La centroizquierda presentó un proyecto para regular la actividad de los bancos

Heller y Sabbatella encabezaron la presentación.

Diputados de la centroizquierda presentaron un proyecto que mantiene en vilo a los bancos y otras entidades. Se trata de la "Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social", que busca reemplazar la norma que rige desde la última dictadura. El acto fue encabezado por los diputados Martín Sabbatella y Carlos Heller, del bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario, en el Congreso.

Según el texto al que tuvo acceso ámbito.com, la iniciativa se concentra en dos ejes puntuales: definir la actividad financiera como un servicio público y concebir a la ley "a partir de las necesidades de los usuarios y no de las entidades".

"La actividad financiera es un servicio público orientado a satisfacer las necesidades transaccionales, de ahorro y crédito de todos los habitantes", dice el proyecto sobre el primer punto. En la presentación Sabbatella explicó que "se trata de orientar este servicio para el desarrollo productivo, económico y social, y pensarlo para el crecimiento con equidad".

Entre los objetivos salientes de la nueva norma se destacan: impulsar el financiamiento productivo general, en particular de las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, así como también el crédito destinado a satisfacer las necesidades de vivienda y consumo de las personas y grupos familiares.  

En cuanto a los créditos, el proyecto prevé que se apliquen tasas de interés máximas para préstamos a micro y pequeñas empresas, las cuales "no podrán superar en una proporción del 5% a una tasa promedio ponderada del sistema financiero para ese segmento". Asimismo, se establece la misma condición para préstamos personales inferiores a los $ 100 mil.  

Por otro lado, el texto establece la creación de un "Defensoría del Usuario de Servicios Financieros", que estará en la órbita del Banco Central, cuya misión consiste en "la defensa y protección de los intereses de los usuarios financieros frente a los actos, hechos u omisiones de las entidades financieras". Sería esto una segunda instancia de reclamos para los clientes de no encontrar respuestas en las entidades o no estar satisfechos con las mismas.  

En este marco, la tarea del BCRA será monitorear el nivel de concentración de las diferentes operatorias y adoptar medidas correctivas cuando se vean afectadas las condiciones de competencia. "Ninguna entidad financiera privada podrá tener una participación en el conjunto del sistema financiero superior al 8%, tanto en el total de los depósitos provenientes del sector privado, como en el total de préstamos otorgados", continúa la norma.  

El proyecto propone un régimen de garantía estatal sobre los depósitos, garantizado por el Estado Nacional, que resulta obligado a todas las entidades financieras, con un límite de hasta $ 100 mil por depositantes y cualquiera sea la tasa pagada por los depósitos. "La idea es reincorporar al seno del BCRA el Sistema de Garantía de Depósitos que fue parcialmente privatizado mediante la Ley 24.485", sostiene el texto.  

Por el lado de lo que refiere a las entidades, se intenta diferenciar a las que son de capital nacional y las de capital extranjero. Estas últimas serán las que cuenten con más del 30% de su capital de origen externo y tendrán criterios más restrictivos para su actuación en el sistema financiero nacional. Será el Poder Ejecutivo quien autorice a operar a las entidades y quien avale cambios en la participación accionaria. Además, se anula la posibilidad de que las entidades financieras sean propietarias de acciones de otras entidades financieras.

Los legisladores de Nuevo Encuentro confían en contar con el apoyo del Frente para la Victoria y sus aliados para aprobar la medida. Los diputados de la centroizquierda se mostraron hasta ahora independientes del oficialismo y la oposición, pero en general se mantienen cerca del kirchnerismo. Sin embargo, necesitarán que la medida sea también respaldada por parte de la oposición para ser convertida en ley.