31 de agosto 2001 - 00:00

Convierten a hospital en un botín de guerra

Buenos Aires - No obstante la aparente unidad de acción que exhiben el concejal-piquetero Luis D'Elía y el burócrata de ATE Víctor De Gennaro, ambos se disputan el portón de ingreso al Hospital Posadas, al que tienen prácticamente sitiado. Ubicado equidistante de las localidades del Gran Buenos Aires de El Palomar, Ciudadela, Ramos Mejía y Haedo, el Posadas es el único hospital nacional que queda, dependiente de esa jurisdicción y está ocupado por los revoltosos.

Depende del Ministerio de Salud -a cargo de Héctor Lombardo-, y está intervenido. El interventor, el médico sanitarista Ignacio Katz, está entrampado en esta disputa entre D'Elía y De Gennaro, a los que se han sumado los médicos del hospital, afectados en los sumarios que se instruyen por graves irregularidades detectadas por la SIGEN en varios sectores, como el de rayos y el laboratorio. Sostienen todos estos partiquinos, que mantienen ocupado el hospital con esa excusa, que rechazan el recorte de 13 por ciento en los salarios que ha dispuesto el gobierno de Fernando de la Rúa después de la aprobación de la Ley de Déficit Cero.

Este hospital está a 5 kilómetros de la Capital Federal; sus 56.000 metros cuadrados cubiertos están instalados en 25 hectáreas, adyacentes a la villa Carlos Gardel, en el partido de Morón.

• Playa de estacionamiento

La Nación ha permitido que en sus terrenos se instale una playa de estacionamiento para 1.500 automóviles, además de un depósito judicial de vehículos desguazados o en tránsito por robo u otros siniestros.

En el lugar funcionan, también, una escuela primaria del hospital, una secundaria provincial y una estación de bomberos. En los 56.000 m² se desarrolla el comercio legal, a través de concesiones más o menos difusas, y el informal de desde ropa interior hasta bijouterie. Más otros rubros. Allí trabajan 2.200 personas.

Desde el 8 de agosto, piqueteros, burócratas sindicales, comparsas y profesionales afectados en sus intereses mantienen tomado este nosocomio, y al término de una asamblea dijeron que no dejarían entrar a Katz y sus asesores.

Fue el interventor quien, al advertir el clima de violencia que existía dentro y fuera del hospital, pidió a la Policía no intervenir -no entró y contrariamente a todo lo trascendido, evitó la represión, mediando ante el juez federal (Morón)
Jorge Ernesto Rodríguez-y gestó una reunión conciliatoria, donde el síndico general de la Nación, Rafael Bielsa, actuó de mediador.

En esa reunión del 13 y 14 de agosto se estableció:

1 - El artículo 34 de la Ley 24.156, modificada por la 25.453, estableció que cuando los recursos presupuestarios no alcanzan, se reducirán los salarios de toda la Administración Pública Nacional. Esto también alcanza al Posadas, cuyo personal gana más que el resto de sus pares empleados por la provincia de Buenos Aires. El miércoles, el ministro de Salud bonaerense,
Juan José Mussi, declaró la emergencia para todo el sector salud. No obstante todo esto, la cuestión fue derivada a la Procuración del Tesoro de la Nación para que emita su opinión sobre el rechazo al descuento de 13 por ciento que hace el personal del Posadas.

2 - Para atender 4.500 pacientes diarios, el Posadas recibe por año $ 54 millones, que ahora serán incrementados a $ 60 millones (¿será la administración de estos fondos lo que alimenta las embestidas internas?). Del total de estos fondos, $ 50 millones se van en sueldos y cargas sociales. El informe de la Sindicatura General de la Nación afirma que con el resto se deben pagar gastos de funcionamiento y atención a pacientes (medicamentos, alimentos, luz, gas, teléfonos, agua, seguridad, recolección de residuos, alquiler de equipo médico por obsolescencia del existente y otras yerbas).

Como los hospitales provinciales más cercanos (Instituto de Cirugía de Haedo y el municipal de Morón) están «desfinanciados», el Posadas ha visto incrementarse en 24 por ciento la atención que debe prestar. Esto, mientras adentro se mantiene la anarquía de quienes creen que de esta forma lograrán mantener el statu quo previo a la intervención, preservando sus propios intereses.

• Sumariados

3 - El órgano de control de la SIGEN dispuso sumariar a todos aquellos involucrados en irregularidades. Sin embargo, cuando se dispuso la elevación de esos sumarios, desaparecieron. Los retiró el doctor Miguel Saguier, cointerventor junto a Katz. Esto fue informado por Bielsa (SIGEN) a Lombardo, al mismo tiempo que se le envió al ministro una copia de esas actuaciones.

4 - Cesaron junto con Saguier los 11 asesores designados por éste (contratos que vencieron el 31 de julio). Continúan los 5 asesores de Katz:
Silvia Pérez (administración), Daniel Carreño (jurídico), Obdulio Alvarez (presupuesto y PAMI), Adrián Crucciani (medicina) y Héctor Maggi (mantenimiento y servicios).

5 - Los siguientes son los sindicatos que operan internamente en el Posadas: Aprosan, Asociación de Profesionales, Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Sindicato de Trabajadores de la Salud, Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), y los grupos independientes como los jefes de servicio y el personal de administración. Hasta ahora ninguno se ha puesto de acuerdo en un estatuto común a todos. Por esto ha intervenido la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

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