Duhaldismo atacará "caja" santacruceña

Política

La pelea entre duhaldistas y kirchneristas en la conducción del bloque peronista por desplazar a José María Díaz Bancalari de la presidencia ya pasó al terreno de la venganza. El duhaldismo comenzó a analizar la presentación de pedidos de informe por dos temas conflictivos: el uso de una tasa que pagan todos los argentinos sobre el consumo de energía eléctrica que se destina íntegramente a la provincia de Santa Cruz desde hace 15 años y la aplicación anticipada de cargos fijos a empresas que utilizan gas proveniente del ampliado gasoducto General San Martín sin que se haya votado todavía la ley que habilita al gobierno a cobrarlos.

La historia de la tasa especial sobre el consumo de electricidad que se destina a Santa Cruz comenzó durante el gobierno de RaúlAlfonsín. Hacia el final de su mandato, se votó la Ley 23.681 que estableció un cargo fijo de 6 por mil que se aplica como un recargo sobre el precio de venta de las tarifas vigentes de cada período y «en cada zona del país aplicada a consumidores finales», para compensar a las provincias de Santa Cruz y Misiones por no estar enlazadas con el sistema eléctrico nacional interconectado. Esa compensación tenía su condición: aplicar esos fondos a la construcción de las obras de infraestructura suficientes para que ambas provincias tuvieran acceso a la provisión de electricidad del sistema nacional. El gravamen, entonces, debía aplicarse sobre el cargo fijo, el consumo y la contribución municipal que abona cada argentino en su factura de luz. Esa ley quedó promulgada de hecho el 10 de julio de 1989, casi sin que nadie se enterara, cuando venció el plazo legal para su promulgación y el gobierno se encontraba en otras tareas más importantes: un día antes había asumido Carlos Menem, y el nuevo gabinete ni recordaba la norma votada por el radicalismo. Mientras tanto, los fondos comenzaron a fluir desde todo el país para beneficiar a Servicios Públicos Sociedad del Estado de la Provincia de Santa Cruz, destinataria del beneficio de las obras.

Al mismo tiempo, el país veía cómo la Patagonia también recibía otro beneficio: el subsidio -desde hace dos años a través de un fondo fiduciario- sobre la tarifa del gas en la región Sur, también para compensar la mayor utilización de ese combustible en los hogares patagónicos.

Pasó el tiempo, y las obras para interconectar a Santa Cruz no se realizaban. Misiones finalmente salió de esa selecta sociedad al quedar enlazada con la provisión de alta tensión nacional, lo que dejó a la tierra de Néstor Kirchner como única beneficiaria.

Pero las sospechas sobre el destino de los fondos, cómo y a qué obras de infraestructura se aplicaron, comenzaron a levantar revuelo.
De hecho, se estaba hablando de u$s 300 millones, que incluso originaron una investigación judicial que amenaza con ser tan intrigante como el destino de los fondos que Santa Cruz cobró por regalías petroleras atrasadas y luego giró al exterior.

Diez años después de haber comenzado a cobrarse ese cargo, durante la presidencia de
Fernando de la Rúa comenzaron los problemas. El radical, a través de un decreto, estableció que el recargo se mantuviera vigente «luego de la efectiva interconexión de la provincia de Santa Cruz para cubrir los costos de la obra» y derivó esos fondos a un fiduciario «cuya finalidad única y exclusiva será la atención del costo de la obra». Tampoco pasó nada, y la obra no se terminó.

En el Presupuesto Nacional 2005 el tema volvió a tratarse. Allí se dispuso incorporar al Ministerio de Planificación Federal los saldos de los
«recursos remanentes recaudados entre los años 1998 y 2003». Así se cierra allí la cuenta.

Ahora el duhaldismo revivió la historia y quiere explicaciones sobre cuántas obras se realizaron con la recaudación de esa tasa durante casi 16 años. De hecho, el bonaerense Daniel «Chicho» Basile es quien más ha denunciado este tema en el recinto de Diputados. Esa artillería, que preocupa desde siempre a los santacruceños,
se sumará a otro tema no menos importante: un pedido de informes que ingresará no bien termine el receso invernal por la aplicación de cargos específicos a empresas beneficiarias del gasoducto General San Martín que llega desde Santa Cruz y Chubut, sin que se haya sancionado aún la ley que lo permite.

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