De la Rúa firma hoy decreto de obras sociales. CGT, a la guerra

«Si ustedes vienen por nosotros, nosotros iremos por el gobierno.» Esa fue la última frase que escucharon de los enardecidos sindicalistas los tres funcionarios que ayer por la tarde discutieron con la CGT oficial la desregulación de las obras sociales. Héctor Lombardo (Salud), Patricia Bullrich (Trabajo) y Rubén Cano (Superintendencia del Seguro de Salud) mantuvieron una reunión muy tensa ayer por la tarde con la conducción de la central obrera que encabeza Rodolfo Daer (el «Vikingo» Chrystian Colombo mantuvo un contacto informal que no sirvió para modificar la posición oficial sobre la cuestión).

El motivo del encuentro era obvio: la desregulación cuyo decreto se firmará casi seguramente hoy, al cabo de la reunión del gabinete nacional. Los gremialistas reprocharon a los funcionarios que la liberación del sistema, por el cual cada afiliado podrá decidir si su aporte va a una obra social o a una empresa prepaga de salud, sea total. Ellos pretendieron hasta último momento que se desregule el sistema por franjas: en otras palabras, que se otorgue libertad de opción a los beneficiarios de altos ingresos, agrupados en obras sociales de dirección, y no a los que están inscriptos en sus tradicionales «cajas sindicales».

Pero la decisión ya estaba tomada, como informó ayer este diario: hoy De la Rúa firmará el decreto que desregula totalmente el sistema y abre las obras sociales sindicales a la competencia de las privadas. En vano los gremialistas le dijeron a Lombardo que pedirían una audiencia con el Presidente, «que nos prometió defender el sistema solidario». Como si esperaran una última oportunidad, postergaron las reuniones con Hugo Moyano para hoy a las 9.30. A esa hora Pedro Goyeneche, Luis Barrionuevo y Oscar Lescano se encontrarán con el camionero Moyano, el taxista Omar Viviani y el cervecero Saúl Ubaldini para planificar un ataque conjunto a la medida del gobierno. Piensan en una huelga con movilización a la Plaza de Mayo para la primera quincena de diciembre. Al mismo tiempo, organizaron para hoy y mañana un seminario sobre el sistema de salud en el que participarán funcionarios del gobierno (el titular del PAMI, Federico Polak, y el superintendente de Salud, Cano), como si no se estuviera en pleno combate. En el encuentro de ayer, Bull-rich y Lombardo intentaron aplacar a los irritados gremialistas con algunas promesas: «Les vamos a reconocer una deuda de 250 millones de pesos», aseguraron. Con ese dinero los funcionarios creen que ayudarían a algunas obras sociales en dificultades (mencionan a la de bancarios, por ejemplo) a enfrentar la desregulación sin sucumbir. Sin embargo, la ministra le puso el tono a la relación actual con el sindicalismo cuando declaró: «Los gremialistas han sido favoritistas en el manejo de las obras sociales, lo que permitió a algunos de ellos un manejo de dine-ro que no es acorde con sus sueldos».

Sin entusiasmo

Si los sindicatos se sienten agredidos en su corazón, las empresas de medicina prepaga no están tampoco entusiasmadas con las reglas de juego establecidas por el gobierno para abrir el sistema. En principio, les pare-cen insuficientes los $ 20 per cápita garantizados por el gobierno como aporte. Sobre todo porque el Programa Médico Obligatorio es muy ambicioso. Además, le reprochan al gobierno no establecer reglas claras sobre cómo se atenderá la morosidad en el pago de esos aportes.

Las empresas privadas también se quejan de que el gobierno no haya establecido qué tipo de prestaciones deben ofrecerse: si habrá un plan único para todos los afiliados o si se diversificarán en planes más sofisticados. Y, en tal caso, cómo se mantendrá el «principio de solidaridad» ya que los programas más costosos deberán abonarse con un pago mayor.

Ante estas deficiencias, la desregulación del gobierno corre el riesgo de volverse irreal, ya que muchas empresas privadas tal vez no se inscriban en el proyecto. Claro que, aun cuando suceda eso, el paso que dará el gobierno será importantísimo si hoy De la Rúa termina firmando un decreto con el que Carlos Menem amenazó a los gremios pero nunca se atrevió a suscribir en sus 10 años de mandato. El sindicalismo ha tenido un injustificado monopolio sobre el sistema de salud desde que el gobierno militar de Juan Carlos Onganía le otorgó el manejo de las obras sociales a cambio de la mansedumbre ante los regímenes de facto. La medida que se dispone a llevar adelante la administración actual es audaz desde esta perspectiva. Una vez tomada, seguramente se iniciará otra discusión acerca de los costos que la atención de la salud tiene en la Argentina. En otras palabras, si es razonable que empresarios y empleados paguen una cápita mínima de $ 20 por persona ($ 80 por familia tipo) o si ese monto sigue siendo insuficiente para una atención adecuada.