Inquietud militar por derogación de leyes

Esta semana se espera que el juez de la Capital Federal Gabriel Cavallo dé a conocer un fallo donde se declara la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final para un solo caso de secuestro de menores y de mayores durante el Proceso militar.

La medida no se hará extensiva al resto de las causas judiciales porque ya existe un pronunciamiento de la Corte que avala la vigencia de esta norma. El caso preocupa al gobierno por la intranquilidad que genera en las Fuerzas Armadas, aunque en la actualidad, sólo un mínimo porcentaje de oficiales o suboficiales en actividad podrían encontrarse comprometidos. Esas leyes impidieron el enjuiciamiento de miles de oficiales y suboficiales por sostener que actuaron bajo el precepto extremadamente riguroso para la Justicia militar de la obediencia a la orden emitida por el superior.

Cavallo, quien fue bajado del primero al cuarto lugar por la comisión de Preselección del Consejo de la Magistratura para cubrir la vacante de camarista federal, destacó dos secretarios letrados contratados específicamente para analizar estas leyes que fueron sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín para ponerle un freno a los juicios que se multiplicaron contra los miembros de las Fuerzas Armadas por sus presuntas violaciones a los Derechos Humanos durante el Proceso militar. Esas leyes que promulgó Alfonsín como parte de las negociaciones para aplacar el levantamiento de Semana Santa que comandó el actual intendente de San Miguel, Aldo Rico, cortaron la posibilidad de continuar las investigaciones contra militares salvo para aquellos casos donde se secuestraron menores nacidos en cautiverio y cuyos padres desaparecieron en los centros clandestinos de detención.

Con ese argumento el CELS (Consejo de Estudios Legales y Sociales) que se encarga de defender y patrocinar casos de personas desaparecidas durante el gobierno militar presentó una denuncia contra el ex oficial de la Policía Federal Juan Antonio del Cerro, alias «Colores» y el ex paramilitarJulio Simón, alias el «Turco Julián». La denuncia se presentó ante la Cámara Federal Porteña y pidió la inconstitucionalidad de esas leyes porque entendieron que en este caso no sólo fueron secuestrados dos menores sino también sus padres. El dictamen de Cavallo daría la razón al planteamiento del CELS, pero limitado a este caso solamente y sin entrar en consideraciones con relación a la naturaleza de esas leyes.

Al trascender la decisión de Cavallo -este diario lo anticipó en sus Charlas de Quincho-unos 700 oficiales del Ejército con su jefe de Estado mayor, general Ricardo Brinzoni a la cabeza le pidieron a la subsecretaría de Derechos Humanos, a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) y al mencionado CELS si sus nombres figuran como presuntos represores y con denuncias judiciales en su contra en base a lo establecido en la ley de Habeas Data que le permite a cada ciudadano averiguar si figura en alguna base de datos y los motivos que lo incluyeron.