Las cinco claves del decreto que modificó el sistema de ART
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A través del decreto, se creó el "Autoseguro Público Provincial". El mismo está destinado a que las provincias y sus municipios y la Ciudad de Buenos Aires "puedan autoasegurar los riesgos del trabajo definidos en la Ley N° 24.557, respecto de los respectivos regímenes de empleo público local, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo".
Por medio del DNU firmado por Macri se estableció una nueva figura, denominado "Comisiones Médicas Jurisdiccionales". Según el texto, esas Comisiones "constituirán la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención". En el decreto se estableció que "una vez agotada la instancia prevista (las Comisiones Jurisdiccionales) las partes podrán solicitar la revisión de la resolución ante la Comisión Médica Central".
En el decreto el Gobierno fijó que esas comisiones médicas tienen un "plazo máximo" de 60 días hábiles administrativos para expedirse sobre los casos. El DNU estableció que el plazo puede ser prorrogable por "cuestiones de hecho relacionadas con la acreditación del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, debidamente fundadas".
• Cálculo de indemnizaciones
Respecto a este ítem, desde la Casa Rosada se introdujeron cambios en el cálculo de las indemnizaciones. A través de decreto se indicó que los salarios que se utilicen para calcular el monto se ajustarán por aplicación de la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de Trabajadores Estables).
• Ley de Protección y Prevención Laboral
El decreto firmado por Macri en enero pasado estableció un plazo de tres meses para que la Superintendencia de Riesgos de Trabajo remita al Consejo Tripartito Consultivo contemplado en la ley de ART vigente, un anteproyecto de Ley de Protección y Prevención Laboral.
El Poder Ejecutivo justificó esta reforma al señalar que "la experiencia recogida ha puesto en evidencia las fortalezas y debilidades del Sistema de Riesgos del Trabajo, y si bien es preciso conservar sus principales líneas directrices, no es menos cierto que corresponde ahora corregir aquellas cuestiones que han provocado situaciones inequitativas".
"Las reformas normativas dictadas hasta la fecha no han sido suficientes para aliviar aquella situación, pues no han logrado otorgar a la Ley 24.557 (que creó el sistema de ART) el estándar para que resulte jurídica, constitucional y operativamente sostenible", añadió.




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