Estalló la CGT

Hugo Moyano

La separación del sector de los «gordos» del resto de la CGT es un desenlace inexorable para la crisis actual de la central obrera. Sin embargo, todavía no está claro cuál será la dimensión del conflicto. Armando Cavalieri, Oscar Lescano, Carlos West Ocampo y el resto del sector disidente llevan décadas de entrenamiento en conspiraciones, picardías, generación de daño. De esas mentes, Hugo Moyano, la víctima de tales maquinaciones, puede esperar grandes productos. El tampoco les va a la zaga. El plan inicial de la conducción sindical era desgajar a los «gordos» produciéndoles una baja importante: la de Cavalieri. El jueves pasado se llegó a una última negociación, fracasada, para que el titular de Empleados de Comercio se quedara en el consejo directivo. No lo consiguieron. Cavalieri fue leal a su grupo y esto es, de por sí, una noticia. Al contrario, el gremialista mercantil aportó a la estrategia de su sector, cuyo objetivo principal es retirarse debilitando todo lo posible la legitimidad de Moyano como líder único de la central.

Una de las vías para alcanzar esa meta es, según se razonaba anoche en uno de los tantos conciliábulos de estos secesionistas, el reclamo para la convocatoria a un congreso de la CGT. Hasta ahora, la unificación del mando sindical bajo la batuta única del inestable Moyano iba a ser una decisión del consejo directivo de la organización. Es decir, todos los secretarios que integran la conducción proclamarían al camionero como secretario general único de la CGT.

Para los «gordos», ese método tenía sentido cuando el poder del camionero era la expresión de un consenso absoluto dentro del grupo. Ahora, con ellos en la vereda de enfrente, exigen otro procedimiento, más formal y apegado a la ley.

Quieren que se convoque a un congreso para julio y que en esa asamblea se voten las distintas postulaciones para comandar la CGT. Cavalieri, Lescano, West y los gremialistas que los acompañan saben que no están en condiciones de imponerse en ese congreso. Controlarían poco más de un centenar de delegados en un cuerpo que cuenta con 900 congresistas. Pero el interés no es construir una conducción alternativa, sino dañar a la que aparece como inevitable.

• Condicionamiento

Desde el sector oficial, cuyo comando ejercen Moyano, Juan Manuel Palacios, José Luis Lingieri, Luis Barrionuevo, Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez, han comenzado a sentir el condicionamiento de los adversarios. Por ejemplo: ya se descartóla idea de encaramar a Moyano en la conducción única antes de que se cumpla el plazo pactado el día de la unificación sindical, que fue el 14 de julio del año pasado. Ahora, ante el acoso «gordo», esperarán al 14 de julio para que el consejo (no un congreso) consagre al camionero.

Esta decisión, que hasta ayer parecía inflexible, abrirá el camino a una impugnación judicial de los adversarios de Moyano. Irán a la Justicia, cuestionarán su conducción y, sobre todo, pondrán una sombra de duda sobre la legalidad de todo lo que decida la nueva jefatura unificada. En especial, los cambios de encuadramientos de afiliados que dictamine la Comisión Arbitral, presidida por el grecorromano Oscar Mangone. Allí, en ese comité, se discute a qué sindicato deben estar afiliados los trabajadores. Los últimos dictámenes fueron contrarios a Cavalieri y favorables a Moyano (el caso más notorio fue el de Supermercados Coto). El sindicalista mercantil fue ya amenazado con 100 debates sobre la jurisdicción de su gremio. Para los «gordos», se trata de una modificación estructural del modelo sindical argentino, ya que supone terminar con la afiliación por actividad principal de la empresa en la que cada trabajador está empleado.

La convocatoria a un congresopuede ser un arma letal de los «gordos». Incluso, autoagresiva. Siempre que se reunió esa asamblea fue en un marco de unidad. La razón es simple: nadie está en condiciones de demostrar que el número de congresistas que posee refleja correctamente la cantidad de afiliados de su sindicato. Los padrones de las organizaciones gremiales están desactualizados y difícilmente registran la caída en el nivel de empleo que se produjo en la Argentina en los '90. Es una cuestión delicada, que difícilmente quieran tocar los gremialistas: una revisión del número real de afiliados podría significar una disminución de los subsidios que reciben para sus obras sociales, es decir, afectaría directamente sus «cajas».