Los militares no quieren participar en ningún acto de represión de conflictos internos. Pero la posibilidad de recuperar el control de la Gendarmería y la Prefectura entusiasma a las Fuerzas Armadas. La iniciativa comenzó a inquietar a policías, gendarmes y prefectos y promete, si no se resuelve a tiempo la incipiente polémica, una nueva crisis para el gobierno de Fernando de la Rúa.
Nadie sabe cuál es la razón principal del sordo rumoreo que ha ganado a los uniformados argentinos: si es la perspectiva de una red de conflictos que obligue a poner orden de manera extraordinaria o si, en cambio, los conmueve ser ellos mismos víctimas de un ajuste que alcanza a todos los empleados públicos. Sea cual fuere la razón, en las cúpulas de las Fuerzas Armadas y en las de las fuerzas de seguridad (Prefectura, Gendarmería, Policía Federal), se multiplican las reuniones y, si se quiere, las estrategias.
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El primer motivo de inquietud surgió de unas declaraciones de Horacio Jaunarena, en las que el ministro de Defensa alentó a que «en algún momento se plantee un debate amplio sobre la defensa y la seguridad». Esos dichos se combinaron con notas periodísticas -sobre todo, una publicada en este diario hace 10 días-en las que se informó sobre el regreso de una vieja aspiración militar: la de subsumir en el Ejército a la Gendarmería y en la Armada a la Prefectura, reponiendo un diseño que había dominado al país durante los gobiernos militares y que se corrigió durante el gobierno de Carlos Menem.
A los indicios que se mencionaron hay que agregar otros datos. Por ejemplo, una consulta informal de Jaunarena a los comandos del Ejército y la Marina para detectar qué capacidad de reprimir conflictos internos poseen. La respuesta obtenida fue implacable: «No queremos entrar en ese terreno, salvo que nos lo ordene una ley del Congreso votada por unanimidad». Tanto militares de tierra como de agua conocen la circunstancia que inspira la pregunta del ministro. En el gobierno consideran que si cortes de ruta como los de General Mosconi se quintuplicaran de manera simultánea, la Gendarmería carecería de capacidad operativa para enfrentarlos, y habría que recurrir a otro tipo de instrumento represivo.
Sin embargo, lo que se teme en el Ministerio del Interior es que el juego no tenga que ver con los problemas de seguridad, sino con los dramas presupuestarios de las Fuerzas Armadas, a las que Jaunarena les anunció un recorte de 50% de gastos para lo que falta de este año. ¿Cederían mejor a un achicamiento si «les pagaran» con la reposición de la Gendarmería y la Prefectura en sus estructuras? Esta es la pregunta central que nadie se atreve a hacer en voz alta, pero que anima la inquietud que se verifica en las oficinas y destacamentos de esas dos fuerzas de seguridad, que dependen hoy de la cartera de Ramón Mestre.
Es allí y, especialmente, en la Secretaría de Seguridad donde comenzaron a realizarse reuniones de análisis sobre el cuadro de situación que se presenta para las próximas semanas, que prevé distintas formas de protesta en las provincias. En esos encuentros se esgrimieron, a propósito de las iniciativas sugeridas por Jaunarena, distintos argumentos que son de interés, porque, seguramente, formarán parte de cualquier debate futuro sobre la materia.
El primero de ellos es el de la diferencia de función entre policías y Fuerzas Armadas. «El único parecido entre ellas es que usan armas y uniforme. Pero algo similar sucede con los maestros y los enfermeros, que usan guardapolvo y atienden a la gente. A nadie se le ocurriría darles a unos las tareas del otro por razones de ahorro», se ironizó en una de esas tertulias entre gendarmes, federales y prefectos. La diferencia entre policías y militares es bastante obvia: los primeros están formados para prevenir el crimen e investigar ilícitos auxiliando a jueces y fiscales, mientras que los soldados son instruidos para aniquilar y destruir a quienes deciden atacar desde el exterior el territorio nacional. Luis Uriondo, secretario del Consejo Federal de Seguridad Interior, seguramente ilustrará a unos y otros sobre el debate defensa/seguridad que comenzó a insinuarse. Este peronista asistió en el Congreso al largo debate sobre la exclusión de las Fuerzas Armadas de la represión de conflictos internos que se extendió desde 1984 a 1989. Angustia
Si las diferencias entre los roles de unas y otras instituciones se insinúan ahora como borrosas, no parece ser por algún cambio en el enfoque teórico de los funcionarios. Más bien se debe a la angustia que genera el recorte presupuestario y la necesidad de supervivencia. En tiempos de ajuste, las fuerzas de seguridad tienen más garantizada su existencia que las Fuerzas Armadas, sobre todo cuando las hipótesis de conflicto tradicionales se han ido despejando.
Hasta ahora, las discusiones no son más que charlas de oficina, sea en Defensa como en la cartera de Mestre. Sin embargo, la aparición del debate ha comenzado a inquietar en distintos rincones del oficialismo: sea en las inmediaciones del despacho presidencial como en algunos segmentos de la Alianza, celosos de la disposición actual de las fuerzas, con Gendarmería y Prefectura subordinadas a Interior. Sólo faltaría que alguien levante la voz para que el gobierno agregue una crisis más a las que ya soporta.
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