"La suspensión de la aplicación de la ley de medios favorece a los monopolios"

Gabriel Mariotto

El Gobierno nacional apeló el fallo de la jueza federal de Mendoza, Olga Pura de Arrabal, que suspendía "provisoriamente" la aplicación de la ley de radiodifusión, a partir de una medida cautelar en contra de la nueva norma.

Así lo afirmó el titular del COMFER, Gabriel Mariotto, quien está designado para ocupar la máxima autoridad federal surgida de la Ley de Servicios Audiovisuales.

La suspensión de la aplicación de la ley en todo el país fue dispuesta el 21 de diciembre pasado por la jueza Pura de Arrabal en una causa promovida por el diputado del Peronismo Federal Enrique Thomas, aunque recién pudo notificarse con la reanudación de la actividad judicial, a principios de febrero. 

Mariotto afirmó que la apelación fue admitida por la jueza, sin embargo fue otorgada con efecto devolutivo, por lo que en el día de ayer se interpuso un recurso de queja ante la Cámara para suspender la cautelar.

Mariotto confía "en que se revierta" la decisión judicial "por las razones jurídicas que tiene la ley de la democracia".

"Presentamos un recurso y estamos esperando que la Cámara se expida entendiendo que tenemos múltiples razones jurídicas", aseguró en declaraciones radiales.

"Es una mirada muy sectorial que favorece a los medios del grupo monopólico. La jueza nos concedió el recurso pero no suspendió la cautelar, ya que lo otorgó con efecto devolutivo, cosa que es realmente bastante raro en términos judiciales", agregó el funcionario.

La jueza con asiento en Mendoza suspendió la aplicación de toda la ley de medios audiovisuales argumentando que encontró que el Congreso podría haber incurrido en "serias irregularidades" reglamentarias durante el trámite de sanción de la norma y pidió informes al Poder Ejecutivo y al Congreso.

Así, a diferencia de otras dos medidas cautelares que suspendieron algunos artículos, el fallo de Pura de Arrabal apunta a la validez del trámite de sanción, por lo que ordenó la suspensión de todos los actos que la pongan en ejecución y les pidió al Ejecutivo y al Congreso que brinden un informe dentro del plazo de catorce días, que se cumple la próxima semana.