El "scrum" de la Corte y los "costos" del pedido de Macri a Larreta

"El Colegiado" estrenó dinámica. ¿Se suma Highton? Puentes tendidos y la resiliencia como conclusión de la elección de autoridades. Abogados van por la impugnación del TSJ como revisor "de prepo" de la Justicia nacional. Los detalles de la demanda y por qué están todos enojados.

protagonistas. La Corte Suprema (arriba) tendrá la última palabra también en el conflicto que abrió la Legislatura sobre las facultades de revisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, en la foto de abajo.

Como si estrenara una nueva marca, la Corte Suprema exhibió una muestra de acción de “El Colegiado”, en las primeras 24 horas de la presidencia de Horacio Rosatti. Pasó desapercibido pero en tan solo dos acordadas dispusieron un suplemento salarial transitorio a los jueces que pasen a intervenir en casos regidos por el nuevo Código Procesal Penal y la actualización del valor de la UMA, para cuantificar los honorarios de los abogados. Firmaron los cinco ministros.

“Volvió el peronismo”, comentó un juez, jocoso, haciendo referencia al origen del nuevo presidente. Pero el “rebranding” de la nueva mayoría en la Corte -bajo el término “colegiado”- impone analizar su funcionamiento también con una metáfora para el nuevo paradigma: las vocalías de Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda tiraron abajo las paredes que los dividían.

¿Qué significa esto? Mucho más que coincidencias administrativas para perfilar la nueva gestión en el máximo Tribunal. Como adelantó Ámbito, ya no queda casi nada de las esquirlas por las desavenencias en la elección de sus autoridades. De hecho, en el cuarto piso del Palacio ya se da por descontado que la siempre pragmática Elena Highton de Nolasco, sin que medie preámbulo, se arrime, en los hechos, para integrarse al colegiado.

Como en el rugby, el “scrum” de ministros de la Corte es la foto actualizada de un modo de hacer. No necesariamente eso incluye el contenido de las sentencias jurisdiccionales. Eso es otro cantar. Cierto es que la visibilidad mediática de las causas relevantes alcanza la treintena, pero hay cerca de 10 mil expedientes ingresados cuyo stock va a ser desagotado de forma semanal. Para los casos de impacto político habrá que esperar la definición del panorama de las legislativas.

La Corte mantiene su uso y costumbre de relegar protagonismo durante las campañas. El barullo electoral es ideal para volar por debajo del radar. Eso también implica que se hayan multiplicado las reuniones con jueces, camaristas y magistrados de todo el país. Los llamados y pedidos de audiencia fueron de amplio espectro. Hasta los intendentes se pusieron en contacto. Rosatti es el único exjefe comunal que llegó a la cabeza del Poder Judicial.

Cayeron bien las declaraciones públicas del Ministro de Justicia Martín Soria. “No nos corresponde hacer valoraciones acerca de esta decisión independiente (por la elección de Rosatti). Pero más allá de los nombres espero que con este recambio se pueda abrir la puerta para restablecer una relación institucional más sana con la Corte”, dijo Soria entrevistado por AM750, ayer. El giro oficial se interpreta en otros términos luego de la salutación que hizo el Jefe de Gabinete Juan Manzur, a las nuevas autoridades. A Soria le alcanzaría con pedir la reunión con la Corte para que le sea concedida. Como anticipó este diario, la idea de resetear la gestión es también retomar el diálogo interpoderes, hoy inexistente.

Como conclusión de todo el proceso, el principal activo de la tríada que definió la elección de autoridades fue -en términos internos- haber resistido algunos embates. Como nunca, el recambio tuvo incidencias externas muy potentes: Alberto Fernández había expresado preferencia; el expresidente Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta habían hecho lo propio, haciendo jugar a los alfiles; empresarios de primer nivel pusieron sus fichas en otros plenos; hasta hubo un proyecto de ley ingresado al Congreso para tratar de redireccionar cómo se iba a definir el nuevo mapa de poder. Pero, además, sobre los tres jueces se erigieron causas penales, por diversos y fortuitos motivos. Nadie ve casualidades en toda esa concatenación de hechos. La carambola los ubicó así en un grado de autonomía con respecto a los principales partidos mayoritarios.

El último y más resonante cimbronazo ocurrió hace una semana: el de la Obra Social del Poder Judicial. En ese expediente donde la jueza María Eugenia Capuchetti dispuso una orden de presentación sobre determinada documentación por manejos presuntamente irregulares de fondos no aparece el nombre de Maqueda.

Rápida de reflejos la Corte blindó al juez poniendo todo el control de la obra social en manos del administrador general Héctor Daniel Marchi. Quienes observan la foto en sepia siguen asociándolo a Ricardo Lorenzetti. Pero él y todos sus subalternos al mando de los números son “hombres” del Tribunal. Esa interpretación vuelve más interesante el movimiento y desaira especulaciones tejidas con más deseo que información. Si “El Colegiado” sabe aprovechar su propia resiliencia, habrá hecho bi-capa su blindaje.

Legislatura, offside

Una concesión de Horacio Rodríguez Larreta logró alinear a todos en contra de lo que aprobó la Legislatura para ubicar al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño como instancia revisora de los fallos de la Justicia nacional. Los jueces nacionales saltaron de rabia, la Asociación de Magistrados convocó para el viernes a una reunión extraordinaria para tomar posición, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires se quejó. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal -que agrupa de manera oficial a los matriculados- anticipó una presentación judicial para que se declare inconstitucional. “Macri se lo pidió a Horacio y Horacio aceptó. En su forma de contener a todos, le dijo que sí”.

Así, un miembro del oficialismo porteño explicó la jugada que no tenía profundas interpretaciones: la causa de la quiebra del Correo SA de la familia Macri es la que desvela al expresidente por el simple motivo que una extensión de la quiebra a SOCMA podría hacer colapsar al holding y con él poner en crisis la endeble relación familiar del Clan, con recelos y secretos que sirven siempre para hacerse daño entre sí. El jefe de Gobierno bajó la orden. En un proyecto que no tenía nada de relevante se le incluyó un breve texto que modificaba el orden y sometía a tribunales de otra jurisdicción a la propia.

El TSJ había querido interferir en el desarrollo de tres casos, hasta ahora sin éxito: Levinas, Esuvial y el propio Correo, que está en la Corte. ¿La excusa? El precedente “Bazan” del máximo Tribunal que había reconocido a la Ciudad crecientes facultades para ser cabeza de distrito, como una corte provincial. ¿Cuál será a interpretación que prevalezca acerca de los alcances de lo que la Corte quiso decir? Esa carta quedará guardada hasta el final. No mientras haya ruido de la política, con escándalo bien fresco. Pero es un tema muy porteño: fuera de los límites de la General Paz, el asunto no despierta interés. En las provincias todavía se preguntan por qué la Nación financia a los tribunales que solo actúan en Capital Federal. Son distintas realidades.

El Colegio Público de Abogados, según pudo saber Ámbito, hará su presentación ante el fuero Contencioso Administrativo Federal por violación a los límites de la competencia de la Ciudad que conculca normas de alcance federal, basados en el Artículo 129 de la Constitución Nacional y en la Ley Cafiero.

El amparo llegará también junto a una medida de “no innovar” para que no se pueda aplicar mientras tanto. Además de lo político hay otros componentes colaterales igual de relevantes, lo que explica las reacciones en contrario: el plazo razonable se vuelve una quimera (instrucción, Cámara, juicio, Casación, TSJ y Corte), el volumen de causas frente a una estructura que recibiría de golpe los casos de la justicia civil y comercial ordinaria, y los costos se aumentan para los litigantes ¿Quién pagará por las tasas y los honorarios de la instancia? Para los jueces es el drama de siempre, un traspaso a la órbita porteña de prepo.

Especialistas señalaron que el modo de hacerlo correctamente hubiese sido sancionar un convenio en el Congreso y replicarlo en la Legislatura para regular cómo deducir un recurso extraordinario. Así se hicieron todos los traspasos de competencias penales. La rebelión de los jueces también pone en riesgo la aplicabilidad de la norma sacada de apuro. Son los riesgos de “prestar la cancha” para un partido ajeno.