Una investigación judicial sobre la forma en que el diputado santiagueño José María Cantos obtuvo su banca, podría embarcar al Congreso en un verdadero escándalo institucional si se comprueba -como se denunció- que hubo irregularidades en la designación del legislador nacional.
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La Justicia electoral investiga cómo hizo Cantos para jurar sin que se haya analizado su pliego y evaluado siete impugnaciones que pesaban en su contra en la Comisión de Petición, Poderes y Reglamentos de la Cámara de Diputados. La pesquisa está comandada por la jueza electoral María Servini de Cubría a partir de la denuncia del diputado nacional suplente, Eduardo Clemente.
La magistrado ya le requirió al presidente de la Cámara baja, Eduardo Camaño, que explique por qué dejó jurar a Cantos sin haber aprobado el pliego. También libró un oficio a Santiago del Estero y otro a la DGI para corroborar si el actual diputado es evasor del Estado en 150 millones de pesos en concepto de tasa de Justicia. El santiagueño Cantos fue quien entabló un litigio por 2.500 millones de dólares-pesos contra el Estado nacional que duró casi 30 años. La Corte Suprema falló en su contra y lo obligó a pagar la cifra antes mencionada.
Además de ser diputado, Cantos se lanzó de lleno como candidato a gobernador de Santiago del Estero para reemplazar Carlos Juárez al frente de la gobernación en las elecciones previstas para marzo próximo. Allí se presenta como el representante del kirchnerismo con el visto bueno del interventor del PJ en esa provincia, el diputado chaqueño Rafael González. El nexo sería el influyente presidente de la Comisión de Juicio Político, el tucumano Ricardo Falú.
Hay quienes sostienen que la denuncia contra el diputado no prosperará porque la Cámara baja es único juez de la validez de los títulos de sus integrantes y es, en última instancia, la que puede aceptar o rechazar el ingreso de un miembro. Además, subrayan que por más que exista un pronunciamiento judicial será la Cámara en pleno la que determine si corresponde el desplazamiento o la expulsión de un legislador. Y reducen toda la cuestión a una disputa de política interna.
• Inhabilitado
Sin embargo, la Justicia procura establecer si es verdad que el juramento de Cantos se realizó sorteando mecanismos institucionales, que también habrían logrado evadir Carlos Ruckauf y Adolfo Rodríguez Saá.
Quienes promovieron la denuncia contra el legislador en la Justicia electoral aseguran que Cantos está inhabilitado para acceder al Congreso y, entre otras cuestiones, lo acusan de evadir impuesto al fisco, de transgredir la Ley de Radiodifusión que le impedía ser candidato siendo propietario de un multimedio.
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