Diputados vs. senadores, nueva pelea que demora plan anticrimen

Política

Diputados y senadores siguen a los tirones. El paquete de leyes contra la inseguridad y la irrupción de Juan Carlos Blumberg reavivaron la tradicional interna entre ambas cámaras que todavía no cesa.

Ni siquiera la presencia de Gustavo Béliz desactivó la cinchada. Por el contrario, sus visitas desnudaron otro matiz: la Cámara alta mostró una mejor predisposición hacia el ministro de Justicia, en contraposición con los generalizados cuestionamientos que recibió en Diputados. Asimismo, estalló la polémica por la disminución a 14 años la edad de imputabilidad que los senadores parecen muy proclives a sancionar, a contrario sensu de los diputados que, en su mayoría, están por la negativa.

Ahora, al intercambio de reproches mutuos, se sumó la puja por ver quién pone en marcha la comisión bicameral que, desde esta semana, debía discutir una reforma integral del Código Penal, tal cual adelantó este diario.

En el Senado, el radical
Jorge Agúndez propuso, al menos, comenzar con una cita informal de las comisiones de Legislación Penal de las 2 alas para evitar que se votaran proyectos contradictorios y se ingresara en un belicoso crescendo por ver quién cumplía con mayor celeridad al petitorio que presentó el padre de Axel Blumberg. Lo hizo hace 10 días.

• Firma

La propuesta surtió el efecto contrario. Esta semana, los diputados firmaron -entre ellos, la duhaldista María del Carmen Falbo-una iniciativa similar porque ellos también quieren una bicameral. Pero la de ellos, y no la de Agúndez, aunque sea la misma. Así las cosas, no se pone en marcha la bicameral.

Por si fuera poco, las pullas se trasladaron hasta el recinto, donde el kirchnerista
Osvaldo Nemirovsci ofició de miembro informante del proyecto sobre celulares, al cual debieron incorporarle en revisión gran cantidad de enmiendas.

Anteanoche,
Nemirovsci ironizó sobre sus colegas de la otra ala del Congreso y cargó contra Jorge Yoma, sin mombrarlo, quien había castigado en una sesión anterior del Senado a los diputados. «

También debo expresar un reconocimiento al Senado de la Nación, que envió un proyecto en cuyo espíritu nos basamos y que tomamos con la seriedad con la que fue elaborado»,
comenzó el rionegrino con cierta dosis de sarcasmo, ya que la iniciativa debió ser ampliada y corregida.

• Planteo

«Quiero hacer una pequeña disquisición para plantear que no creemos que sea correcto que cuando un proyecto pasa de una Cámara a otra, los integrantes de la Cámara que lo recibe tengan palabras no sólo altisonantes sino también descalificantes para con él. Me refiero a algún senador que tildó como «cachivachescos» algunos proyectos iniciados en esta Cámara. En este caso, por el contrario, debo decir que valoramos el jerarquizado trabajo que remitió la Cámara de Senadores y que propiciamos modificarlo en función de una mayor precisión normativa y de redacción, para una mejor interpretación de los órganos encargados de su aplicación», golpeó Nemirovsci, ya que en comisión se había reprochado que los senadores, por caso, hubieran prohibido actividades ilícitas como la clonación de celulares, aunque sin imponer castigo alguno. Un olvido.

Nemirovsci
planteó la omisión-senatorial: «En los artículos 8º al 14 se crea un régimen de sanciones que hoy no existe, lo que atenta contra la transparencia que debe regir en este servicio... De forma que debemos contar con artículos referentes a sanciones, que no estaban incluidos en el proyecto enviado por el Honorable Senado, a fin de fijar con claridad las penas correspondientes a quienes no cumplan con la normativa».

De espectro más amplio en los mandobles, el conservador porteño Federico Pinedo señaló que «hubo algunos señores senadores que creyeron que el objeto del proyecto de ley debía ser prohibir la venta de teléfonos celulares usados, y así lo señalaron la señora senadora Fernández de Kirchner y el señor senador Pichetto, pero en definitiva el proyecto del Senado ni siquiera incorporó este concepto de una manera concluyente. Se limitó a prohibir la importación de equipos usados, dejando la cuestión de la comercialización de aparatos usados a la reglamentación», concluyó el diputado de Compromiso para el Cambio.

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