El país, víctima de una sucesión de absurdos

Los ex guerrilleros del Movimiento Todos por la Patria (MTP, izquierda) asaltaron el 23 de enero de 1989 el cuartel de La Tablada argumentando que un grupo de militares carapintada preparaba un golpe de Estado contra el gobierno de Raúl Alfonsín. El copamiento lo justificaron con una absurda explicación: era una estrategia para promover un alzamiento popular en defensa de las instituciones. Ese recurso, usando en vano en el juicio que se les siguió a los asaltantes, costó 39 muertos, entre militares, policías y atacantes. Los defensores de los agresores argumentaron irregularidades en la represión del hecho y en instrucción de la causa, tanto que tres de los atacantes permanecen al día de hoy como desaparecidos.

Eso abonó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA porque fueron juzgados por la Ley de Defensa de la Democracia sancionada por inspiración de Raúl Alfonsín que prevé para el delito de sedición una sola instancia de enjuiciamiento.

Esa comisión reclamó en 1997 a la Argentina que se crease esa segunda instancia, aunque consideró que el caso Tablada no ameritaba irregularidades como para ser girado a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos con sede en Costa Rica. Desde 1997, ni el anterior gobierno ni el actual lograron que el Congreso sancionase la ley ni que la Justicia abriera la segunda instancia.

Desde 1997, además, el gobierno de Carlos Menem había elaborado decretos de indulto o conmutación de penas para los presos de La Tablada y también de los condenados por el alzamiento de 1990 liderado por Mohamed Alí Seineldín. El anterior presidente, sin embargo, nunca firmó esos decretos. Al asumir Fernando de la Rúa, los detenidos de La Tablada -declarándose defraudados por Menem- entendieron que un ala izquierdista de la Alianza favorecería su intento de libertad. Uno de sus abogados, Ramón Torres Molina era ya diputado nacional por el Frepaso y promovió el primer proyecto de ley de creación de la segunda instancia. El propósito era que esa ley les diera la condición de procesados para beneficiarse así de la norma del 2 x 1 (cada día como procesado en la cárcel valdría dos) y salir en libertad.

El peronismo y un sector del oficialismo se negaron a este camino. El PJ avanzó más y acusó al gobierno de buscar un indulto encubierto. Su campaña contra el proyecto la hizo con la bandera de que De la Rúa debía pagar el costo de ese indulto como Menem había pagado el de la exculpación de los comandantes del proceso militar.