Presupuesto Judicial: radiografía de la realidad

Política

A través de la Acordada 32/2020, la Corte Suprema firmó el pedido de Presupuesto 2021 destinado a financiar la totalidad del funcionamiento del Poder Judicial para el año próximo. El texto aclaró que el "techo presupuestario" que el Ministerio de Economía fijó para contener los pedidos resulta "insuficiente" para cubrir las necesidades de financiamiento.

A través de la Acordada 32/2020, la Corte Suprema firmó el pedido de Presupuesto 2021 destinado a financiar la totalidad del funcionamiento del Poder Judicial para el año próximo. El texto aclaró que el “techo presupuestario” que el Ministerio de Economía fijó para contener los pedidos resulta “insuficiente” para cubrir las necesidades de financiamiento. Para la Corte se solicitaron $19.942 millones, mientras que para la Dajudeco, el pedido fue de $4526 millones, que para este último deben provenir del Tesoro Nacional. En total, $24.468 millones.

Eso alcanza la cobertura de más de 4 mil cargos en el máximo Tribunal y unos 641 en la Dajudeco. Pero el principal paquete de recursos se lo lleva, como administrador del Poder Judicial, el pedido del Consejo de la Magistratura, cuya solicitud de partida para 2021 asciende a $70.955 millones, con el 94% de ese presupuesto asignado al pago de salarios y haberes de toda la justicia a nivel nacional y federal. Los cargos de planta previstos son 24.227.

El desagregado de esa planificación ofrece una sorpresa: para el año próximo, solo el Consejo -órgano de selección y remoción de jueces- tiene previsto incorporar contrataciones de 326 cargos para su propia estructura. No incluye jueces y mucho menos una proyección de fondos para la reforma que se está discutiendo en el Congreso. Si el proyecto del Gobierno alcanza a ser ley, su financiamiento deberá provenir de partidas extra. Pero aún así, el presupuesto elevado con la firma de la Acordada contempla una serie de cargos para tribunales que hoy en día están habilitados pero sin cobertura (960), y de tribunales en proceso de ocupación (658).

La contracara es la cuenta de inversiones en bienes de uso e infraestructura, teniendo en cuenta la crisis edilicia en la que está sumido el Poder Judicial. Es que para el rubro de adquisición de inmuebles se destinarán para el año próximo solo $56 millones. Al valor actual del dólar blue aplicado en el mercado inmobiliario, sería algo así como el equivalente a u$s 430 mil. Para equipamiento informático, también la partida es exigua: $267 millones, mientras que para el pago de licencias de software, unos $130 millones. El “crackeo” será una habilidad requerida. El Consejo de la Magistratura, aclaró que su cálculo, para los casi $71 mil millones, no contempló aumentos paritarios ni en 2020 ni para el año próximo para alcanzar esa cifra. Son unos $6 mil millones más que lo proyectado hasta fin de este año.

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