El gobierno aísla a los legisladores que votarán reforma a Magistratura

A horas de votarse la polémica reforma del Consejo de la Magistratura, que le dará más poder al Ejecutivo en la designación y en el desplazamiento de jueces, el gobierno busca retener los votos que le permitirán contar con esa ley, que se tratará el miércoles. Hoy, rompiendo una tradición que dice que el diputado no trabaja en lunes, ha llamado a los que le responden al kirchnerismo para un encierro en el Palacio del Congreso. Recibirán charlas de adoctrinamiento sobre la legalidad del proyecto para disipar el miedo de algunos a votar una ley que podría ser inconstitucional y que encima agrede a jueces que el día de mañana -cuando el péndulo esté del otro lado- pueden tomar represalias sobre los políticos. Por la noche, los llevarán en ómnibus a la sede del PJ en la porteña calle Matheu y les propinarán asado y empanadas hasta que la madrugada los sorprenda, una forma de precipitar una camaradería que tiene que durar hasta el miércoles, cuando se trate la polémica ley. El oficialismo dice que tiene los 129 votos para aprobarla, pero tanto afán por aislar a la propia tropa despierta alguna duda.

Alberto Balestrini

Los diputados kirchneristas se reunirán hoy a las 19 en el Palacio del Congreso para realizar el último conteo de votos previo a la sesión del miércoles por la reforma del Consejo de la Magistratura. Allí terminarán de convencer a los dubitativos y despejarán incógnitas sobre la inconstitucionalidad del proyecto alegada por la oposición.

Convocados por el presidente de la Cámara baja, Alberto Balestrini, y comandados por el santafesino Agustín Rossi, los legisladores oficialistas ultimarán los detalles finales de lo que será una sesión clave que marcará un reacomodamiento trascendental de las piezas políticas en el recinto. De allí las autoridades del PJ en la Cámara los subirán a los diputados a un ómnibus y los llevarán a la sede del PJ en la calle Matheu, adonde les propinarán empanadas y asado.

Además de la importancia institucional que implica el tratamiento de la reforma del consejo, la sesión del miércoles definirá el desembarco de varios ex duhaldistas en el bloque del Frente para la Victoria, y el destierro de algunos oficialistas, como el neuquino Oscar Massei y Rafael Bielsa, quienes rechazarán la iniciativa del gobierno.

También en duda está el voto de Eduardo Arnold, kirchnerista rebelde de Santa Cruz.

La conducción kirchnerista de Diputados quiere barrer todas las dudas en torno a una posible catarata de demandas de inconstitucionalidad una vez que el proyecto se convierta en ley. Por eso en el cónclave de hoy, sus legisladores abogados tendrán un rol determinante. Tanto Luis Cigogna, presidente de la Comisión de Justicia y diputado por La Matanza, como Héctor Recalde expondrán los argumentos en favor de la legalidad de la reforma. El radicalismo, el ARI, PRO y el Partido Socialista se oponen a la reducción de 20 a 13 miembros en este órgano colegiado por considerar que se vulnera el equilibrio al que hace mención el artículo 114 de la Constitución nacional.

De acuerdo con el texto del artículo 2 del proyecto de ley que ya fue sancionada en el Senado, el oficialismo ocupará 5 puestos de esos 13 (con dos senadores, dos diputados y un representante del Poder Ejecutivo), atribuyéndose así la facultad de bloquear la designación y remoción de jueces, para la que se requieren las 2/3 partes de los integrantes del consejo. Pero el fundamento jurídico de la Casa Rosada para dispersar cualquier posible tacha de inconstitucionalidad es que la Carta Magna no exige equilibrio en la composición de este órgano, sólo requiere «que se procure» a él. Así lo expuso este mes el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, en un foro de la Facultad de Derecho de la UBA, y así lo entienden los estudiosos oficialistas del tema.

• Inquietud

Al gobierno le inquieta la posibilidad de que jueces del interior del país fuera de su órbita de influencia puedan acoger demandas reclamando la falta de acuerdo entre esta ley y la Constitución nacional. De hecho, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal ya interpuso una demanda en este sentido ante la Justicia, y el presidente de la Corte Suprema, Enrique Petracchi, rechazó una invitación a debatir el tema para evitar un prejuzgamiento.

El kirchnerismo necesita 129 votos afirmativos para convertir en ley el proyecto. Hoy la base de diputados oficialistas que apoyarán la reforma el miércoles en la Cámara baja es de 116 diputados. Pero hay que sumarle los votos de al menos otros 10 legisladores de la UCR y del interior aliados al gobierno. Se trata de Miguel Bonasso, Eduardo Lorenzo Borocotó, Gustavo Canteros (Proyecto Corrientes), los sanjuaninos Guillermo Baigorri (Vida y Compromiso) y Adriana Marino (Producción y Trabajo), el ex gobernador correntino Ricardo Colombi, el fueguino Ricardo Wilder (Frente Unidad Provincial), los santiagueños Daniel Brue y Cristian Oliva (Frente Cívico) y el catamarqueño Genaro Collantes (Frente Cívico y Social).

Aunque este cóctel de votos deja al Frente para la Victoria al borde de cumplir su objetivo, ayer los diputados cordobeses del Frente Nuevo de Luis Juez le agregaron una nueva cuota de suspenso a la votación. A través de un comunicado que lleva por título: «En esto, no estamos de acuerdo», Daniel Giacomino, Raúl Merino, Francisco Delich, Norma Morandini y Gumersindo Alonso, plantearon sus argumentos para votar en contra del gobierno si no hay cambios sustanciales en el proyecto.

Los legisladores cordobeses reclaman que las votaciones se resuelvan por simple mayoría o que haya cambios en la composición propuesta, modificaciones que no contempla el actual proyecto que pretende aprobar el kirchnerismo, según publicó ayer el diario cordobés «La Voz del Interior». «No podemos acompañar el proyecto del oficialismo si éste no garantiza el equilibrio de poderes que establece la Constitución nacional, valor que merece ser ponderado por sobre cualquier aspecto en toda institución de la Justicia», señala el documento.

Sin embargo, el kirchnerismo rechazará cualquier propuesta de modificar en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura. Y aunque cediera parcialmente en algún artículo, luego el Senado podría insistir en la versión original y convertirla en ley.