Corte rechazó cautelar de Clarín y juez definirá "de inmediato" la cuestión de fondo

La Corte Suprema de Justicia rechazó el pedido del Grupo Clarín que reclamaba una prórroga de la medida cautelar que paraliza la aplicación del artículo 161 sobre la adecuación de licencias que puede tener cada grupo económico, y ordenó al juez de primera instancia, Horacio Alfonso, "el inmediato dictado" de la sentencia definitiva y resuelva la cuestión de fondo.

El máximo tribunal rechazó "in limine", sin tratamiento, el pedido del grupo empresario y exhortó a la Sala Primera de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal para que se expida sobre la cuestión.

De esta forma, se rechazó el pedido de extensión de la cautelar solicitada por Clarín, medida por el cual desde hace tres años no se puede aplicar plenamente la ley de Medios, ya que está suspendido la vigencia el artículo 161, que fija la cantidad de licencias que puede tener cada grupo empresario. De este modo, se mantiene el 7 de diciembre como fecha límite para que todos los grupos mediáticos se ajusten a la normativa.

Con la firma de los ministros Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Petracchi, Maqueda, Argibay y Zaffaroni la Corte resolvió "requerir al juez de primera instancia el inmediato dictado de la sentencia definitiva".

"Con ese objeto, cualquier incidente que planteen las partes o terceros deberá ser interpretado restrictivamente en función de la rápida finalización del proceso; además, el juez de la causa deberá exigir a las partes y terceros el cumplimiento estricto del deber de buena fe procesal, adoptando las medidas necesarias para prevenir conductas obstruccionistas y, en su caso, aplicar las sanciones que correspondiesen", continúa.

Además, la Corte pidió a la Cámara Contencioso Administrativo Federal "con carácter urgente" el sorteo de los jueces subrogantes para integrar la Cámara Civil y Comercial Federal. Ese tribunal no puede funcionar actualmente porque varios de sus jueces fueron recusados. Luego de ese pedido se realizó el sorteo y quedaron elegidos dos magistrados: Marcelo Daniel Duffy y Juan Carlos Morán.

De hecho antes de difundir el fallo, Lorenzetti mantuvo una reunión con el presidente de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Jorge Morán, fuero del que sorteó los dos jueces (el mismo Morán es uno) para que integren junto con otra camarista -en lo Civil y Comercial- el tribunal que debe definir recusaciones sobre jueces que deben intervenir en el pleito.

Entonces, Duffy y Morán integrarán junto con María Susana Najurieta el tribunal para definir recusaciones, una de ellas contra Francisco De las Carreras a quien el Gobierno acusa de pérdida de imparcialidad por asistir a un congreso de comunicación en los Estados Unidos supuestamente financiado por el grupo Clarín.

La decisión de la Corte para que Alonso resuelva cuanto antes la cuestión de fondo y la Cámara la cautelar sobre el artículo 161 de la ley de medios implica "la habilitación de días y horas que fueran menester para el cumplimiento de todos estos actos, incluyendo el dictado de la sentencia".

El 21 de noviembre pasado, cuando el Grupo Clarín realizó la presentación ante la Corte, el ministro de Justicia, Julio Alak, la había calificado como "un intento para conseguir una cautelar eterna".

En su presentación, rechazada este martes por el Máximo Tribunal, el Grupo Clarín, solicitó a la Corte que disponga la extensión de la medida cautelar que vence el 7 de diciembre, día en que entra en plena vigencia la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Según el escrito de 37 carillas presentado por Clarín a la Corte, había una situación de "indefensión" (sic) generada por "las recusaciones, excusaciones y renuncias", que deja al Grupo en esa instancia "por carecer de la posibilidad de que se conforme un tribunal competente que resuelva en tiempo útil la extensión de la medida cautelar que el 7 de diciembre próximo perderá vigencia".

La intención de ampliar la medida cautelar tenía por objeto impedir la aplicación del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que obliga a todos los propietarios de medios a adecuarse a la normativa vigente.