En un nuevo paso hacia la autonomía porteña, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, promulgó este viernes las leyes de creación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social (SPRS) de la Ciudad de Buenos Aires, el primero de su historia, y de la norma que regula la Ejecución de Penas, sancionadas en noviembre del año pasado por la Legislatura. Ambas iniciativas apuntan a ordenar el sistema carcelario con normas regulatorias propias del distrito. En paralelo, avanzan las obras en Marcos Paz para trasladar a detenidos de Devoto y descomprimir comisarías.
30 de enero 2026 - 18:11
Jorge Macri promulgó la creación del Servicio Penitenciario de CABA y la ley de Ejecución de Pena
El jefe de Gobierno publicó en el Boletín Oficial ambas iniciativas sancionadas por la Legislatura en noviembre, tras un amplio debate. Según afirman desde CABA, constituyen un nuevo paso hacia la autonomía.
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En un paso hacia la autonomía, la Legislatura dio luz verde a la creación del Servicio Penitenciario de CABA
La Ciudad de Buenos Aires avanza en la puesta en marcha de un sistema penitenciario propio.
La leyes 6.923 (SPRS) y 6.924 (Ejecución de Pena) fueron publicadas este viernes en el Boletín Oficial de CABA con las firmas de Macri, del jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny y de los ministros de Justicia, Gabino Tapia; y de Hacienda, Gustavo Arengo, en un nuevo paso hacia su implementación luego de haber sido aprobadas por 55 votos afirmativos y tres negativos (FIT) en la última sesión ordinaria del año tras un amplio debate en comisiones.
Qué dice la ley de Servicio Penitenciario y de Reintegración Social
La legislación define al Servicio Penitenciario y de Reintegración Social como un organismo civil, desconcentrado, especializado, jerarquizado, auxiliar del Poder Judicial, dependiente de la Jefatura de Gobierno a través del Ministerio de Justicia, cuya función es tener a cargo la custodia, guarda, el trato y el tratamiento de personas privadas de la libertad, así como el tratamiento de las personas sometidas a ejecución de penas no privativas.
Uno de los aportes más resonantes del proyecto tiene que ver con el Plan de Vida, es decir, los compromisos y objetivos acordados con las personas detenidas para lograr su reincorporación a la sociedad. La iniciativa contempla el acceso a la educación, la salud, la capacitación laboral, y la vinculación social en el marco de las metas fijadas. Durante el proceso estarán acompañados por personal interdisciplinario.
En ese marco, además de garantizar el cumplimiento de la pena, el servicio penitenciario tiene como objetivo promover "procesos formativos que contribuyen a la materialización de los objetivos acordados en el plan de vida de las personas condenadas", permitiendo el acceso a la educación, la salud, la capacitación laboral, como así también facilitando la vinculación social, con el objetivo de reducir la reincidencia y la reiterancia delictiva.
La gestión del servicio, como también los establecimientos penitenciarios que la conforman, estarán dirigidos por personal civil. De acuerdo a la ley, sus funciones deberán basarse "en el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la educación, la salud, el deporte, la cultura y el desarrollo de recursos para materializar la finalidad de la ejecución de la pena".
La ley considera a la actividad del Servicio Penitenciario y de Reintegración como "un servicio esencial del Estado", por lo cual debe garantizarse la continuidad de sus funciones, lo que incluye "el orden, la seguridad institucional y la protección integral de las personas alojadas", como también del personal del Servicio y de la sociedad misma.
Su estructura orgánica estarán compuesta de cinco dependencias. La primera de ellas es la Dirección General, que tendrá la responsabilidad de conducir, planificar, coordinar y administrar de forma operativa el Servicio Penitenciario y de Reintegración Social. Su función será ejercida por un funcionario designado por el jefe de Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia. El cargo tiene una duración de cinco años.
A su vez, por debajo de la Dirección General se ubicarán la Subdirección General, la Dirección de Seguridad Penitenciaria, la Dirección de Diagnóstico, Tratamiento y Plan de Vida y, por último, la Dirección de Recursos Humanos y Bienestar Laboral.
La ley regula la formación del futuro personal penitenciario, que se dividirá en dos cuerpos. Por un lado, estará el Cuerpo de Agentes de Seguridad Penitenciaria, una fuerza civil armada enfocada en seguridad, prevención, protección y custodia. Por otro, el Cuerpo de Agentes de Reintegración Social: personal civil profesional, técnico y administrativo enfocado en tratamiento progresivo, educación, trabajo, salud mental, vínculos familiares y el Plan de Vida.
Ley de Ejecución de Pena de CABA
En el Boletín Oficial también se publicó la Ley de Ejecución de la Pena. En el GCBA destacaron que su aplicación permitirá a la Ciudad asumir por primera vez esa competencia plena. "Su finalidad principal es que el condenado comprenda la gravedad de sus actos, respete la ley y logre la reintegración social", afirmaron. La normativa introduce innovaciones que le reconocen a la víctima el derecho a la reparación por parte de quien haya cometido el delito.
"La Ejecución de la Pena, en todos sus regímenes y modalidades, tiene por finalidad lograr que, a partir de la sanción penal, toda persona condenada adquiera la capacidad de comprender y respetar la Ley, así como también la gravedad de sus actos, procurando su adecuada reintegración social, la reparación a la víctima y la protección de la sociedad frente al delito", reza la ley.
Su alcance aplica a las personas condenadas -se encuentren privadas de la libertad o no-, así como también a las personas con prisión preventiva (siempre que no se vulnere el principio de inocencia), que se encuentren bajo la jurisdicción de la justicia penal, contravencional y de faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También abarca a quienes se desempeñen en el Servicio Penitenciario y de Reintegración Social y a las personas alojadas dentro del Servicio.
El acuerdo entre Nación y CABA por Marcos Paz
En el marco del ordenamiento de la política judicial y de seguridad, tras la aprobación de ambas leyes, el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires suscribieron un acuerdo para la entrega a la órbita de Nación de las instalaciones que CABA está construyendo en el predio de la cárcel federal de Marcos Paz, en la localidad bonaerense.
El plazo estipulado para el traspaso, según el acta firmada, es el primer cuatrimestre de este año y permitirá desalojar Devoto. Mientras tanto, siguen las negociaciones por las transferencias de las competencias penitenciarias.
El objetivo de la sanción de ambas iniciativas, como el traspaso de la cárcel, es aliviar el sobrepoblado sistema carcelario de CABA. Según cifras oficiales a las que accedió Ámbito, a mitad de enero había 2.291 detenidos en comisarías y alcaidías de la Ciudad de los cuales 409 ya han sido condenados, 430 están imputados y 1.452 están procesados.
De ese total también, 1.565 están detenidos por haber cometido delitos contra la propiedad, mientras que 263 están arrestados por delitos contra la integridad. Asimismo, 159 cometieron delitos contra las personas; 122 por delitos contra la administración y 54 por delitos contra la libertad, entre otros delitos.
Desde el 2024, las autoridades porteñas y Nación vienen trabajando para instrumentar acciones que permitan aumentar la cantidad de plazas de alojamiento disponibles en el Servicio Penitenciario Federal y descomprimir las alcaidías de CABA.
Una vez concluidas las tareas en Marcos Paz, la penitenciaría tendrá capacidad para alojar a 2.240 presos. El objetivo de la ampliación es trasladar a los detenidos que actualmente están alojados en la cárcel de Villa Devoto, tal como establecen los convenios firmados entre las dos jurisdicciones en marzo y agosto de 2018.
Desde CABA aseguran que la culminación de las nuevas instalaciones en Marcos Paz permitirá “ordenar el alojamiento de personas privadas de la libertad, descomprimir la cantidad de presos alojados en comisarías y fortalecer la capacidad operativa del Servicio Penitenciario Federal”.
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