La posibilidad de que la provincia de Buenos Aires pueda perseguir delitos de drogas de menor cuantía quedó ayer a un paso de materializarse en el Senado. La ultraduhaldista Mabel Müller, promotora original de la iniciativa de que jueces provinciales y la Bonaerense absorban parte de la competencia de los magistrados y de la Policía federales, aprovechó la ausencia del jefe del bloque PJ, Miguel Angel Pichetto, para hacer valer su condición de vice a cargo de la bancada mayoritaria: en la reunión de Labor Parlamentaria, que se improvisó la víspera para retrucar la información de este diario de que el Congreso no trabajaría esta semana (ver aparte), hizo colarel proyecto en el temario de la sesión de emergencia prometida para esta tarde.
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Sin embargo, Müller debía sortear anoche un frente de conflicto doméstico. La salteña Sonia Escudero, responsable de una de las comisiones que debe pronunciarse sobre el reclamo de Felipe Solá, no pudo disimular reparos sobre el límite de 300 gramos de estupefacientes que acordaron, con la aprobación de La Plata, en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales para ceder facultades a Buenos Aires. Por encima de esa cifra, la represión de narcóticos seguirá bajo la órbita de los jueces nacionales como hasta ahora.
«No conozco las correcciones que fueron consensuadas en Asuntos Penales, razón por la cual sólo puedo dar una opinión de manera informal sobre lo que trascendió», hizo la salvedad Escudero, en diálogo con este diario. «En ese sentido, tengo mis dudas sobre el gramaje que se estaría fijando como tope, ya que se trata de una cantidad que, a mi modo de ver, es narcotráfico y no menudeo», concluyó la delegada del PJ-Salta.
Por si fuera poco, tras apuntar: «Estoy de acuerdo, desde el punto de vista político, con que las provincias puedan adherir a una ley nacional que les permita reprimir delitos menores de drogas» -tal cual propusieron Solá y sus ministros Eduardo Di Rocco (Justicia) y León Arslanian (Seguridad) la semana pasada a la Cámara alta-, deslizó: «No estoy segura de que esto sea válido constitucionalmente». Escudero sugirió que «lo más conveniente sería que fuera girado también a Asuntos Constitucionales», una forma de forzar que el gobierno de Néstor Kirchner, vía Cristina Fernández de Kirchner, quien administra esa dependencia, fije criterio. «Esta ley es, para nosotros, una cuestión de Estado», reiteró el ministro de Justicia bonaerense al referirse a la propuesta de desfederalizar delitos vinculados al narcotráfico. «Es la Justicia provincial quien debe hacerse cargo de la investigación de los hechos de venta y distribución de pequeñas cantidades de droga», agregóDi Rocco. Después de una larga polémica con el resto de los distritos que, representados en el Senado, no querían verse obligados a asumir -vía magistrados y policías locales-la represión de estupefacientes (aunque sea en baja escala), el Ejecutivo de Buenos Aires propuso la sanción de una norma nacional a la cual puedan o no adherir las provinciasa través de sus respectivaslegislaturas.
El radical Jorge Agúndez, coordinador de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, encontró una salida política al conflicto en esta variante que llevaron Solá y compañía. «Y no me parece inconstitucional la idea, ya que se vuelve al concepto de pactos preexistentes», confió Agúndez.
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