El oficialismo de Diputados tendrá esta semana una dura tarea por delante: conseguir 129 diputados que voten a favor de varios artículos de los dos proyectos de prórroga de impuestos que el gobierno envió al Congreso. Es el número especial que se requiere en algunos casos para votar asignaciones de la coparticipación. Pero en la pelea política por conseguir el número necesario antes del 10 de diciembre -fecha en que el kirchnerismo quiere tener sancionados el Presupuesto nacional la y la prórroga de impuestos- hay otros escollos difíciles de pasar, como la ley que crea cargos específicos para financiar obras de transporte de energía, una ley que no gusta ni a muchos diputados leales al gobierno. La pregunta hoy ya no pasa por saber cuándo se votarán esas leyes -que pueden demorarse-, sino cuál será el punto donde el gobierno ceda: o darles a los gobernadores algún punto más del impuesto al cheque -hoy tienen sólo 30% de su recaudación para coparticipar- o aflojar en algunos de los pedidos de la UCR en Ganancias o en Bienes Personales.
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Lo que suceda en estas dos semanas también puede condicionar algunas leyes que el gobierno quiera votar en diciembre, si es que convoca a sesiones extraordinarias. Muchos diputados ya sostienen que, si aceptan votar la prórroga al impuesto al cheque, de alguna forma estarán convalidando la prórroga de la Ley de Emergencia Pública -que contiene a ese tributo- y que despierta tanto rechazo que el gobierno decidió pasarla para cuando ingresen sus nuevos diputados.
Mañana comenzará la tarea más dura en la Comisión de Presupuesto y Hacienda: garantizar los dictámenes de los tributos por renovar y avanzar en el Presupuesto. La tarea ya no es técnica -aunque se estén discutiendo modificaciones a impuestos-, sino eminentemente política. El radicalismo, el ARI y el duhaldismo tienen sobre estos proyectos argumentos de peso para pelear cambios y, en los hechos, despiertan simpatías en todos los diputados.
Por eso no resulta extraño que el kirchnerismo -que esta semana está definiendo también cuál será su conducción en la bancada, con los roces que eso conlleva-siga manteniendo como objetivo de máxima la votación de esos proyectos con la Cámara vieja, pero reserve como Plan B la posibilidad de postergar todo para diciembre, cuando el ingreso de los nuevos legisladores le dé una mayoría más confiable.
La diferencia entre una y otra posibilidad está marcada hoy por la insistencia de Roberto Lavagna en aceptar alguna modificación, los problemas operativos que muestra el kirchnerismo para negociar con otras fuerzas y la presión de los diputados que dejan sus bancas y ven en esta discusión su última oportunidad para conseguir la aprobación de una partida mayor de las pensiones y becas que se otorgan en el Congreso. Precisamente esta posibilidad es el único aliciente que tienen para votar todo antes de la renovación de bancas el 10 de diciembre.
Mañana a las 11 comenzará el intento final en comisión por conseguir la firma de los dictámenes. ¿Qué escuchará allí el gobierno de boca de la oposición?:
• Radicales y duhaldistas quieren un aumento en el mínimo no imponible de Ganancias y Bienes Personales, y el ministro de Economía sigue diciéndoles no. «Hoy no tenemos número para imponernos», confiaba ayer un oficialista frente a los reclamos de la oposición.
Los radicales llevarán allí una cuenta: para elevar al doble el mínimo no imponible en el Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría -hoy en $ 4.000 anuales más la deducción especial-tendría un costo fiscal de $ 650 millones, cuando la recaudación prevista para 2006 es de $ 29.700 millones. De todas formas, el efecto neto en la recaudación es menor, ya que se está hablando de ingresos que se vuelcan rápidamente al consumo.
En cuanto a Bienes Personales, los números también pueden despertar simpatías. En ese caso, si se llevara el mínimo no imponible -como exigen radicales y duhaldistas-a $ 205 mil en lugar de los $ 102.300 actuales, el costo fiscal anual sería de $ 150 millones y se desafectaría así del impuesto a la riqueza a franjas que quedaron atrapadas no por tener mayor capital, sino por efecto de la revalorización de propiedades y automotores que vino después de la devaluación. En este caso, la recaudación prevista para el año próximo es de $ 10.500 millones. En cualquiera de las opciones, los kirchneristas deberán rebatir esa baja real de impuestos a pesar de no poder negar el superávit fiscal existente.
• Pero si esa pelea para el gobierno será dura, mucho más la del proyecto, que también comenzará a debatirse mañana, que faculta al gobierno a crear cargos específicos que se aplicarán a las empresas beneficiarias de obras de transporte de energía, como una suerte de tarifa paralela.
El rechazo aquí supera a la oposición: «Técnicamente es un proyecto que deja en evidencia la falta de inversión en el sector privado, por lo que establece este mecanismo como un aumento de tarifas disfrazado». La frase, pidiendo reserva, la dijo ayer un kirchnerista.
Desde el radicalismo y el duhaldismo hay planteos peores: «El proyecto original es como una chequera al gobierno por los próximos 5 años», dice el radical Horacio Pernasetti.
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