Gobierno se sintió víctima del caso

La noticia llevó un vendaval a la Casa de Gobierno y deprimió a todos. Cuando descorchaban por la baja del riesgo-país y la suba de algunos títulos clave como el FRB, un papelito que le acercaron al Presidente entre dos entrevistas lo volteó en el sillón (de Rivadavia, debe decirse aquí). El fiscal Carlos Stornelli pedía que el juez Jorge Urso lo citase a Carlos Menem nada menos que como jefe de una asociación ilícita integrada por el riojano cuando era presidente y con sus ministros del gabinete como cómplices en el tráfico de armas a zonas de guerra bajo embargo internacional.

Esa preocupación la pudo conocer Menem cuando habló por teléfono la semana pasada con De la Rúa sobre las condiciones de detención de Emir Yoma. Anoche, además, comenzó a circular la versión de que después de ese llamado, antes de que el presidente viajase a Canadá, hubo un secretísimo encuentro personal entre los dos. De esos contactos, concluyó el ex mandatario: «De la Rúa se está portando bien en esto. No tiene nada que ver con el caso».

El Presidente conserva el olfato para ciertas presas y lo dijo en el acto a los dos secretarios presidenciales con quienes esperaba a la gobernadora general del Canadá: esto perjudica al gobierno. Es lo que menos nos conviene hoy, que en el extranjero aparezca un ex presidente como Menem mezclado en esto, citado o detenido.

En la casa de la calle Echeverría, donde prepara su mudanza para irse a vivir a su nuevo chalet nupcial de San Isidro, Menem recibió la noticia con igual preocupación. Su temperamento le permitió, sin embargo, una broma a un sindicalista que lo llamó por teléfono: «En una de ésas me viene bien unos días detenido, la última vez que estuve preso terminé presidente».

La novedad era esperaba por muchos desde que la Cámara de la Capital Federal le ordenó hace un mes y medio a Urso que investigase el caso armas «hacia arriba», es decir hacia las responsabilidades de los demás ministros del anterior gobierno (entre ellos Domingo Cavallo) y el ex presidente.

Hace dos domingos el pánico creció en gobierno y oposición cuando Urso detuvo con escándalo y de madrugada a Emir Yoma.

Cavallo ahora se muerde la lengua por haber dicho «Yoma es Menem».

En un aparte de la reunión con gobernadores peronistas del lunes, Cavallo se mostró muy preocupado por esta eventualidad. No sólo defendió a Menem hasta en sus consejos de compra de dólares («no tienen importancia», dijo). También se esmeró por explicarles que nada más lejos del gobierno que querer meterse con Menem en el tema armas. «Lo conozco a De la Rúa hace 30 años y sé que como presidente nunca haría nada para perjudicar a un Menem en esa situación». Como todo el gobierno, cargó el ministro -que puede ser citado por Urso si prospera el pedido del fiscal-contra la figura de la asociación ilícita. «Es un disparate usar esa figura creada para combatir contra las mafias, los jueces la usan para meter presa a la gente, pero no se debería aplicar nunca a estos casos», explicó Cavallo cual instruido abogado.

El cuadro recrudeció ayer:

En el peronismo se produjo un allanamiento inmediato de las internas. Carlos Ruckauf y Eduardo Duhalde se comprometieron a no abrir la boca para no perjudicarlo a Menem, pese a sus disidencias. El Congreso se paralizó y el ex presidente confía hoy en presidir la sesión de la cúpula del PJ más concurrida y plural de su historia reciente.

Muchos miran con cariño -en especial los menemistas-la idea de que este episodio termine beneficiando al ex presidente. Por eso se hablaba anoche de un inminente «17 de octubre» si Menem es detenido. Por las dudas, una columna de militantes lo acompañará el día que sea citado, en la eventualidad de que Urso le haga caso a Stornelli. La estrategia del peronismo es clara: politizar el caso al máximo, lo cual lo lleva a una confrontación no sólo con la Justicia sino contra el gobierno, que es a quien se le reprochará la suerte del ex presidente.

Con menos cariño miran algunos a Miguel Angel Toma, a quien se atribuye la responsabilidad de que Urso sea juez. Quienes conocen al diputado porteño recuerdan que Urso habría tramitado, siendo abogado antes que magistrado, una separación matrimonial de Toma. Este se ha ocupado de aclarar que no tiene la relación con Urso que le atribuyen. Entre otros se lo explicó al propio Menem la semana anterior en un café de dos horas que compartieron en la casa del ex presidente.

En el gobierno creen que esta crisis pone a prueba la envergadura del poder político. Si esto pasaba en una provincia con un gobernador o un ex gobernador con poder, argumentaba anoche un ministro del Poder Ejecutivo, esto se arregla rápido con un pedido de juicio político al fiscal o al juez. La frase, ciertamente canalla, encierra una verdad: la crisis que a los efectos de estas miserabilidades produce un ejercicio del Ministerio de Justicia como el de Jorge de la Rúa, que escapa al estilo de «conversar» la Justicia como se dice ocurría en la era de las servilletas.

En el gobierno desde la detención de Emir Yoma, que nadie esperó ocurriese alguna vez, el caso armas tiene señales amargas. Hay quienes lamentan que cuando la Cámara o la Corte lo liberen a Yoma el público que festejó esta detención lo va a acusar al gobierno de manipular la Justicia en favor de un pacto de impunidad que denunciará, seguramente, la Elisa Carrió del momento, o la propia que hoy circula. Otros, más cerca de la intimidad presidencial, sintieron un frío en la espalda. Quienes le acercan papeles a De la Rúa para su firma ven que ahora acusan de asociación ilícita a un presidente por la falsedad de los decretos que le llevan sus amanuenses como buenos y prolijos. Esa es la causa, entre otras, que anoche el presidente postergase para otro momento, más calmo, la firma del decreto de destitución de Pedro Pou en el Banco Central.