Decretos: oposición va a la Corte
Cristina Kirchner impulsó personalmente en el Senado con un proyecto propio la reglamentación del control de los decretos de necesidad y urgencia que firma el Presidente. Fue un trámite áspero con duros cruces con la oposición que, sumados al debate de los «superpoderes», expusieron en demasía a Cristina. La senadora fue la cara de ese proyecto que no garantiza el tratamiento inmediato de los DNU en el Congreso ni los deroga ante su silencio. Más bien, eterniza la vigencia de esos decretos sin peligros para Néstor Kirchner. Quizá por eso, desde ese momento no se volvió a hablar del segundo paso en ese proceso: constituir la comisión, que tendrá, por otra parte, una abrumadora mayoría oficialista. Desde la semana pasada se negocia su integración, pero la oposición ya amenaza con recurrir a la Corte Suprema si no comienza a funcionar.
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En Diputados la situación es más complicada. De los ocho a repartir el Frente para la Victoria se llevará 4 miembros y uno más para un aliado, que con seguridad será José María Díaz Bancalari del Peronismo Federal.
El problema es cómo se reparte el resto. Siguiendo la regla de la proporcionalidad, el radicalismo debería llevarse al menos dos integrantes y el último iría al interbloque Propuesta Federal, donde reviste el PRO de Mauricio Macri.
Pero si la UCR entra en un proceso de disgregación a nivel nacional como producto de la «concertación» lanzada por Néstor Kirchner, esa realidad podría reflejarse en el bloque radical con la pérdida de una docena de diputados. En ese caso, la UCR debería tener que disputar esos lugares con el PRO e inclusive con el kirchnerista Peronismo Federal.
El radicalismo y el PRO fueron los dos partidos que hasta ahora más han protestado por la falta de integración de la Bicameral de decretos a un mes y medio de haberse votado. En el Senado, Ernesto Sanz, jefe de la bancada UCR, le envió hace 15 días una carta de protesta a Daniel Scioli, poco antes que comenzaran las negociaciones para poner ese cuerpo en funcionamiento.
En Diputados, Federico Pinedo también le envió una nota a Alberto Balestrini y hasta notificó el nombre del candidato para ocupar ese puesto en representación del Interbloque a Pablo Tonelli.
El debate de la reglamentaciónde los DNU, pendiente desde la reforma constitucional de 1994, comenzó cuando en la Comisión de Asuntos Constitucionales Cristina Kirchner medió entre los proyectos del radical Ernesto Sanz y el del oficialista Miguel Pichetto -que resumían una veintena de iniciativas presentadas-, presentando sorpresivamente un borrador de dictamen propio.
Cristina propuso entonces que no se reconociera la posibilidad de habilitar la sanción ficta para ratificar DNU , pero introdujo una fórmula por la que no se fijó un plazo conminatorio por lo que los decretos quedarán en vigencia indefinida hasta que el Parlamento disponga lo contrario.
El radicalismo, como siempre pretendió la oposición, exigía que se fijara un plazo de 60 días y si en ese lapso el Congreso no se expresaba el decreto automáticamente perdería vigencia.
El texto de Cristina Kirchner recibió inclusive en principio el apoyo parcial del radicalismo, una posición que luego se revirtió, y terminó siendo aprobado por ambas cámaras, no sin costo para el oficialismo y la propia primera dama.
Casi en simultáneo con la votación del control a los Decretos de Necesidad y Urgencia, Cristina protagonizó también la defensa de la modificación al artículo 37 de la Ley de Administración Financiera y los Organos de Control del Estado, más conocida como «los superpoderes». Fue demasiada la exposición de la senadora en dos termas urticantes y después de esas sesiones pasó a un discreto segundo plano, casi sin excepciones. Eso explica, en parte, que la puesta en marcha de la Bicameral haya quedado dormida.
Pero la demora actual puede complicar al gobierno: con la Bicameral ya sancionada, la oposición comunicó el fin de semana que recurrirá a la Corte Suprema para forzar su funcionamiento si el oficialismo no acepta conformarla ya.




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