La discusión sobre a quién le corresponde ingresar como senador por la minoría en la Capital Federal (ver nota en Contratapa) derivó ayer en una serie de opiniones encontrabas en la Justicia: mientras la jueza electoral María Servini de Cubría ya prejuzgó al dictaminar en el recurso a favor de la integración de la lista de Juan Carlos Dante Gullo, apoyando a Alfredo Bravo, en la Cámara Nacional Electoral y en la Corte se recogieron otras opiniones, en ese caso, en favor de Gustavo Béliz. Tampoco el fallo de Servini de Cubría es determinante porque si existe un planteo judicial, en este caso del candidato del Frente Nuevo País, le corresponderá dar el primer dictamen a la Junta Electoral Nacional que integran -además de la jueza- los presidentes de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Jorge Demarco, y su par de la Cámara Civil, Juan Carlos Dupuy.
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Pero éste será el primer escalón. Cualquier decisión del triunvirato electoral porteño será apelada por uno u otro bando a la Cámara Electoral Nacional. En este tribunal integrado por Héctor Munné, Alberto Dallavía y Santiago Corcuera -dos radicales y un peronista, según la capciosa interpretación de los mentideros políticos- no sólo se discutirá el artículo 54 de la Constitución reformada que privilegia los votos obtenidos por cada partido y no por los candidatos -primer punto de ventaja para Béliz- sino que los contrapondrá con lo que establece el artículo 5 que se refiere a la representación popular, al 38 que insiste sobre la preponderancia de los partidos por encima de los candidatos y al Código Electoral que mantiene un criterio opuesto. Toda esa jurisprudencia cruzada deberá analizarse a la luz del planteo concreto. No se puede hablar en abstracto», sintetizaron los expertos.
Pero, además, queda la instancia final de la Corte, que registra posiciones variadas en los últimos años. Su último pronunciamiento sobre el ex general Antonio Domingo Bussi puso en duda una «verdad revelada», hasta ahora: la potestad de cada una de las cámaras del Congreso para otorgarle validez a los títulos de cada uno de sus miembros. Si bien para algunos ministros de la Corte se trató de una decisión sin precedentes al introducirse en asuntos no judiciables, otros sostienen que lo único que se hizo fue enviar el planteo de Bussi, que fue rechazado por la Cámara de Diputados después de haber sido electo por Tucumán, a Servini de Cubría para que abra el juicio, ya que primero lo había rechazado «in limine» (sin abrir el caso). Ese fallo de Servini fue confirmado por la Cámara Nacional Electoral aunque sin la integración actual. Por lo pronto, ante los primeros sondeos, con la cautela del caso, algunas voces de la Corte se inclinaban por darle una razón teórica a Béliz.
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