Ley de fueros complica a políticos y a jueces

La nueva ley de fueros comenzó a hacer sus efectos sobre los legisladores nacionales y amenaza con extenderse a jueces y ministros del Poder Ejecutivo Nacional ya que los gobernadores se rigen por fueros provinciales y sujetos al juicio político de sus Legislaturas. El primer caso se aplicó el viernes pasado en Río Negro, cuando la jueza federal de General Roca, María del Carmen García, procesó, dictó la prisión preventiva y excarceló -todo en un mismo acto-al senador por esa provincia, Horacio Massaccesi. Ahora puede llegar a aplicársele a la titular del Ministerio de Acción Social, Graciela Fernández Meijide, que enfrenta una querella por calumnias e injurias que le sigue el juez de la Corte Adolfo Vázquez. En lista de espera aparecen varios senadores por el caso de los supuestos sobornos y algunos jueces federales, paradójicamente el mismo magistrado que investiga ese escándalo.

Acusación

El ex gobernador está acusado del presunto delito de malversación de caudales públicos en la forma de peculado por haberse incautado en 1991 de $ 16 millones del Tesoro Regional del Banco Central que se encontraba en esa ciudad rionegrina. El hecho provocó la ruptura definitiva con Domingo Cavallo mien-tras recibía un guiño de Carlos Menem, quien ya había iniciado el camino del enfrentamiento irreversible con su ex ministro de Economía. El viernes 5 de julio de 1991, junto al actual gobernador Pablo Verani -en ese momento era el vicegobernador-y otros funcionarios provinciales tomó el dinero sin autorización del Banco Central y pagó los sueldos atrasados, lo que convirtió en inútil toda acción de la Nación para recuperar el dinero.

Massaccesi estuvo a punto de ser detenido el 10 de diciembre de 1995, cuando García entendió que entre la finalización de su mandato como gobernador y su asunción en el Senado al día siguiente quedaba sin fueros, pero la captura -alentada por el ex ministro de Alfonsín y actual cavallista, Julio Rajneri- se frustró porque el ex gobernador eludió la medida.

El otro caso que se presenta en lo inmediato es el de Fernández Meijide frente a la insistencia de Vázquez de castigarla por su intemperancia de hacerlo aparecer como supuesto «paradigma del escándalo» con que calificó al ex gobierno de Menem y luego lo trató de «ignorante» cuando el juez Adolfo Bagnasco archivó esta querella por los fueros de la actual ministra de Acción Social. Claro que al revocar la Cámara Federal Penal la resolución de Bagnasco, Vázquez consideró que se había configurado una nueva querella y demandó a Fernández Meijide, quien hoy deberá ratificar sus dichos. Con ello se expone a un proceso porque la ley permite avanzar en el juicio o retractarse, que detiene la acción penal pero abre el camino para una demanda por daños y perjuicios en sede civil.

Entredicho

Pero, además, la interpretación de la ley de acuerdo con el espíritu que fue sancionada por el Congreso de evitar el desafuero y/o eventual arresto de sus miembros podría llevar al procesamiento sin ninguna malla de contención a otros legisladores y jueces. Salvo que algún juez la declare inconstitucional -hasta ahora existe un serio entredicho entre el juez federal Claudio Bonadío y el Consejo de la Magistratura, pero sin atisbos de que el magistrado tome una decisión de esa magnitud-, la aplicación de la ley -tal como está redactada- podría posibilitar que legisladores nacionales, funcionarios del gobierno y más de un juez federal con causas abiertas puedan ser procesados y seguir en funciones.

En ese camino marcha otro senador rionegrino: Edgardo Gagliardi, quien, amparán-dose en los fueros no se presentó en una indagatoria ordenada por el juez barilochense Juan Manuel García Berro por supuesta «defraudación de la administración pública» al haber presuntamente cobrado salarios de empleados en el Senado. También se han colocado en situación parecida algunos senadores como Emilio Cantarero, Remo Costanzo y Ricardo Branda, quienes -según altas fuentes judiciales-aparecen como los más complicados en el caso de los (supuestos) sobornos o enriquecimiento ilícito. En el reverso de esa moneda podrían anotarse los jueces federales Carlos Liporaci y Luis Leiva, de Mendoza, que están siendo investigados judicialmente.