Cumbre rioplatense: ¿guerra de papeleras va a La Haya?

Rafael Bielsa y el canciller Reinaldo Gargano en Montevideo durante el acto de asunción del mando de Tabaré Vázquez. El encuentro de esta semana entre ambos no será tan festivo: deben dirimir el conflicto por las plantas de celulosa.

La reunión de cancilleres del Grupo de Rio (ver nota aparte), el próximo jueves, en Pilar, corre el riesgo de pasar inadvertida frente a la «bilateral» que mantendrán Rafael Bielsa y su colega uruguayo, Reinaldo Gargano. Los dos ministros se reunirán por separado para analizar una salida al conflicto ecológico que envuelve a sus gobiernos en estos días.

Se trata de una polémica originada en la Argentina por la construcción de dos plantas de fabricación de papel que han comenzado a construirse en la confluencia del río Negro con el río Uruguay, frente a Gualeguaychú. ¿Qué podría suceder al cabo de esa entrevista? En el mejor de los casos, según supuso anoche ante este diario un funcionario argentino de primer nivel, el compromiso del gobierno de Tabaré Vázquez de constituir una comisión técnica conjunta que dictamine el nivel de contaminación que pueden producir esas dos plantas. Hay que advertir que, aun con ese compromiso, nadie cree en el gobierno argentino que Uruguay detendrá el emprendimiento por motivos ambientales.

El conflicto subió de tono durante los últimos 15 días. La Cancillería argentina le reprocha a la uruguaya haber suspendido dos reuniones bilaterales para iniciar un estudio técnico. Es posible que el ministro Gargano se justifique delante de Bielsa diciendo que eso sucedió por las cartas enviadas por diplomáticos argentinos a distintos organismos financieros a fin de bloquear desembolsos para el proyecto en cuestión.

En efecto, no sólo el embajador ante los Estados Unidos se dirigió a la Corporación Financiera Internacional (CFI) para pedir que interrumpa la financiación de la obra. También Carlos Bettini, el embajador en España, remitió a la casa matriz del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) una solicitud del mismo tenor a pedido de la Cancillería; Santos Goñi, el embajador en Holanda, hizo la misma gestión ante un holding financiero de ese país. Gargano dirá, como ya lo hizo en público, que esas conductas obstructivas «no fueron correctas». Insistirá, tal vez, con que las plantas papeleras contarán con un estudio de impacto ambiental ya que la CFI no financia sino obras que cuentan con una aprobación técnica en esa materia. Pero Bielsa le recordará que la última vez que se reunieron, Vázquez le prometió a Néstor Kirchner, delante del entrerriano Jorge Busti y del embajadordel Uruguay Francisco Bustillo, la realización de un estudio conjunto.

Los diplomáticos argentinos suponen que, ante este último argumento, Gargano deberá permitir que se forme ese comité mixto, compuesto por profesores de la Universidad de la República del Uruguay y de la Universidad de Paraná. Pero eso no removería el escepticismo argentino: «Seguirán con la construcción igual y nosotros tendremos que ir a La Haya». Este desenlace es casi inevitable para el gobierno de Kirchner: sus funcionarios creen que se terminará planteando el caso ante la Corte Penal Internacional, lo que supone un trámite muy largo.

Bielsa se viene afilando para la discusión con Gargano casi más que para un debate con Mauricio Macri o Elisa Carrió. Dicen que ha estudiado todos los informes que le llegan desde la oficina del ambientalista Raúl Estrada Oyuela, una autoridad internacional en materia de ecología, encargado de esta materia en el Palacio San Martín. Según ese dictamen, existen dos tipos de procesos en la fabricación de papel: el denominado «libre de cloro elemental», que está autorizado en Europa solamente hasta 2007, y el llamado «libre totalmente de cloro», que los europeos autorizan. Las dos plantas que se construyen en Uruguay son del primer tipo y, según los expertos que asesoran al canciller, facilitan una reacción química con el dióxido de cloro que produce lluvia ácida y libera un pésimo olor. Los uruguayos aducenque estos efectos no van a verificarse por el nivel de caudal hídrico del Uruguay a la altura de Fray Bentos. Responden los argentinos: «¿Por qué no llevan las plantas 70 kilómetros más abajo, donde el caudal es todavía mayor?».

Hay un argumento que difícilmente pueda faltar de la conversación entre Bielsa y Gargano: el de los 50.000 quejosos, entre argentinos y uruguayos, que se movilizaron para protestar. En especial en Gualeguaychú.

El tema es especialmente sensible en términos electorales en Entre Ríos, donde el vicegobernador Pedro Guastavino, vecino de esa ciudad, prometía ayer iniciar una demanda contra el Estado uruguayo. Mientras tanto, las organizaciones que promueven la movilización tratan de sustraerse de la instrumentación proselitista. Pero sus voceros adelantan que, si no se llega a un acuerdo satisfactorio para los vecinos, el verano encontrará a los manifestantes tomando medidas de acción directa, como la interrupción de los puentes que unen Uruguay con la Argentina. Pésimo augurio para la temporada turística.

Ajeno a estas amenazas, el propio Tabaré Vázquez se refirió al problema y anunció lo que todo el mundo da por descontado: las obras seguirán adelante, y las plantas se van a hacer. Oportuna declaración del presidente del Frente Amplio, cuyo gobierno negó ayer personería al fiscal montevideano Enrique Viana, quien reclamó formalmente a las autoridades ambientales uruguayas información sobre el expediente.

Viana, conocido como «el fiscal verde» por su pasión por los problemas de contaminación, alentó a las corrientes ecologistas del Uruguay, que comienzan a enfrentarse al gobierno de centroizquierda en esta polémica. Un desafío más para Vázquez, quien ya debió hacer frente a las impugnaciones de su propia ala izquierda con motivo de una disidencia más importante: la que levantó a la mayoría del Frente Amplio en contra del tratado de protección de inversiones entre Uruguay y Estados Unidos suscripto por el gobierno colorado de Jorge Batlle, pero defendido ahora por el ministro de Economía, Danilo Astori.