El haz de proyectos que someterá Néstor Kirchner al Congreso para legislar sobre seguridad, promete convertirse en la primera brecha visible entre la Casa Rosada y las provincias, más allá de algunos cortocircuitos derivados de las internas del partido oficial. Como si quisieran desmentir la imagen federal que, con desconocida generosidad fotográfica, compuso la Presidencia para formular sus anuncios del lunes, los gobernadores-Escribe Carlos Pagni y representantes de las jurisdicciones del interior serán restrictivos en la aprobación de esas reformas.
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Existen motivos de estrategia política y también razones técnicas para que Kirchner encuentre un clima muy cauteloso para sus propuestas. Entre los primeros se destaca uno: los dirigentes del interior quieren ver en la reformade las policías y los juzgados una forma de distribución de recursos -en este caso destinados a garantizar la seguridad-que adelanta el diseño de una ley de coparticipación adversa. En efecto, muchos mandatarios se quejan de que el plan de Seguridad lanzado por Gustavo Béliz parta de la hipótesis de que el área metropolitana, que componen la Ciudad de Buenos Aires y su conurbano, es una zona crítica que requiere de un auxilio especial. En otras palabras: si la carga de atención que registra el mapa de la seguridad se extendiera a otras materias, los habitantes del interior deberían transferir recursos a bonaerenses y porteños. Como si lo que presentó Béliz fuera, en lo que refiere a sus preocupaciones, una especie de «fondo del conurbano» especializado en una cuestión.
El primero que advirtió el riesgo de que los demás gobernadores aíslen al de la provincia de Buenos Aires fue Eduardo Duhalde. Se dio cuenta de ese riesgo cuando José Pampuro y León Arslanian pactaron un programa de cooperación logística entre las Fuerzas Armadas y la Policía provincial. El ex presidente recomendó silencio a los suyos no porque, como sucedió con funcionarios del gobierno nacional, sospechara una violación a la Ley de Seguridad Interior. El temor de Duhalde fue que, como finalmente ocurrió, los gobernadores de los demás distritos salieran a pedir convenios similares para no crear el antecedente de un desequilibrio. Las fantasías del ex presidente se confirmaron: Jorge Obeid, Jorge Busti y Julio Cobos reclamaron al día siguiente un convenio similar para Santa Fe, Entre Ríos y Mendoza. Tanta es la sensibilidad que despierta hoy el debate por la coparticipación.
Desde la provincia de Buenos Aires la jugada es la contraria: no firmar el proyecto oficial y reclamar más fondos, para lo cual hoy a las 18 el ministro de Economía, Gerardo Otero, participará de una reunión del bloque del PJ bonaerense de diputados para aportar argumentos a la batalla. Con el mismo espíritu vindicativo el diputado Daniel Basile anteanoche lanzó un desafío contra Cristina Kirchner: «La senadora que quiere intervenir la Policía de mi provincia, ¿qué va a hacer con la de Santa Cruz? ¿Los va a fusilar a todos? Porque esa Policía está cuarta en el ranking de ineficiencia de todo el país». Basile habla desde las entrañas del duhaldismo.
Si la política pudiera hacer algo para despejar estas prevenciones, Béliz desaprovechó el recurso. Con la misma solicitud con que agradeció a la pareja gobernante cuando presentó su batería de medidas -hizo recordar- sus zalemas ante Carlos Menem, en los '90, podría haber realizado alguna consulta con los mandatarios provinciales. No le cabe al ministro de Justicia, es cierto, reclamar ese auxilio del de Interior: Aníbal Fernández pretende desde hace tiempo verlo trastabillar para quedarse con el control del aparato de Seguridad. Hace bien Fernández en mirar hacia el jardín de al lado, ya que en las materias propias el Presidente ni siquiera le avisa que formulará nuevos anuncios; Kirchner le perdió más el respeto a este subordinado después de sus últimas logorreas.
No necesita de Interior Béliz para federalizar un programa que llamó «nacional». Tiene para eso el Consejo de Seguridad, integrado por todas las jurisdicciones. Pero lo convocó, burlonamente, después de hacer los anuncios, del mismo modo que el Presidente lanza un plan de Seguridad una vez que el Congreso legisló sobre la materiahace una semana. Esta falta de consulta del titular de Justicia y Seguridad será utilizada por las provincias cuando comiencen a mostrar algunas deficiencias en los programas que el gobierno quiere ver aprobados por las cámaras.
Entre los disparates técnicos que los diputados y senadores ya advierten en los papeles de Béliz se pueden apuntar algunos principales, que aparecerán en la reunión del Comité convocada para mañana. Por ejemplo, que es inconcebible redactar un Plan de Seguridad Nacional en estos días sin tentarse con dedicar una línea al terrorismo, sobre todo en un país que fue su víctima. Tampoco hay una letra sobre narcotráfico o contrabando, lagunas que detectó el experto Eugenio Burzaco antes que nadie. Hay errores más notorios, como anunciarle a la Policía Federal que será reemplazada por otra, seguramente de mejor imagen: casi una invitación a la inacción, mientras transcurre impávida la ola de secuestros.
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