La Argentina puritana

Debe partirse de una base: todo lo que se diga y haga -hasta con un poco de exageración-para combatir la corrupción de los funcionarios, la evasión de impuestos de los ciudadanos, que se utilice al país para lavar narcodólares, el enriquecimiento ilícito de los sindicalistas y empresarios prebendarios y la extracción del Estado a la gente es válido. No lo es, en cambio, el uso político de esa tarea y que los dos últimos delitos mencionados -enriquecimiento privado de sindicalistas más ciertos empresarios y las extracciones constantes desde el Estado-no sean equiparables a los tres primeros cuando igualmente son un cáncer de sociedad.

Lamentablemente, la Argentina no puede ser tan puritana como el afán de difusión de sus políticos y la Justicia, con su ignorancia abrumadora en temas económicos, exigen.

En los últimos días se han conocido dos documentos -el informe de una subcomisión del Senado de EE.UU. sobre lavado internacional de dinero y el contenido de una denuncia, tipo autodefensa de su vida, del experto y asesinado Mariano Perel.

Es más importante el último puesto que el del subcomité del Senado norteamericano: agrega poco a lo que ya se sabía. Obvio, porque está basado en una investigación de la CIA ya difundida y el informe del propio Banco Central argentino.

Los propios directivos de un banco como el Citibank admitieron ante senadores de EE.UU. que engañaron -por escrito y firmado-al presidente del Banco Central, Pedro Pou, sobre que sabían y no le dijeron que Raúl Moneta era -si lo es, por qué insiste en negarlo-el dueño del Federal Bank. En un país con seriedad la clase política y el gobierno deberían estar estudiando una sanción a la entidad que engañó. Aquí, en cambio, sólo se está investigando a Pou, el funcionario engañado. ¿El motivo? La caída de Pou, un liberal, y no la sanción al Citibank es lo que interesa a la enferma izquierda nativa, una minoría absoluta, pero encaramada al gobierno junto a un viejo y anquilosado partido como el radical. Un banco oficial, financieramente desquiciado, como el Provincia de Buenos Aires, hace un negociado con un monopolio de prensa como «Clarín», comprándole algo a valor inexistente, 75 millones de dólares.

Pero ningún político relevante -temen a «Clarín»- denuncia eso sino que, al contrario, usan los amplios medios del mono-polio para difamar diariamente a Pou porque este funcionario, precisamente, intimó a norma-lizarse al mismo Banco Provincia que pagó protección a «Clarín». La pequeña pero activa izquierda criolla lo sabe pero no ataca al monopolio de prensa por su malicia dado que les gusta que los acompañe para atacar a Pou y su pecado de tener ideas libreempresistas en momentos en que se quiere hacer de la Argentina una nueva Cuba por si se muere Fidel Castro.

A un juez, Carlos Liporaci, se lo obliga a renunciar bajo la amenaza de juicio político por faltarle 400.000 pesos para justificar la compra de una propiedad. A otro juez, Trovato, se le hizo lo mismo por un placard de 18.000 pesos. En la Argentina puritana que se ambiciona está bien eso. Pero hay pruebas también terminantes contra un juez mendocino Leiva por haberle pedido una coima de 3 millones de dólares al eventual dueño del Federal Bank, Raúl Moneta, y no se logra quórum en el Consejo de la Magistratura para el juicio político. Además, Leiva tiene otras acusaciones ante el mismo Consejo. Pero este juez tiene algo importante para la izquierda criolla que presiona a los radicales en el gobierno: operó sobre Moneta y eso pesa en tantas acusaciones porque pasó a ser aliado.

Además, Moneta se enfrentó con el monopolio «Clarín», con quien era socio en Multicanal (cable). Le debe plata al banquero y lo tuvo enfrente en el CEI, otro intento de monopolio de prensa opositor al de «Clarín». ¿Consecuencia? El diario del monopolio habla de Leiva y hasta cuenta su vida. Desvirtúa informaciones a sus lectores hasta provocar la reacción de la sena-dora norteamericana Collins.

El gobierno aliancista, a su vez, les da a los sindicalistas más burócratas de la CGT 37 millones de dólares de los impuestos que pagan los ciudadanos para reponer los faltantes de sus obras sociales a cambio de que le levanten un paro general, dispuesto sólo en un comunicado de prensa porque no tenían ni consenso ni fuerza para realizarlo. Esos faltantes fueron extraí-dos impunemente por los sindicalistas para sus vidas privadas. Jamás la Dirección General Impositiva investiga gremios ni gremialistas porque los sindicatos lo calificarían de «hostilidad desde el gobierno». Y les temen.

Un programa de televisión donde se denuncia a Héctor Maguetto -máximo directivo del monopolio «Clarín»- y la deuda del grupo de 3.000 millones de dólares, que lo obliga a congraciarse y negociar complicidades con el gobierno, es alterado en su salida al aire en un canal privado de televisión. Inaudita censura que no movió un comunicado de las instituciones que agrupan prensa -las domina también «Clarín»- y, desde ya, menos de la izquierda.

En la Argentina un periodista, Ricardo Gangeme, es asesinado y hasta detenidos los autores pero la prensa no se ocupa de él. El presunto autor intelectual del crimen es un pequeño empresario del interior del país. Otro horrendo crimen, el del fotógrafo Cabezas, obra de amanuenses para quedar bien con otro empresario, Alfredo Yabrán, tuvo repercusión nacional. La diferencia está en que Yabrán servía a la captación de la izquierda autóctona. Hasta podían vincularlo, aunque falló, a Carlos Menem, un político que ganó prestigio modernizando a la Argentina dentro de una total democracia, y desde un partido legítimo y popular como el peronismo, algo que enardece a esa izquierda. La táctica ahora, como con Yabrán antes, es tratar de vincular a Moneta con el temido Menem y lamentarse que entre las 25 cajas de documentación del subcomité senatorial estadouni-dense no esté el nombre del ex presidente.

Con este panorama de corrupción e intencionalidad política manifiesta -podría seguir extensa la lista-que abarca gobierno, políticos, sindicalistas, organismos públicos, bancos extranjeros, Justicia y hasta la misma prensa -la ideologizada, la interesada y la tonta que se prende a todas «las campañas»-, ¿puede pensarse en una Argentina puritana? Es un absurdo aunque nunca haya que resignarse ante el mal, desde ya.

El impecable periodista norteamericano Bob Woodward (uno de los dos del caso Watergate que derrocaron desde la prensa en los años '70 al mandatario Richard Nixon) dijo en la Argentina hace unos años cuando la visitó: aunque temporariamente algunas instituciones o sectores de una comunidad avancen más y otros menos, el escalón de cada progreso de una sociedad tiende siempre a nivelarse.

Esto quiere decir que en la Argentina no podemos pretender tener una prensa o Justicia de 7 puntos -ni pensar en 10- si el Senado nacional tiene 3. No podemos tener juzgados en calidad de instalaciones 8 si tenemos hospitales en 5. Ni prensa de 7 si la clase política no llega a 4.

Lo único que puede alegrarnos es que en el escalón general debemos estar en 5 cuando hace 10 años estábamos en 3 con el estatismo, la corrupción de las empresas públicas y cuando la cotización del dólar se fijaba a dedo en un escritorio del Banco Central, no teníamos más que una autopista y carecíamos de teléfonos funcionales. Eso sí: teníamos mejor prensa y una izquierda nativa menos infantil.

Hemos progresado hacia una nivelación en escalones superiores -algunas instituciones retrocedieron-pero nos falta mucho para alcanzar a los países serios. Lo observamos diariamente.