Renunció Highton y abre vacante difícil

Política

Anunció que se retira el 1-N. Mix de motivos abren vacante codiciada pero compleja para el Ejecutivo. Danza de nombres, ciencia ficción. Los detalles del alejamiento y los movimientos en simultáneo de la mayoría.

Elena Highton de Nolasco se conectó al Zoom de acuerdos y le transmitió la novedad a sus colegas. En el mientras tanto le ingresó el llamado telefónico del presidente Alberto Fernández, a quien había contactado para anoticiarlo: acababa de presentar su renuncia a la Corte Suprema con efecto al 1 de noviembre próximo.

En su vocalía, todo era asombro. El escueto párrafo lo había fechado 30 de septiembre, último día en el que podía estampar el sello de vicepresidenta del máximo Tribunal, antes del recambio de autoridades. Les regaló así a los otros ministros una sorpresa y al Gobierno nacional un problema: el de su sucesión, en una coyuntura política que es refractaria para los acuerdos con la oposición, y ante la posible reconfiguración del mapa del Senado, donde -al igual que con el Procurador- requiere de los dos tercios de los votos.

En despachos oficiales y en los del cuarto piso del Palacio de Tribunales -casi telepáticamente- coinciden en que podrá sobrevenir una larga temporada de una Corte reducida y que es el Ejecutivo el que corre con todos los riesgos ahora, el principal, que el pliego de una “candidata” quede empantanado.

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Con Highton, la Casa Rosada pierde a una interlocutora dilecta y la única que había prestado presencia a los fallidos proyectos de reforma judicial, y también a quien doctrinariamente consideraba que la Ciudad de Buenos Aires no puede ser homologada a una provincia en los múltiples reclamos que había encarado contra Nación. La Corte, por su parte, deja ir a la única jueza con trayectoria dentro del Poder Judicial y a quien heredó la Oficina de la Mujer y consideraba propia a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), una de las “joyas” de la Corte.

Desde el comienzo de la pandemia, abril 2020, había dejado de transitar los pasillos del cuarto piso. Tampoco regresó cuando se reorganizó la presencialidad. Luego del recambio de nombres en la presidencia, en el fondo, se generó un vacío fuerte de la nueva mayoría y varios amagues de ella misma a intentar acoplarse. Los más sorprendidos, comentaban en la planta baja del Palacio, habían sido sus propios colaboradores al enterarse ayer de la noticia.

Consecuencias

Su partida deja también en falsa escuadra a su hija, Elenita Nolasco, a cargo de la Secretaría de Relaciones del Consumo, un sitial muy codiciado sobre el que la jueza siempre se había mostrado protectora, incluso a riesgo de que se considerara su permanencia más allá de los 75 como un modo de seguir extendiendo ese paraguas. Durante el Gobierno de Cambiemos había planteado un amparo un año antes de alcanzar el límite de edad. Obtuvo un fallo favorable en primera instancia y el ministerio de Justicia de Germán Garavano evitó apelar y le dio firmeza. Eso le garantizó que en el ocaso de la gestión, la vocalía de Highton fuese la única que lo recibía.

El advenimiento de Fernández al poder le dio una buena nueva: su amiga Marcela Losardo iba a ser el nexo institucional. Nuevamente los pronósticos se equivocaron. Más allá del vínculo, personal no hubo una relación aceitada con el máximo Tribunal. En el camino, Highton fue la única que apuntaló con su presencia iniciativas varias de reformas del Frente de Todos. Le pagaron con la ANSES intimándola a jubilarse por los años de servicio, en una propuesta que fue ignorada por completo. Con la llegada de la pandemia, el vínculo se volvió más distante incluso dentro de su propia vocalía.

Ayer, tras 17 años en la Corte, puso fin a ese ciclo con un mes de antelación y apenas aplacados los chispazos que había generado la elección de Horacio Rosatti, en un acuerdo extraordinario en el que ella no había participado por considerar que debió haber estado presente Ricardo Lorenzetti, quien no ocultó su descontento.

No pudo entenderse esa movida como un respaldo al rafaelino porque Highton había sido, en 2018, una pieza fundamental para destronarlo, en la votación sorpresiva en la que Carlos Rosenkrantz fue ungido. Su voto, junto al de Rosatti y del propio Rosenkrantz dejaron a Juan Carlos Maqueda apoyando en soledad al expresidente de la Corte. Lorenzetti terminó votando por Rosenkrantz. Highton se convirtió así en vicepresidenta y en una tumultuosa jornada donde amagó con participar, sus colegas terminaron recortándole, meses después, los principales atributos a la presidencia (agenda y superintendencia) transformando el modelo presidencialista en el ahora promocionado modelo “colegiado” de toma de decisiones.

En los pasillos de Talcahuano 550 habían escuchado el rumor de que Highton se iría a fin de año. Lo creyeron especulaciones. De hecho, había intenciones de atraerla hacia la nueva mayoría que conformó la tríada Rosatti-Maqueda-Rosenkrantz. El otro efecto colateral de su partida es dejar a Lorenzetti sin compañía fuera de ese nuevo circuito de trabajo que, como adelantó Ámbito, genera una sinergia de coordinación que hasta ahora no se había visto para el trabajo conjunto en las vocalías. Cuánto perdure dependerá de sus protagonistas en una Corte que ha tenido mucho dinamismo, lo que afuera siempre se lee en términos de crisis. Se modificó el circuito de firma de superintendencia, como es de uso y costumbre: presidencia, vice y ministro decano tienen preferencia para definir. Eso es lo que permite saciar las necesidades del mundo judicial.

Misiva

"Tengo el agrado de dirigirme al Señor Presidente de la República con el objeto de presentar mi renuncia al cargo de Jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con efectos a partir del 1 de noviembre del corriente año", señaló la misiva sin expresión de motivos.

En los últimos meses, había sido denunciada dentro de la cronología temporal en la que había judicializado su situación para permanecer en la Corte con el antecedente Fayt y la sentencia del fallo “Schiffrin” que marcó un punto de quiebre para la permanencia de los magistrados más allá del límite constitucional de edad, sin un nuevo acuerdo del Senado. Esa denuncia se sumó a la de otros colegas que por distintas situaciones habían visto estampados sus nombres en expedientes penales.

El actual oficialismo había oscilado en cuestionarla severamente por haberse garantizado permanencia más allá de los 75 y en contarla como una de las pocas interlocutoras de Fernández para enterarse de lo que pasaba en la cabeza del Poder Judicial. Por etapas la elogiaba por posturas doctrinarias y sin solución de continuidad la castigaba dentro de todo el combo de la Corte.

En Casa Rosada dejaron trascender que la elección para cubrir la vacante tendría una mujer como destinataria por lógicas razones. La danza de nombres hoy se asemeja a ciencia ficción. Nadie visualiza una solución a corto plazo. ¿Motivos? Primero tiene que hacerse efectiva la vacante, luego dentro de los 30 días iniciar el proceso descripto en el Decreto 222, participación de la sociedad civil a propuesta del Ejecutivo y audiencia pública, sumado a la mayoría agravada. Más allá del resultado electoral, la obligación de consenso con la oposición vuelve todavía más complejo cualquier pronóstico y podría llevarse una definición a bien entrado el calendario del 2022. Para mañana, el Jefe de Gabinete Juan Manzur convocó a una reunión del área de Justicia, incluyendo secretarios y subsecretarios.

Con este movimiento, también resucitó en algunas usinas la fantasía de que el Gobierno podría aprovechar a tratar de ampliar la Corte, para lo que no solo precisaría de los votos aliados, sino para rellenarla el mismo proceso que para cubrir una sola, solo que con candidaturas más repartidas con otros bloques.

La Corte tiene que poner en pista los expedientes que tengan mayoría y la firma de ella, en este último mes de raíd. Por propio impulso, los que tengan mayoría saldrán, lo que generó que todas las vocalías pusieran proa a relevar de qué expedientes se trata y se altere el orden.

Auditoría

Desapercibida por la novedad que sacudió cimientos judiciales, la Corte tomó una decisión de peso: ordenó una auditoría integral sobre la Obra Social del Poder Judicial. Le sobrevino un informe feroz que presentó Daniel Marchi, el secretario de administración y ahora investido (con la firma de los cinco ministros) para funcionar como una suerte de interventor mientras arreciaba una tormenta por presuntos desmanejos de caja.

Marchi pidió informes de todo tipo (sobre todo de los estados financieros), creó un equipo de y bloqueó nuevas contrataciones. Se describieron vulnerabilidades de todo tipo, hasta de la composición en el órgano de toma de decisiones que contrariaban estatutos y cuestiones mejorables en el asiento de la información y en la seguridad que deben resguardarse. Lo más interesante del trabajo de relevamiento que se encarará es que la auditoría se remonta bastante tiempo hacia atrás.

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