¿Error? Desde hoy Kirchner paga costo de servilleta propia

Política

Cuando se da ya por descontado el triunfo del kirchnerismo hoy en la votación por la reforma del Consejo de la Magistratura, una alternativa aparece como inquietante para el oficialismo: ¿quién será de ahora en más el responsable por los desaciertos o escándalos en el Poder Judicial?

No son pocos quienes creen en el Congreso que la victoria que espera hoy el gobierno le traerá tantos derechos como obligaciones. Es claro cuáles serán esos derechos, si se cumple lo que advierte prácticamente toda la oposición: la posibilidad de bloquear el juicio político de cualquier juez y la de nombrar sólo a los magistrados que ilumine el sol de la Casa de Gobierno.

Si Kirchner usa ese poder o no, será una cuestión del futuro, pero desde que Cristina Fernández arrancó en el Senado con el proyecto de reforma a la Magistratura sobrevuela a todo acto la mítica servilleta de Carlos Corach que marcó toda una era en la Justicia. Ese costo el Presidente ya lo está pagando, aunque no cuente aún con los poderes que recibirá hoy el gobierno para conformar el nuevo consejo de jueces.

  • Sentencia
  • «Kirchner pierde igual, sea como sea», sentenciaba a este diario el fin de semana Elisa Carrió. «De ahora en más, cualquier irregularidad en la Justicia la gente la va a imputar a los jueces de Kirchner», decía.

    El Presidente y sus ministros se cansan de proclamar, en el país o foros internacionales, que ningún mandatario reciente hizo más que él para avanzar en la independencia de la Justicia argentina. Lo haya querido o no, es hoy difícil afirmar que los nuevos miembros de la Corte Suprema que Kirchner nombró en el proceso de reforma de ese cuerpo profesen una obediencia enfermiza al Poder Ejecutivo.

    Es cierto que esos magistrados, a los que deben sumarse los que mantuvieron sus puestos por no ser considerados de la «mayoría automática de Carlos Menem», deciden o demoran decisiones de acuerdo a principios que, en ocasiones, no responden a un mera lógica judicial, sino a necesidades básicas de subsistencia del Estado, por ejemplo, en casos como la pesificación.  

  • Garante
  • Pero ni siquiera puede cuestionarse con seriedad una actitud de ese tipo cuando se sabe que en cualquier país del mundo la Corte Suprema más que un órgano judicial puro es el garante del mantenimiento de la unidad y el orden del Estado. En ese sentido, sería un cuerpo político por excelencia. Después de todo, no debe olvidarse que la Constitución nacional es, de acuerdo con un amplio consenso doctrinario y no sólo de teóricos argentinos, lo que los jueces dicen que es.

    Kirchner pasó indemne todo ese proceso de nombramiento de nuevos ministros de la Corte; las posiciones de Eugenio Zaffaroni o Helena Highton de Nolasco ayudaron a que no cargara con el costo de asignarle una Corte propia. Pero con la ley que se votará hoy, todo puede cambiar. Radicales, peronistas disidentes y aristas se cansaron en la última semana de contar anécdotas sobre el funcionamiento de la Justicia en la provincia de Santa Cruz durante la gobernación Kirchner, un aspecto que desde la campaña electoral de 2003 se había mantenido en las anécdotas de reductos opositores, pero que no había traspasado al gran público.

    La fastuosa exposición de poder que hoy demostrará el kirchnerismo para conseguir la votación de la ley será el mejor reflector para poner a la vista los efectos más perniciosos de una Justicia controlada. Lo dirán hasta el hartazgo en el recinto Carrió, el radical Fernando Chironi o Hermes Binner durante horas de exposiciones.

    Argumentos para sospechar un manejo de jueces el gobierno ya dio: nombró anticipadamente en el Consejo de la Magistratura a representantes que parecen comisarios políticos más que analistas de la conducta de magistrados: Carlos Kunkel, Diana Conti, Miguel Pichetto y Nicolás Fernández. Sería difícil encontrar un cuarteto más oficialista en el Congreso.

    Así, actúe o no para manejar nombramientos de magistrados, Kirchner pagará popularmente desde ahora cualquier costo por errores u omisiones que cometa la Justicia, incluso aunque no tenga responsabilidad con el hipotético entuerto.

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