No es casual que el principal mensaje que emite el gobierno en el lanzamiento de su plan social, destinado a jefes y jefas de hogar, sea la prevención sobre posibles disgustos, derivados de irregularidades que se cometan en la administración de los recursos por falta de control. Los expertos en políticas sociales admiten que un programa tan ambicioso como el que aspira a dar $ 150 a 1.200.000 personas sin empleo y con familia a cargo, en medio de la emergencia, es una experiencia inédita en el país. Para advertir esta peculiaridad hay que recordar que el récord de planes Trabajar entregados en la Argentina fue de 250.000, que el seguro de desempleo registra hoy 100.000 prestaciones y que las pensiones no contributivas son, en todas sus especies, 350.000. El volumen de prestaciones previstas por el plan de jefes y jefas de hogar supone, por lo visto, una escala poco usual en el país y de allí las controversias, que conviene repasar:
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• La primera dificultad que se le imputa a la administración del plan social de Eduardo y Chiche Duhalde es que sólo requiere, para acceder al dinero, de una declaración jurada de falta de empleo. En un país en el que 30% de la fuerza laboral es informal (trabajadores que cobran total o parcialmente «en negro») es difícil verificar el carácter de desocupado de quien pide la ayuda.
• La idea de algunos funcionarios según la cual habría que divulgar los listados de beneficiarios para que exista un control social sobre quienes reciben los $ 150 mensuales resulta utópica o peligrosa: no sólo poca gente leería esos listados colgados en lugares públicos, sino que las denuncias podrían derivar también en hechos violentos provocados por quienes resulten descubiertos como falsos desocupados (muchos de los cuales, seguramente, están también en la indigencia).
• El temor del gobierno es que estas dificultades se aprovechen para inflar deliberadamente la demanda de prestaciones. Más por prevención que porque hayan detectado alguna desviación, desde las oficinas del Ejecutivo comenzaron a acusar a «los gobernadores», imprecisamente, de engordar sus padrones de desocupados. A su vez, los mandatarios se quejan de que el duhaldismo haya diversificado las « bocas de expendio» del « plan jefes» (denominación del nuevo programa que el duhaldismo, estructura verticalizada como pocas, aprecia especialmente). Lamentan, concretamente, que haya organizaciones no gubernamentales ligadas a la Iglesia e inclusive asociaciones de piqueteros, que también están en condiciones de repartir los $ 150 por mes.
• La aparición de estas instituciones, más o menos formales, desató, previsiblemente, la codicia de una organización que no fue convocada para repartir esta asistencia: los sindicalistas. Ellos ya comenzaron a golpear la puerta del gobierno imaginando mil «martingalas» para sacar provecho de un sistema tan poco estricto en materia de control.
• Otros insatisfechos son los diputados y senadores peronistas de provincias administradas por el PJ. Se quejan de que Duhalde haya derivado a los mandatarios el reparto de este beneficio que los deja a ellos sin ningún tipo de ventaja frente al electorado. Un senador en esa situación agregó: «Además, corro el riesgo de que cuando se le acabe la plata al gobernador radical, me mande la gente a mí porque, para todo el mundo, soy el hombre de Duhalde en la provincia».
• Como queda claro, por las observaciones anteriores, manejar este programa requerirá del gobierno una gran habilidad. Duhalde ya se dio cuenta y hasta su esposa Chiche debió admitirlo. Por eso, contra toda lógica aparente, sacaron el plan «jefes y jefas» del área de Desarrollo Social y lo radicaron en Trabajo. Allí administran esta política el titular de la cartera, Alfredo Atanasof y Leonardo Di Pietro, encargado de las políticas sociales en el otro ministerio. En rigor, se trató de evitar la intervención de «Chichi» Doga, la ministra, quien es muy leal y también poco experta en cuestiones de administración y política social. Una derrota para Chiche, quien debió allanarse a las dificultades del momento que exigen la aparición de viejos lobos para el manejo de la crisis.
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