12 de julio 2004 - 00:00

Corte: diputados votan acusación contra Vázquez el 11 de agosto

Adolfo Vázquez
Adolfo Vázquez
La acusación contra el juez de la Corte Adolfo Vázquezya tiene fecha en Diputados:será el miércoles 11 de agosto, cuando está agendado que se voten los cargos por presunto mal desempeño en las causas Macri, Meller, Magariños y Dragonetti de Román.

El titular de la Comisión de Juicio Político, Ricardo Falú, descuenta que conseguirá con holgura 2/3 de los votos necesarios para aprobar la acusación y girarla a la Cámara alta, donde se dictará sentencia. En esa misma sesión, se acordará pedir la suspensión preventiva mientras siga el proceso en la Cámara alta.

Los radicales, a través de su jefe, Horacio Pernasetti, adelantaron que habrá un masivo respaldo a la embestida, al igual que el ARI. El panorama parece muy favorable a los verdugos, aun cuando puede haber alguna deserción de sectores no kirchneristas del PJ a la hora del pronunciamiento en el plenario.

Tal cual adelantó este diario, de acuerdo con la jurisprudencia que ya sentó la otra ala del Congreso -a raíz de la destitución de Eduardo Moliné O'Connor, el primer representante de la denominada « mayoría automática» menemista en ser expulsado del máximo tribunal, vía juicio político-, Falú y compañía suponen, con bastante lógica, que Vázquez recibirá la tarjeta roja por su performance en el expediente Meller, merced al cual esa empresa de telecomunicaciones exigió al Estado nacional una indemnización millonaria por la confección de guías telefónicas para la ex Entel.

El dictamen de Juicio Político sobre ese cuarteto de carpetas estaba virtualmente en el congelador desde diciembre, cuando se firmó con una abrumadora cantidad de rúbricas, entre ellas las de varios diputados con mandato cumplido, por caso, la arista Elisa Carrió
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• Demora

El despacho, que obtuvo orden del día en marzo, está desde comienzos de la actual temporada parlamentaria en condiciones de bajar al recinto. Sin embargo, quedó demorado a la espera de que se analizaran otros antecedentes que podían complicar a Vázquez. Hubo un intento por sumar otros casos que llegó a mitad de camino. El fallo de la Corte de conjueces, que dictaminó que el proceso anti-Moliné se había hecho de acuerdo con las reglas del debido proceso, dejó firme la votación de la Cámara alta y, en consecuencia, le ahorró a Diputados continuar con la recolección de antecedentes que pudieran darle solidez a la embestida sobre otro de los jueces de la llamada «mayoría automática».

A todo esto, la acusación pendiente desde fines de 2003 contra Vázquez seguía sin tener fecha cierta. En los últimos días, se produjo una serie de hechos que habilitaron este enjuiciamiento.

. El Senado, que venía debatiendo el pliego de
Carmen Argibay, ratificó el miércoles pasado la candidatura en una ajustada votación que logró el oficialismo gracias a fuertes presiones, sobre todo en la bancada del PJ, donde hubo gran resistencia a la postulante de Néstor Kirchner a cubrir el lugar que abandonó el fallecido Guillermo López.

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Los diputados no querían mezclar, aun cuando formara parte del mismo trámite de «renovación de la Corte», destituciones como la de Vázquez con la incorporación de nuevos ministros. La idea era no contaminar el recambio que puso en marcha el santacruceño, a pocos meses de asumir el gobierno. Por lo tanto, la trabajosa promoción de Argibay despejó el camino al cadalso de Vázquez.

. También influyó el calendario.
Si se demoraba el tratamiento del dictamen de juicio político más tiempo en la Cámara baja, Falú y sus amigos corrían el riesgo de sufrir la postergación de la sentencia senatorial hasta el año que viene. Ahora, con la fecha del 11 de agosto, darían los tiempos para que, antes de diciembre, se pueda expedir el Senado sobre el futuro de Vázquez.

. A las razones anteriores, se sumó otra fundamental: los miembros de la comisión acusadora debían aguardar un segundo fallo de la Corte de conjueces que, a diferencia del anterior, convalidara judicialmentela facultad que dispone el Congreso para suspender de manera preventiva a los magistrados sometidos a juicio político, tal cual aconteció con Moliné.

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