido dos años atrás».

Mientras tanto, entre los partidos provinciales se mantienen las diferencias: «La inédita decisión argentina de llevar el conflicto por el tema de las papeleras al Tribunal Internacional de la Haya, no hace más que agudizar las tensiones con el vecino país, obviando 200 años de historia en común», dijo el renovador salteño Andrés Zottos. «Llama la atención la escalada de un conflicto 'ambiental', según los dichos del presidente de la Nación, en la que se ponen en tela de juicio las relaciones bilaterales no sólo con un país hermano, sino también con un país integrante del Mercosur».

Quedó claro que el gobierno, entonces, tendrá esta semana su apoyo para concurrir al tribunal internacional, pero lejos estará de haber sumado el consenso del Congreso y de darle el brillo final de una causa nacional.