El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, advirtió que la derogación de la ley antiterrorista "dejaría expuesto a nuestro país a sanciones en el orden internacional", por el no cumplimiento de convenciones internacionales asumidas oportunamente.
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"Argentina no puede estar ajena al orden jurídico internacional en un tema tan sensible como el terrorismo; máxime luego de los trágicos atentados perpetrados por el terrorismo internacional contra la Embajada de Israel y la AMIA, que causaron centenares de muertos y heridos. Por todo ello, el país debía receptar especialmente esas convenciones", sostuvo Alak en declaraciones radiales.
Alak recordó que "el Poder Ejecutivo no aplica la ley penal", sino que "solamente hace las denuncias", y sostuvo que la aplicación de la norma "es una facultad exclusiva de los jueces".
El funcionario destacó que "en reiteradas oportunidades organismos especializados en política criminal de Naciones Unidas advirtieron la necesidad de perseguir y sancionar el flujo de capitales que financian las actividades terroristas en el mundo, motivo por el cual el Congreso sancionó normas que le otorgan al país los máximos estándares internacionales en la materia".
Asimismo, subrayó que el país se encontraba "obligado" a incorporar al derecho penal interno los compromisos asumidos cuando firmó las Convenciones Interamericana contra el Terrorismo, mediante la ley 26.023, y tras la suscripción del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, a través de ley 26.024.
En esa línea, Alak recalcó que Argentina ingresó al GAFI como miembro pleno en 2000 y que tras una advertencia del organismo por "déficits en la normativa", se incluyó al país en el listado de seguimiento intensivo con posibilidad de recibir "severas sanciones". Sin embargo, con las modificaciones a las leyes, en julio pasado se recibieron "felicitaciones" y salió de la nómina.
"La derogación de estas normas sería fuertemente condenada por los países que luchan contra el financiamiento del terrorismo internacional y por el GAFI en especial, que consideraría esa medida un retroceso incomprensible e inaceptable", remarcó el funcionario.
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