Fiscales piden destitución y 10 años de inhabilitación

Política

Los diputados-fiscales de la Comisión de Juicio Político de la Legislatura porteña solicitaron ayer en sus alegatos la destitución del suspendido jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, y la accesoria máxima de diez años de inhabilitación para el ejercicio en cargos públicos por mal desempeño en el caso Cromañón. Sin sorpresas en las argumentaciones, Jorge Enríquez (Unidad Republicana-Macri), Rubén Devoto ( Izquierda) y Jorge San Martino (Recrear-Macri) dedicaron el preámbulo de sus lecturas a refutar las declaraciones de Ibarra ante movileros, referidasa que el juicio en su contra implicaría un «golpe institucional», entre otros dichos.

Con un retraso de cincuenta minutos y en medio del fuerte operativo de seguridad que la Legislatura suele armar para este tipo de ocasiones, con gran despliegue de policías y un vallado perimetral de una cuadra a la redonda, comenzaron en la mañana de ayer los alegatos de los fiscales. En las bandejas, siguieron las oratorias medio centenar de padres y también un grupo reducido de seguidores de Ibarra, atentos a los 40 minutos que le llevó a Enríquez pronunciar su acusación y algo más a Devoto, que insumió parte del tiempo que correspondía al último expositor, San Martino, que comenzaron a las 9.50. Todos los diputados de la Sala Juzgadora estuvieron presentes. Incluso llamó la atención ver sentado en su banca al zamorista Gerardo Romagnoli, quien públicamente había anticipado su abandono de esa función, lo que alentó las especulaciones sobre lo que será el final del juicio. (Ver nota aparte.)

Los fiscales consideraron probado el presunto mal desempeño de Ibarra en los cargos que surgieron del dictamen de la comisión investigadora especial de la Legislatura, los que fueron tomados luego por la Sala Acusadora. Esos cargos están relacionados, para los tres diputados que sostuvieron la acusación, con la desarticulación de la vieja unidad de inspectores que hizo Ibarra en su gestión anterior y que habría dejado a la Ciudad con controles ineficientes; con la atención del Sistema de Emergencias Médicas (SAME) a las víctimas y con la supuesta omisión del Gobierno porteño a «las alertas institucionales» que provinieron especialmente de la Defensoría del Pueblo y la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Esos fueron los tres temas principales que tomaron los diputados fiscales para pedir la destitución de Ibarra, que la Sala Juzgadora resolverá la semana próxima. Enríquez, a modo de introducción, sostuvo que «la estrategia del suspendido jefe de Gobierno y su nutrido equipo de defensores jurídicos y mediáticos fue clara desde el principio: deslegitimar este procedimiento constitucional. No pasó un solo día sin que algún miembro de esa brigada no fatigara los programas de radio y televisión alertando sobre los vicios procesales que tornarían nulo este juicio político».

El legislador explicó a la Sala que «entre las nulidades alegadas por la defensa y sus corifeos, merece destacarse la fundada en la ausencia de cargos con la que estaría viciada la acusación. Se intentó, por ejemplo, desconocer la validez de lo resuelto por la Sala Acusadora al habilitar este juicio, ya que se sostenía que sólo se había votado el mal desempeño y no cada uno de los cargos de la imputación». Luego remarcó que «por si la Defensa no lo ha advertido, estamos en presencia de un juicio político, con propósitos políticos, promovido por culpas políticas, cuya consideración incumbe a un cuerpo político, y con efectos políticos». Enríquez finalizó con su convicción sobre que Ibarra «ha incurrido en mal desempeño de sus funciones, y que sus actos y omisiones fueron decisivos para la ocurrencia de la tragedia de Cromañón».

Puso como «evidencia de esa inactividad, esa constante negligencia, ese obrar más atento a los flashes de las cámaras», dijo luego de enumerar lo que consideró desaciertos en el manejo de los controles que, según cree, podrían haber evitado el trágico accidente donde la noche del 30 de diciembre de 2004 murieron 193 personas.

• «Corrupción estructural»

Devoto a su turno leyó ocho páginas en las que acusó al Gobierno de Ibarra de «corrupción estructural», y aseguró que la tragedia «no fue un accidente». El izquierdista dijo que «no le voy a permitir a Ibarra que diga que Cromañón fue un accidente en un lugar privado sin solución. ¡No tiene vergüenza! El lugar privado lo debía controlar el Estado». Aludió luego al nombramiento de funcionarios que consideró del grupo íntimo del jefe de Gobierno suspendido, que según estimó « centralizaron la corrupción» en el área de controles. Dijo que «hay un nexo entre la trama corrupta de no control a los empresarios amigos y la improvisación y el desastre en la emergencia». Devoto dijo que es Ibarra «el que tiene que demostrar» que no hubo corrupción que permitiera que se desatara la tragedia.

Ultimo en la exposición y con la bondad del presidente de la Sala,
Julio Maier, que no lo obligó a respetar el tiempo acordado, San Martino versó sobre las advertencias de informes de la defensoría y la auditoría general de la ciudad que habría omitido el jefe porteño suspendido. «Con un gobierno eficaz el hecho trágico del 30 de diciembre podría haberse evitado», sostuvo el legislador de Recrear. En su acusación, el fiscal indicó que las auditorías que fueren obstruidas en el año 2004 son continuación de las mismas que fueren obstruidas durante los años 2002 y 2003: «Y eso es, señores diputados, una política obstruccionista y carente de transparencia» Por otra parte acusó al gobierno de Ibarra de desatender advertencias.

Tras finalizar
San Martino, la Sala pasó a un cuarto intermedio hasta las cuatro de la tarde para escuchar los alegatos de la defensa y las palabras finales de Ibarra, quien no estuvo presente durante los discursos de la fiscalía.

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