22 de enero 2002 - 00:00

Gobernadores PJ reclaman hoy que deudas con los bancos pasen a pesos

Las provincias gobernadas por el peronismo, que hoy reunirán a sus ministros de Economía en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), se preparan para cargar sobre el gobierno en varios temas que consideran clave para el desenvolvimiento financiero del presente año. Los mandatarios que se identifican con el llamado Frente Federal (los distritos menos poblados) recibirán hoy un primer informe de situación, cuando se reúnan en la Casa de la Provincia de Formosa. Las conclusiones se trasladarán al plenario de gobernadores de todos los signos, mañana en el mismo lugar. La agenda comprende los siguientes puntos: relación Nación-provincias, cumplimiento de los compromisos federales, coparticipación federal 2002, deudas financieras y presupuesto nacional.

Los gobernadores consideran que la desigualdad entre Nación y provincias es manifiesta a partir de la autorización que ha recibido el Banco Central para emitir moneda, de la cual quedaron afuera. Se quejan de que son ahora socios en lo chico y no en las grandes decisiones. Aluden al voto favorable de diputados y senadores del interior al aprobar la modificación de la carta orgánica del BCRA, y a la emisión de $ 3.000 millones que han anticipado fuentes de Economía. Desde Córdoba se recordó que José Manuel de la Sota hizo una propuesta, para facilitar la monetización de las provincias, que consiste en convertir el certificado escritural a 10 años comprometido en el último pacto federal, donde se les reconoció el 3 por ciento que les había descontado Domingo Cavallo, en la emisión de $ 1.200 millones en LECOP a través del fondo fiduciario. El ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, quedó en darles una respuesta que aún los gobernadores se quejan de que siguen sin recibir.

Con respecto a las deudas financieras que cada provincia tiene con bancos diversos, admiten que en la última renegociación hubo una promesa del gobierno de bajar los intereses a 7 por ciento. Se quejan de que siguen sin firmar los convenios, con el agravante de que ahora están dolarizados, y a 7 por ciento es gravoso. El reclamo tiene que ver con el pedido hecho de pesificación de esas deudas, que pedirán que se haga en una relación de 1 a 1, y no de 1 a 1,40, que es la relación de cambio oficial entre peso y dólar impuesta desde el gobierno. Por otra parte, se preguntó el mandatario consultado: «La Nación se declaró en default, suspendiendo el pago de los intereses de la deuda, ¿y nosotros qué?; ¿debemos seguir pagando?», se quejó un ministro de Economía.

Finalmente, de las rondas de consultas y diálogo que han mantenido los gobernadores y sus ministros de Economía, no les ha quedado clara cuál es la postura del gobierno. Eduardo Duhalde, en Olivos, les aseguró a varios de ellos que estarán asegurados los fondos para pagar los sueldos. El jefe del Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, lo mismo que Remes Lenicov, les anticiparon que «no está asegurado el piso de la coparticipación» -$ 1.364 millones mensuales menos 13 por ciento-, advirtiendo que los sueldos pueden cubrirse con 60 por ciento de esa suma. «El resto lo necesitamos para mantener el ritmo de la obra pública, que nos permite mantener porcentajes de ocupación razonables», reflexionó otro de una provincia más ordenada, apuntando a la necesidad de contener a los sectores más carenciados.

Si, como les anticipó Capitanich, quedó firme que el impuesto al cheque no será coparticipado hasta 2031, y en diciembre pasado se recibió casi 50 por ciento menos de coparticipación, con la baja de la recaudación fiscal observada en enero, están seguros de que los fondos que se envíen serán cada vez menores. Algunas provincias sin deudas -caso San Luis, por ejemplo- reclamarán que ese 13 por ciento de descuento en los $ 1.364 millones les sea abonado con títulos o LETES, de modo de atenuar la baja de ingresos. Resuena en los oídos de todos ellos la advertencia coincidente de Duhalde, Capitanich y Remes Lenicov en Olivos: «No hay piso para la coparticipación», cuando les aseguraron que las prioridades serán «la masa salarial y la asistencia social». Hasta ahora no recibieron nada.

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