DISCURSO DEL MINISTRO DE TRABAJO, ALFREDO ATANASOF, ANTE EL CONSEJO DE LA OIT (18/03/02)

283° Reunión del Consejo de Administración de la OIT Intervención del Señor Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la República Argentina, Alfredo Atanasof. El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores. suscribirse ya estoy suscripto

La Dimensión Social de la mundialización

Sumario

1. La Argentina requiere superar su crisis actual para poder marchar hacia una reinserción dinámica y permanente en la mundialización

2. Una reflexión sobre la relación entre mundialización política y funcionamiento de los mercados de trabajo y las empresas

3. La Argentina de la singularidad

4. La Argentina del consenso

Señor Alain Ludovic Tou, Presidente del Consejo de Administración;

Señoras y señores miembros del Consejo de Administración en representación de gobiernos, organizaciones empresarias y organizaciones de trabajadores;


1. La Argentina requiere superar su crisis actual para poder marchar hacia una reinserción dinámica y permanente en la mundialización

Ha sido una gran deferencia de parte de los miembros del Consejo de Administración de OIT invitarme a hacer una exposición dentro de las actividades del Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social de la Mundialización. En mi intervención, haré énfasis en la grave situación económica y social que experimenta actualmente la Argentina, dado que el país está atenazado por un default en el pago de la deuda externa y al mismo tiempo en depresión económica. Sin duda, la Argentina es un caso paradigmático para analizar las formas concretas y contradictorias del impacto de la globalización sobre los países periféricos.

La globalización es la segunda gran ola de la mundialización de la economía. La palabra sintetiza una nueva época histórica. La primera gran ola de mundialización tuvo lugar en el siglo XIX, con epicentro en Gran Bretaña, y nuestro país fue beneficiado por ella como gran productor de alimentos. Esta segunda gran ola de mundialización, con base en la revolución informática, incluye una expansión en el desarrollo del comercio y las inversiones. La aplicación de las nuevas tecnologías a productos y procesos aumenta extraordinariamente la productividad del trabajo. Los mercados de trabajo y las empresas se están transformando aceleradamente, como producto del impacto de la mundialización de la economía.

La globalización ha modificado el escenario mundial no sólo en lo económico, sino también en lo político, en lo social y en lo cultural. Se trata de una transformación global del paisaje social y cultural de la vida humana. Hemos entrado en un mundo verdaderamente multicultural e interdependiente, con interconexiones globales, económicas, sociales y políticas. Se han creado las condiciones para un nuevo salto civilizatorio.

La globalización tiene dos caras: por un lado, instala nuevos modos de desarrollo articulados en el informacionalismo, dando por superadas las etapas de industrialismo y estatismo que le precedieron. Pero la otra cara de la globalización, la cara negativa, es que esta autorrevolución con centro en los países desarrollados está ahondando un abismo entre los países industrializados y los países periféricos. El hecho de que el capital financiero rentístico juegue un papel central en la globalización es el dato negativo más fuerte, en tanto la incorporación de los países periféricos a la economía mundial se está produciendo sobre la base del bloqueo a la inversión productiva y al crecimiento sustentable en los países del Sur.

La actual crisis de la Argentina es el producto de esta remodelación forzada de los países periféricos. De esta realidad dan cuenta los importantes documentos producidos por el Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social de la Mundialización, "Liberalización del Comercio y Empleo: Actualización del Documento Presentado en la 282° Reunión del Consejo de Administración" (noviembre de 2001) y el documento sobre "Inversión en la Economía Global y Trabajo Decente", que está en consideración también en esta Reunión.

La globalización es un piso civilizatorio nuevo a nivel mundial, que genera progreso pero al mismo tiempo también genera crisis. Las crisis debemos verlas como oportunidad para el establecimiento de políticas internacionales y nacionales que hagan compatible la ampliación del comercio y la movilidad de los capitales con el desarrollo económico y la equidad social.

De lo que se trata es de lograr que la globalización sea el vehículo para facilitar la reestructuración de las economías según principios de competitividad, productividad, capacitación continua y vigencia de los derechos laborales y sindicales básicos. El tripartismo es la herramienta básica para hacer viable los principios que he mencionado y garantizar negociaciones que permitan una mejor distribución del ingreso.

La dimensión social en el comercio mundial, en el comportamiento de las empresas multinacionales y en los procesos de integración, debe ser visualizada no sólo como la condición para garantizar la equidad social, sino simultáneamente como una de las condiciones para que predominen las políticas de inversión productiva y creación de empleo decente sobre las políticas exclusivamente orientadas a la valorización financiera del capital. Esta idea ha sido planteada acertadamente en el documento del Tercer Punto del Orden del Día de este Consejo de Administración de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización. También está presente en el Segundo Punto del Orden del Día, que trata sobre la inversión en la economía global y el trabajo decente.

En síntesis, como se plantea en ambos documentos, necesitamos para promover el trabajo decente, contar con un sistema financiero internacional estable que asigne de forma eficaz inversiones para actividades que son productivas, y contar con un sistema internacional en el que las normas internacionales del trabajo sean respetadas por las empresas extranjeras y locales. Esto implica perseverar para hacer efectivos los principios de la Dimensión Social a nivel de los Estados Nacionales.

La Argentina ha sido uno de los que más decididamente adoptaron los criterios propugnados por los organismos internacionales de crédito tendientes a promover la globalización. Desrregulación, privatización, apertura, estabilidad monetaria fueron las consignas seguidas puntillosa y aceleradamente por los Gobiernos argentinos en los 90 y hasta hace dos meses. Las tarifas arancelarias promedio se redujeron a la mitad. Casi todas las empresas públicas fueron privatizadas, se abrió el mercado a la inversión extranjera, sin restricciones, incluso en el mercado financiero, libre y virtualmente sin cortapisa alguna. Se estableció una economía con una rígida disciplina monetaria a través de la convertibilidad de nuestra moneda con el dólar (receta seguida sólo por un puñado de países pequeños) y grandes restricciones fiscales, más notables últimamente, por la escasez de crédito y flujos de capital externo, generosos en la etapa primera de privatización, la que se encuentra virtualmente agotada. La desrregulación abarcó todas las áreas, y singularmente la laboral. Fueron dictadas varias normas sustantivas tendientes a promover contrataciones por tiempo determinado, se redujeron las indemnizaciones por despido, se flexibilizaron normas relativas a la organización del trabajo, delegando a la negociación colectiva atribuciones que antes reservadas a la ley. Se reformaron los sistemas de jubilaciones y pensiones, parcialmente privatizados, estableciendo uno de capitalización, hoy convoca a la mayoría de los trabajadores, con un enorme costo fiscal, y el sistema de seguro de riesgos del trabajo, en el sentido requerido por el sector privado y el asegurador.

Una docena de años más tarde, hacia finales del año pasado, el desempleo se había casi triplicado; y el empleo no registrado, carente de protección social, se incrementó en más de un tercio, alcanzando al 40% del total de los asalariados. La conflictividad social, desde siempre alta, se incrementó en la última década de lo cual son indicativas las 17 huelgas generales, cifra de excepcionalidad universal y se ha extendido a nuevos sectores, afectados por las enormes dificultades del sistema financiero y la crisis fiscal.

En esos resultados no sólo fueron factores determinantes las políticas de la década anterior en las que se cometieron errores y observó falta de transparencia: debe recordarse también que los organismos financieros internacionales inspiraron o apoyaron enérgicamente las bases e instrumentaciones de la experiencia. También han influido en estos decepcionantes resultados sociales la falta de simetría en los esfuerzos tendientes a desarrollar equitativamente la globalización.

En tanto que la apertura de nuestra economía determinó reducciones sustanciales, de empleo y producción, en muchas de nuestras industrias e incluso su desaparición en no pocos casos, nuestros productos de exportación tradicionales se toparon con la marcada asimetría característica del comercio internacional de la agricultura.

La OCDE ha confirmado que los subsidios a los productores agrícolas en las naciones industrializadas, en 1999, han vuelto a los altos niveles existentes antes de la finalización de la Ronda Uruguay. La cuestión de los subsidios en la agricultura no puede exagerarse: en 1999 los subsidios en la OCDE alcanzaron la cifra de 362.000 millones de dólares, casi diez veces el total de fondos oficiales destinados a la asistencia al desarrollo, dos veces el monto de la inversión extranjera directa en estos países y cerca de dos tercios del total del comercio agrícola mundial. De otro lado, se observan considerables diferencias entre las condiciones de acceso a los mercados agrícolas y las aplicadas a otros productos: el promedio de las tarifas aduaneras de los productos agrícolas supera en más de ocho veces el de los productos industriales, con tasas que exceden en algunos productos del 500%. El acceso a los mercados es un elemento esencial del establecimiento de un sistema comercial agrícola de mercado justo. Para ejemplificar con mi país, se ha calculado que las exportaciones argentinas se incrementarían en 5000 millones de dólares anuales en caso de liberalizarse el comercio internacional agrícola.

En un sentido coincidente con estas apreciaciones, se han expresado la XII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (Ottawa, octubre 2001), los documentos del Foro Mundial de Empleo (OIT, diciembre 2001), así como las intervenciones de mi compatriota Funes de Rioja y Robert Reich. Estas asimetrías han acelerado y profundizado las tendencias socialmente deletéreas del modelo de los 90. Algunas voces insisten, sin embargo en repetir y profundizar los ajustes que nos han llevado a la crisis actual.

En estas condiciones es oportuno recordar lo que ha señalado nuestro Director General: se deben adoptar políticas de expansión que den prioridad a la protección y la creación de empleo. Hasta ahora, las políticas se han centrado en la esfera monetaria, pero la región ha llegado a los límites del ajuste estructural. Es inconcebible que mientras los países desarrollados aplican políticas de expansión para contrarrestar la recesión, se aconseje a los países en desarrollo efectuar ajustes.

Somos conscientes en Argentina de que no lograremos superar la crisis retornando a políticas económicas propias al estado semi-autárquico de nuestra economía que prevalecieron en el pasado. Por el contrario, nuestro gobierno está empeñado en aplicar un programa económico sustentable que resuelva en forma positiva el desafío de avanzar rápidamente hacia una mayor participación del país en la economía globalizada, al tiempo que reconstruimos y desarrollamos el mercado local. Somos partidarios de la edificación de una economía de mercado sólida y de una modernización del Estado que sirva para regular los mercados, incluidos los diferentes mercados de trabajo que hoy coexisten en el sistema económico argentino.


2. Una reflexión sobre la relación entre mundialización política y funcionamiento de los mercados de trabajo y las empresas

La globalización ha producido importantes mutaciones en el sistema político-institucional de relaciones internacionales. Los Estados nacionales ven limitadas su soberanía exterior por la acción combinada de los movimientos del capital y los procesos de integración en regiones y subregiones. Este dato forma parte y es inherente a la nueva etapa histórica. Pero lo preocupante es que va junto con otro proceso: el debilitamiento de la soberanía interior de los Estados nacionales y la creciente subsunción de la política frente a los mercados. Como un efecto de este fenómeno político negativo se observa un creciente debilitamiento de los sistemas de relaciones laborales, al perder el Estado su capacidad de regular el funcionamiento de los mercados de trabajo.

De allí la importancia tanto de aumentar las ratificaciones de los convenios internacionales de trabajo, en particular los 8 convenios fundamentales, como de los mecanismos de control de la aplicación de las normas internacionales del trabajo, como también de la promoción de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, y otros acuerdos adoptados en esta organización tripartita para lograr el respeto universal a las normas internacionales del trabajo.

Por ello es que sostenemos que falta aún en la construcción de la aldea global un contrato social internacional, para que todos estos esfuerzos sean dirigidos hacia el objetivo de internalizar en este nuevo esquema de convivencia internacional, una nueva cultura de los derechos laborales y sociales. En otras palabras, nuestra meta —omo el Sr. Director General lo ha reiterado en diversas reuniones internacionales—es dotar a la globalización de la Dimensión Social.

Los acuerdos de integración económica de la era globalizada, deben ser la oportunidad para incorporar los contenidos equitativos a la mundialización económica, la Declaración Sociolaboral del Mercosur, del que formamos parte es un hecho sociolaboral muy importante para nuestra región.

El gobierno de la República Argentina es consciente del esfuerzo que viene realizando la OIT para lograr incorporar en la cultura global los principios de equilibrio y cohesión social. Sostenemos la necesaria reconciliación entre lo social, lo político y lo económico y tal, como lo ha manifestado el Señor Director General en la mencionada conferencia de Ottawa. La llave de esta reconciliación en un mundo en constante cambio, deberá hallarse en la relación armónica de la persona con su trabajo, donde el hombre encuentra la dignidad para él y su familia.

Es indudable que como resultado de las transformaciones productivas, en las condiciones de la economía de mercado y la competencia, se requiere pensar en una nueva cultura para las empresas, basada en la cooperación entre empresarios y trabajadores, según el principio ya generalizado en varios países desarrollados de que la empresa es una "comunidad del trabajo", flexible para introducir cambios en los procesos de trabajo, pero consensuados entre las organizaciones empresarias y de trabajadores, con un fuerte componente de capacitación continua de trabajadores, y sujetas a los convenios internacionales de la OIT. En Argentina estamos promoviendo, desde nuestro Ministerio de Trabajo, políticas de cooperación en las empresas en todos los niveles, que nos permitan que la salida de la crisis garantice la continuidad del proceso de modernización del aparato productivo que se ha iniciado en la década de los noventa del siglo pasado.

Me he referido en la primera parte de esta intervención a los resultados negativos que se observan en el comportamiento de la economía argentina por la aplicación indiscriminada de criterios propugnados por organismos internacionales de crédito. Permítanme ahora comentarles el impacto de esas reformas sobre la evolución del mercado de trabajo, a partir de la instauración en Argentina del Plan de Convertibilidad que se inició en 1991, y colapsó en diciembre de 2001. La tasa de desempleo pasó del 6,5% en 1991 al 19,4% en 2001, lo que implicó que en los últimos diez años se sumaran al desempleo cerca de 1,7 millones de personas. Entre 1991 y 2001 el número de desocupados aumentó de 750.000 a más de 2 millones, y la cantidad de hogares con jefes sin empleo subió de 200 a 650 mil. Estas cifran han aumentado considerablemente en los últimos meses.

He hecho una exposición sucinta de las transformaciones negativas en los mercados de trabajo en la Argentina. Para un conocimiento más profundo del tema, hemos preparado para esta Reunión del Consejo de Administración un documento especial, que analiza en detalle los cambios en el mercado de trabajo en Argentina en la última década. Por eso, cuando hablamos de la necesidad de alcanzar una reindustrialización integrada en el país, se trata de una economía sustentable, capaz de revertir el desempleo, el subempleo y la precariedad laboral. Los movimientos de desocupados que hoy recorren el país son el resultado político de la desestructuración del aparato productivo, con la consiguiente desocupación masiva. Ahora debemos enfrentar el fenómeno de la desocupación dentro de una perspectiva de movilizar a la sociedad y al Estado para la creación de empresas al tiempo que universalizar los subsidios al desempleo, estrechamente vinculados a la creación de diversas modalidades de trabajo decente.

Creo que el gran escenario mundial de la globalización, que se inicia y será de larga duración, incluirá el nuevo componente técnico-cultural de cooperación a nivel de las empresas. Será el camino específico para bloquear el efecto devastador sobre las empresas del impacto del capital financiero rentístico. Por el contrario, se deberán sentar las bases para un nuevo despliegue de la asociación entre el capital productivo en todas sus formas y la fuerza organizada del trabajo. Este gran desafío a sido sintetizado por el Presidente de la Argentina, al señalar que en nuestro país hemos abandonado la alianza retardataria entre el capital financiero especulativo y el Estado, para pasar a una alianza entre el Estado, la producción y el trabajo. Nos proponemos como meta, que hemos planteado en los marcos del Diálogo Argentino, apoyar desde el Ministerio al fortalecimiento de las organizaciones empresarias y sindicales, como la garantía para mejorar la performance de la economía y las empresas dentro de un sistema de relaciones laborales que potencie la negociación colectiva y promueva la cohesión social.

Creemos que la salida de la crisis debe ser productiva, con generación de empleo, con estímulo a la inversión y al crecimiento de la demanda internacional, tal como lo realizan los países centrales. En otros términos no puede ser que existan políticas recesivas para los países periféricos y expansivas para los centrales. Coincidimos con que todas estas políticas deben darse en el marco del diálogo social, como ámbito institucional necesario para la instrumentación de estos cambios.


3. La Argentina de la singularidad

La Argentina en décadas pasadas supo construir una legislación social aceptablemente armoniosa, sustentada en un contrato social y laboral, en cuya escala de valores la comunidad privilegiaba la igualdad de oportunidades para todos. Esa legislación social y laboral se correspondía con un país que hace cuatro décadas se ubicaba entre los primeros países del mundo según el ingreso per cápita, no conocía el desempleo masivo ni la pobreza masiva. Un país en el cual la población había alcanzado la alfabetización generalizada y altos niveles de seguridad social. Argentina era un país de industrialización intermedia, con una clase trabajadora calificada y altos niveles de sindicalización.

Hoy, después de varias décadas de reformas económicas guiadas por los principios del llamado "libre mercado" y "subsidiariedad del Estado", hemos desembocado en la peor crisis económico-social que conoce nuestra historia, con 14 millones de personas que se encuentran en situación de pobreza y tres millones de indigentes, sobre un total de 36 millones de habitantes. Argentina figuraba, hasta hace algunas décadas, en el contexto del mundo equidistante de sociedades articuladas en términos absolutos de capital o de trabajo.

La falta de consolidación de una relación armoniosa entre lo social, lo político y lo económico, explica en parte lo que hoy estamos viviendo. La particular combinación de estos elementos la encontramos patentizada en los últimos treinta años de nuestra vida política, a partir del Golpe de Estado de 1976 con sus consecuencias y la instauración en la Argentina de un modelo inequitativo, que salvo periodos menores, rigió hasta el mes de diciembre último.

La crisis argentina es un producto del esquema mundial del discurso único. Como era previsible, los desequilibrios sociales terminarían por expresarse políticamente, y ello ocurrió durante la conmoción y movilización popular espontánea que se produjo entre los días 19 y 20 de diciembre, que condujo a la caída del anterior gobierno, y al inicio de una crisis política que comienza a superarse con el ascenso del nuevo gobierno, presidido por el Dr. Eduardo Duhalde, de base parlamentaria amplia, a partir del 2 de enero del corriente año. Pero la crisis económica y social continúa.

La realidad de la Argentina de hoy todos la conocen. Quisiera advertir a la conciencia mundial que este es el resultado cuando se adoptan políticas que ven en lo social y en lo económico posiciones antitéticas, de prevalencia de unos sobre otros, más particularmente en sociedades, donde la acumulación de capital, no ha producido el efecto derrame prometido.

Los argentinos tenemos nuestra cuota de responsabilidad. En los últimos años hemos sido cultores del discurso único, según el ahora desacreditado Consenso de Washington. Se facilitó la entrada de capital financiero especulativo sin controles, y se disminuyó el nivel de protección laboral. Todo ello fue enmarcado en una política aséptica que se negaba cualquier intervención del Estado, que contrariase el orden económico establecido.

Luego de más de veinte años de aplicación de políticas económicas no sustentables, el resultado ha sido el deterioro de nuestro sistema de relaciones laborales; la disminución de los puestos de trabajo, un mayor desempleo con más precarización y la ausencia de la administración del trabajo, en temas tan trascendentes como la inspección laboral. Es de hacer notar también las dificultades de nuestro país para ingresar en un escenario de negociaciones colectivas regulares y permanentes. En tal sentido, nuestro país exhibe hoy indicadores alarmantes, tanto en las tasas de desempleo, que rondan el 22%, como en el llamado "trabajo en negro", precario, superior al 40%.


4. La Argentina del consenso

Queremos volver a la Argentina del crecimiento con movilidad social ascendente. Esto sólo será factible a través de un programa sustentable de reindustrialización integrada con apertura. Para ello se requiere que las instituciones políticas se articulen con una base social amplia de apoyo, siendo esto sólo posible a través de la cooperación entre los componentes básicos del mundo del trabajo, esto es, las organizaciones de empresarios y de trabajadores. Por ello es que hemos constituido, en forma tripartita, la Mesa de la Concertación Sociolaboral y Productiva, dentro de la Mesa de Diálogo Argentino, convocada por el Presidente de la República junto con la Iglesia Católica y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Sobre esta iniciativa, — en dos meses de gestión—la Argentina ya puede exhibir resultados concretos, acuerdos entre el capital y el trabajo que diseñarán una política futura armoniosa entre ambos factores productivos.

El Gobierno ha anunciado acuerdos tripartitos sectoriales para impulsar proyectos industriales con alto impacto ocupacional; el avance en un acuerdo productivo social que permita mejorar la situación del empleo y de las empresas; la facilitación de acceso a mercados internacionales de la micro y Pyme.

Es evidente que para superar la crisis necesitamos la comprensión de los organismos financieros internacionales para recibir recursos genuinos que nos permitan salir rápidamente de la depresión. Al mismo tiempo, la Argentina necesita la apertura de los mercados internacionales a nuestros productos agrícolas, industriales y de servicios. Es inadmisible que países que declaman la libertad de comercio ejerzan al mismo tiempo fuertes políticas proteccionistas que afectan a los países productores de commodities, en este caso el nuestro.

En el ámbito del empleo estamos desarrollando un Programa de Universalización del Seguro de Desempleo y de creación del Empleo Productivo, como parte constitutiva de las políticas de emergencia social de nuestro gobierno. También estamos sumamente activos para preservar el empleo, aún en situaciones de crisis empresarial; combinaciones de acciones de suspensión del personal con las de recapacitación y recalificación de los trabajadores; la obligación del blanqueo integral y mantenimiento del nivel de empleo para aquellas empresas beneficiadas por el Estado. Todas nuestras acciones están estrechamente vinculadas con las políticas actuales del Ministerio de Trabajo orientadas a fortalecer el Sistema de Seguridad Social para extender el régimen de jubilaciones y pensiones, otorgando prioridad a una equitativa asignación de recursos, y a la extensión de la cobertura a grupos de la población excluidos de la protección social.

Por último, no podemos dejar de considerar como corolario de esta actividad, la próxima institucionalización del diálogo social a través del Consejo Económico y Social, que será propuesto por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional.

Las prioridades sociolaborales y productivas que he mencionado, junto a otros temas laborales, constituyen el núcleo del acuerdo de cooperación entre la OIT y nuestro Ministerio.

Hoy estamos aquí para testimoniar que la Argentina comienza a transitar un camino nuevo. Cambiar el enfoque político es el imperativo del momento en nuestro País para resolver la grave situación económica y social, que nos ha conducido al default y a la depresión. La Argentina es un país que cuenta con un pueblo con suficientes reservas morales e intelectuales para enfrentar esta crisis.

El Gobierno actual está demostrando que se marcha por el camino correcto. Al final del túnel que estamos recorriendo nos espera una Argentina que no solo preservará sino que profundizará la democracia. Claro que para lograr esta meta necesitamos la comprensión y el apoyo activo de la comunidad internacional. Las gestiones que actualmente lleva adelante el Director General de la OIT para facilitar la continuación de la asistencia financiera internacional a nuestro país para los programas sociales y laborales, son de trascendental importancia y por eso queremos aquí, al final de nuestra exposición, reiterarle nuestro agradecimiento.

Quiero agradecer de manera personal al Señor Director General, y a través de él a la Organización Internacional del Trabajo, por los innumerables testimonios de solidaridad que hemos recibido en la crisis, tanto de su personal como de la comunidad laboral internacional que representa.

Deseo resaltar la rapidez con la que hemos recibido apoyo institucional y técnico desde la Sede de la OIT, desde la Oficina Regional para las Américas y desde el Equipo Técnico Disciplinario de Santiago de Chile. La Oficina de la OIT para los países de Argentina, Uruguay y Paraguay ha desempeñado un rol central en coordinación y apoyo administrativo para implementar la cooperación técnica para la emergencia y asistencia en la crisis a nuestro Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. La OIT participa en forma destacada en las actividades de la mencionada Mesa de la Concertación Sociolaboral y Productiva tripartita.

La primera semana de este mes hemos avanzado con la misión de OIT en Buenos Aires en la redacción de un acuerdo de cooperación para la emergencia entre el Ministerio y la OIT, concentrado en puntos focales de asistencia técnica para incrementar el empleo y mejorar su calidad, reducir el desempleo y mejorar la distribución del ingreso, a fin de disminuir la pobreza y la indigencia y superar la crisis social. Se ha trabajado en los marcos del Programa In Focus de "Respuesta a la Crisis y Reconstrucción" de OIT.

Sólo me resta decir que desearía que los estimados miembros de este Consejo de Administración puedan contar con la seguridad de que en nuestro país, pese a la crisis, se preserva la vigencia de los derechos laborales y sociales que durante décadas hemos construido con el apoyo y cobertura institucional de la Organización Internacional del Trabajo.


Muchas Gracias