Inexplicable compra de armas para ser usadas por funcionarios

Parece nimia la imputación, pero muestra un exceso del ejercicio de los poderes del Estado: documentos del Ministerio de Defensa revelan que esa cartera ordenó comprar 10 modernas pistolas Glock 9 milímetros (pueden disparar hasta 22 proyectiles por segundo) a la empresa austríaca que las fabrica. Tareapoco sencilla: debido a las restricciones que existen para la venta de estas armas con tanto poder de fuego, sólo una certificación del ministerio argentino permitió que la intermediaria (Full Metal SA) concretara la operación. El pedidooficial fue realizado al Ministerio de Economía y Trabajo de Austria por parte de José Pampuro, a través del organismo específico bajo su cargo (el RENAR), cuestión sensible debido a que está prohibido el uso y tenencia de ese tipo de Glock, ya que son de uso exclusivo para instituciones armadas. Pero, y he aquí el problema, esas poderosas armas se repartieron entre dos ministros, un juez, un procurador, dos funcionarios y un amigo de éstos. Por si no alcanzara la permisividad, el precio pagado resultó una bicoca: 315 dólares cada pistola, casi un favor, ya que esos prodigios -la Glock convencional es el arma oficial de los agentes especiales del FBI- en el mercado se cotizan a una cifra varias veces superior. Además están fabricadas de un material plástico que no detectan los escáneres. Aunque el destino personal no era lo que exigen las normas, el ministro Pampuro -Resolución 1.386- autorizó la transferencia y compra a sí mismo, a su segundo en la cartera (Jaime Garreta) también al director del RENAR (Juan Carlos Ramos), a quien lo secunda (Narciso Angeletti), al juez federal Claudio Bonadío (un amante de estos materiales sofisticados), al procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino (quizás para amedrentar rivales en sus perdidos juicios del CIADI), y a un empresario amigo de los funcionarios de apellido Otero. De acuerdo con quienes plantean estas acusaciones, también fue beneficiado por otra circular del ministro su colega del Interior, Aníbal Fernández, de la entrega de esta arma a precio de oferta. Posiblemente, le toca ahora a Pampuro explicar el motivo del privilegio que se autoimpuso, que repartió además entre funcionarios y conocidos, del cual quizá la Justicia le reclame algo más que aclaraciones.