Organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas apelaron ayer, bastante insólitamente, la mayoría de los procesamientos con prisión preventiva que la jueza de Instrucción Silvia Ramond les dictó a los 15 detenidos por los incidentes registrados en la Legislatura porteña el pasado 16 de julio. Los abogados de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Comisión contra la Represión Policial y el Movimiento Socialista de los Trabajadores, entre otros representantes del «progresismo» criollo, presentaron los recursos para que se revea la medida dispuesta en relación con 9 de los detenidos. Si hay detenciones, sin torturas, y accionar de jueces naturales ¿qué derecho humano se viola? Los «progres» temen que la izquierda ideologizada los desplace del gobierno, por eso, en cuanto pueden buscan reconciliarse; lo hacen aun cayendo en el ridículo.
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El pasado lunes, Ramond decretó los procesamientos en orden a los presuntos delitos de coacción agravada, daños y resistencia a la autoridad e impuso embargos de 10 mil pesos sobre los bienes de los imputados.
En las apelaciones, los abogados cuestionaron que la magistrada haya ponderado las declaraciones de policías y menospreciado las exposiciones de otros testigos ofrecidos por los defensores.
Los recursos sostuvieron, obviamente --ejercen una defensa profesional-, que Ramond fue «prejuiciosa» cuando evaluó las pruebas reunidas en el sumario y lamentaron que para dictar los procesamientos se basara en imágenes de videos que mostraban a los imputados en inmediaciones de la Legislatura «como si haber concurrido a la misma fuese un delito». ¿Por qué no esperar que lo dilucide la Justicia? ¿O hay hoy dictadura de derecha como para desconfiar?
Los planteos de las defensas coincidieron en que responsabilizar a los manifestantes por coacción agravada -cuya escala penal de 5 a 10 años impide la excarcelación-fue una «medida extrema», porque «el haber arrojado piedras contra la Legislatura» no configura ese ilícito. ¿Y la rotura de puertas? ¿Y entrar en un edificio público por la fuerza? ¿Y destrozar un auto? ¿Y romperle los dientes a trompadas a un funcionario de Alicia Kirchner?
• Controversia
Aparte, para la jueza Ramond, hubo coacción agravada porque los disturbios registrados el 16 de julio en la Legislatura impidieron que los diputados pudieran sesionar para tratar reformas al Código Contravencional.
Los defensores, en cambio, afirmaron que lo que impidió el debate «fue la propia crisis política en la que están inmersos los legisladores, por falta de acuerdo para la aprobación de las reformas reaccionarias y represivas del Código». Discutir es normal en cualquier parlamento. Están para discutir pero ¿eso justifica un ataque antidemocrático? De acuerdo con los recursos, el poco serio argumento de la defensa quedó demostrado con la frustrada reunión de ayer, en la que «tampoco se pudo sesionar, pese a que imperaba la tranquilidad y la Legislatura estaba custodiada por 1.500 efectivos policiales». Los escritos fueron presentados ante Ramond, quien aguardará que se completen las presentaciones para remitir la causa al fuero federal, tal como lo decidió el lunes en la misma resolución en la que dictó los procesamientos. Por ahora, la propuesta del «progresismo» en la Argentina es: cada vez que cualquier parlamento discuta mucho hay autorización para atacar el edificio donde sesione. Poco serio.
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