El duhaldismo trasladó la interna con Néstor Kirchner a la renegociación de contratos con las privatizadas: la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo, donde domina el PJ bonaerense, dispuso controlar los acuerdos entre la Nación y las empresas de servicios públicos aun cuando tengan carácter transitorio. Avanzaron así sobre un terreno que inquieta a usuarios y consumidores, y es seguido con mucha atención por el Fondo Monetario.
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La dependencia que integran diputados y senadores le ganó una pulseada clave al Presidente, quien pretendía excluir los pactos temporarios del régimen establecido por el artículo 4 de la Ley 25.790. Esta norma, que regula los contratos en general, establece que el Congreso dispone de un plazo de 60 días corridos para revisar y aprobar o rechazar lo que firma el PEN en la materia.
El gobierno de Kirchner quería que la ley sólo se aplicara a los acuerdos de fondo. En definitiva, exigían a la Bicameral que encabeza el senador radical Ernesto Sanz (Mendoza) que convenios como el que se acaba de suscribir con Aguas Argentinas quedara fuera del control parlamentario. El mismo esquema de negociación transitoria puede aplicarse al resto de las privatizadas, de manera tal de patear las renegociaciones hasta el año que viene.
De esta forma, siguiendo los deseos de Kirchner, la comisión, y por lo tanto el Congreso, no iba a tener que pronunciarse sobre los pasos gubernamentales en el sector de servicios públicos.
Diputados y senadores fijaron una posición contraria al gabinete nacional y ya comenzaron a analizar el texto que se acordó con Aguas Argentinas. Los plazos comenzaron a correr desde el martes pasado, una vez que el paper ingresó a la Casa de las Leyes. Durante una deliberación celebrada el último jueves, los duhaldistas hicieron saber que no llegaron a esta comisión, precisamente, porque estén dispuestos a mirar de brazos cruzados cómo actúa el PEN.
• Plazo
El peronismo provincial y sus amigos hegemonizan la Bicameral vía las senadoras Mabel Müller y María Laura Leguizamón, así como los diputados Hugo Toledo y Graciela Camaño, vicepresidenta de esta oficina.
Así las cosas, e influidos por la puja entre Eduardo Duhalde y el primer mandatario, se dieron 30 días en la Bicameral para emitir dictamen. Los 30 días siguientes, tal cual marca la legislación vigente, serán destinados al tratamiento en el plenario de los acuerdos. El despacho deberá estar listo, entonces, antes del 14 de julio; en tanto que la fecha de vencimiento para el tratamiento en los respectivos hemiciclos será el 13 de agosto. En el supuesto de que hubiere silencio de diputados o senadores, o bien que no se llegara a tiempo a estudiar y votar el acuerdo en los 60 días que marca la ley, se considerará, de hecho, ratificado el convenio.
En el caso de Aguas Argentinas todo hace prever que habrá un dictamen mayoritario favorable. Sin embargo, la decisión de poner bajo la lupa cualquier renegociación que encare la administración Kirchner revela la determinación del duhaldismo a ponerle límites al gobierno en esta materia tan sensible que incluye, nada menos, la posibilidad de retocar tarifas.
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