Cristinismo agita paridad de género judicial ante reforma integral que estudia el Ejecutivo

El proyecto fue firmado por el actual ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y la aún legisladora Vanesa Siley, quien también integra el Consejo de la Magistratura. Recintos esperarán 20 días, salvo que haya acuerdo por deuda. Senado activó receso administrativo y guardias mínimas para enero pese a prórroga de extraordinarias.

Ejecutivo, legislativa y judicial. Eduardo de Pedro presentó un proyecto sobre paridad de género judicial antes de convertirse en ministro del Interior. Vanesa Siley es diputada e integrante del Consejo de la Magistratura.

En medio de idas y vueltas en el Ejecutivo y de operaciones para empujar una reforma judicial integral en pleno período de sesiones extraordinarias, el cristinismo reflotó en las últimas horas un proyecto del ahora ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y de la aún legisladora y flamante integrante del Consejo de la Magistratura, Vanesa Siley, para establecer la “paridad de género en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público de la Nación, en todos los cargos que integran el escalafón”.

La iniciativa fue presentada en noviembre pasado, es decir, con la victoria presidencial consumada de Alberto Fernández sobre Mauricio Macri. En su articulado, el texto deja claro que la “designación de magistrados y magistradas, funcionarios y funcionarias, empleados y empleadas y del personal de maestranza y oficios del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación debe realizarse respetando el principio de paridad de género” para el personal permanente, interino, transitorio o por contrato con relación de dependencia en planta transitoria.

Por ese motivo, el proyecto señala que “en los concursos públicos que realizan el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, al menos el treinta por ciento (30%) de postulantes inscriptas deben ser mujeres”, y agrega: “De no alcanzarse el mínimo, podrá realizarse una segunda o tercer convocatoria y/u otras medidas tendientes a garantizar el cupo mínimo de inscripción pretendido”. Además, los jurados deberán “conformarse garantizando el principio de paridad de género”.

En tanto, el Ejecutivo tendrá que “tener en cuenta al momento del envío del pliego al Honorable Senado de la Nación, la composición actualizada por género del fuero y jurisdicción del cargo vacante a cubrir y debe propender a lograr el equilibrio en la participación de mujeres y varones, hasta lograr que el 50% de las vacantes sean cubiertas por mujeres”. Si se tratase de un concurso destinado a cubrir más de un cargo vacante, “al menos el 50% de los cargos deben cubrirse con postulantes mujeres”. Y “si el análisis de la composición de magistrados/as por género del fuero y jurisdicción de la vacante a cubrir, arrojara un porcentaje de mujeres menor al 30%, la convocatoria al concurso podrá estar destinada exclusivamente a mujeres”.

La iniciativa firmada por De Pedro y Siley fue acompañada también por los entonces diputados Roberto Salvarezza, actual ministro de Ciencia y Tecnología; y Luana Volnovich, a cargo hoy del monstruoso PAMI. En sus fundamentos se detalló: “En el año 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación creó la Oficina de la Mujer (OM) con el objetivo de impulsar, en la esfera del Poder Judicial, un proceso de incorporación de la perspectiva de género en la planificación institucional y en los procesos internos, a fin de alcanzar la equidad de género, tanto para quienes utilizan el sistema de Justicia como para quienes trabajan en él. En virtud de ello, en 2010 se elaboró un Mapa de Género de la Justicia Argentina, una herramienta que se actualiza año a año y permite observar la distribución por género de los cargos del Sistema de Justicia de la República Argentina”.

Mientras el cristinismo agita su proyecto, el Ejecutivo desliza a través de operadores las intenciones de apurar una reforma judicial integral. Esas propuestas no llegan aún a oídos de las principales espadas y dirigentes oficialistas en Diputados y Senado. En las últimas 72 horas, todos coincidieron en cerrar los recintos hasta la segunda quincena de enero -sólo un acuerdo acelerado por deuda podría abrirlos- y dejar proyectos como el de la reforma judicial para el período de sesiones ordinarias. Es decir, a partir del primero de marzo próximo.

En medio de las engorrosas volteretas del Gobierno -que marean a sus propios legisladores-, y en pleno período de sesiones extraordinarias, el Senado activó un receso administrativo enter el 2 y el 31 de enero próximo. Quedarán excluidas “las dependencias cuya actividad resulte indispensable para garantizar el normal funcionamiento” de la Cámara alta “durante la prórroga de sesiones extraordinarias”. En la resolución de la más que poderosa secretaria administrativa, la camporista María Luz Alonso, se aclaró que “es necesario reducir gastos innecesarios”.