Escuchas ilegales: Investigadora desistió de avanzar en juicio político contra Macri. Van por Montenegro

Ayer venció el plazo que había puesto la Comisión para que sus miembros entregaran los dictámenes.

Los bloques de la oposición porteña acordaron por amplia mayoría dejar de lado la posibilidad de reclamar juicio político contra el jefe de Gobierno comunal, Mauricio Macri, en una reunión celebrada este miércoles al cabo de la investigación por el caso de las escuchas ilegales.

Con excepción de Marcelo Parrilli, quien sí recomendó avanzar con un pedido de enjuiciamiento contra Macri por "mal desempeño de sus funciones", los opositores prepararon un dictamen en el que cuestionan duramente la tarea del funcionario, aunque sin redoblar la apuesta como el diputado del MST.

Los 12 legisladores de la oposición que integraron la Comisión Investigadora Especial junto a cinco diputados oficialistas, del PRO, también acordaron -por unanimidad- solicitar la remoción de su cargo del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, y de la cúpula de la Policía Metropolitana, encabezada por Eugenio Burzaco.

Los diputados se reunieron por la tarde en la Legislatura con el propósito de unificar sus recomendaciones al término de la pesquisa, que buscó determinar la responsabilidad política de Macri y otros funcionarios de su gestión en el caso por las escuchas ilegales.

Ocurre que este miércoles venció el plazo que había puesto la Comisión para que sus miembros entregaran los dictámenes y los opositores acordaron una presentación conjunta, según afirmó el presidente de ese cuerpo, Martín Hourest.

El diputado de Igualdad Social también dijo que "la oposición garantizará el quórum" en la sesión especial de mañana (a partir de las 15:00) en el Parlamento comunal, donde los legisladores discutirán las recomendaciones.

En tanto, a las 14:00, está previsto que la oposición brinde una conferencia de prensa, antes de ingresar al recinto para fundamentar su dictamen conjunto.

El oficialismo, por su parte, rechazará cualquier pedido de remoción de funcionarios porteño e insistirá en vincular el caso a "una operación" kirchnerista para esmerilar la imagen de Macri con vistas al año electoral de 2011.

El magistrado se encarga de llevar adelante la causa judicial, cuya instrucción motivó a los diputados opositores a realizar su propia pesquisa en la Legislatura.

El dictamen de los integrantes del bloque PRO, Cristian Ritondo, Martín Borrelli, Martín Ocampo, Fernando De Andreis y Lidia Saya, endilgaron responsabilidad por el armado de las escuchas ilegales a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), de acuerdo con las pruebas que dijeron haber recabado durante el proceso de investigación.

En este marco, solicitan a la presidenta Cristina Kirchner que releve "inmediatamente" de sus funciones al frente de la SIDE a Héctor Izcazuriaga y Francisco Larcher.

En cambio, los diputados opositores de la Comisión (Hourest, Raúl Fernández, Gabriela Cerruti, Fernando Sánchez, Parrilli, Diego Kravetz, Juan Cabandié, Eduardo Epszteyn, Fabio Basteiro, Julián D Angelo, Antonio Campos y Daniel Amoroso) elaboraron un dictamen en el que piden la remoción de Montenegro y de la cúpula de la Policía comunal.

"Se recomienda (...) pedir la renuncia inmediata a su cargo al ministro Guillermo Montenegro y la reformulación de la cúpula policial a fin de quitar todo vestigio del autogobierno policial que fuera establecido en la creación y conformación de la Policía Metropolitana", detalló el texto.

En su dictamen, de más de 200 páginas, fustigaron también a Macri por "graves negligencias" en el desempeño de su funciones y en el control de gestión de las carteras de Justicia y Seguridad y de Educación de la Ciudad.

Además, piden a la Legislatura que sancione una ley que logre precisar el alcance que tiene el artículo 92 de la Constitución porteña, que establece las causas por las cuales un jefe comunal puede ser destituido.

La creación de una Oficina Anticorrupción porteña, de una base pública de empleados, un Observatorio de la violencia y el delito en el ámbito de la Ciudad y de un Mecanismo Local de Prevención de la Tortura también figuran entre sus recomendaciones, al igual que la necesidad de modificar las leyes sobre seguridad.