Leyes del perdón dividen más a Kirchner y Duhalde

En el momento en que el peronismo oficialista simula más gestos de unidad, la división entre duhaldismo y kirchnerismo se hace más profunda. Ayer estalló nada menos que en torno de la reapertura de los juicios a ex militares acusados de delitos durante la represión violenta de los años '70. Una cuestión que Néstor Kirchner quería usar para direccionar la atención del público alcanza ahora al corazón de la alianza que lo llevó al gobierno. Quizá lo buscó ordenando a sus diputados propios y prestados del duhaldismo que avancen en un proyecto de anulación de las leyes de punto final en el Congreso, frustrada su andanada de presiones sobre la Corte Suprema. Pero ayer, en una ardida reunión del bloque del PJ, los duhaldistas puros transmitieron el mensaje de Eduardo Duhalde contra esa iniciativa revisionista. La anulación -que tendría efectos nefastos sobre la seguridad jurídica- también es rechazada por la mayoría del PJ en el Senado. Esta división pone al PJ del Congreso en una división estéril en un momento en que el gobierno necesita que le voten leyes para que el país busque alguna solución a su peor crisis económica.

Un seleccionado de dirigentes organizaciones por los derechos humanos visitó ayer a Néstor Kirchner para apoyarlo en política de reabrir los juicios a militares. Estuvieron, entre otros, Adolfo Pérez Esquivel y Estela de Carlotto.

Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde ya están enfrentados por la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Ayer, Daniel Basile avisó en el bloque PJ de Diputados: «Duhalde está en contra de la anulación». José María Díaz Bancalari y Eduardo Camaño, que siguen las últimas instrucciones gubernamentales a pesar del origen común con Basile, replicaron «no tenemos conocimiento de que sea así». El delegado de Las Flores, que acostumbra hacer zapping de medios todo el día, insistió: «¿no escucharon lo que dijo Chiche por radio?». La polémica quedó trunca.

En las últimas 48 horas, el jefe del bloque trató en vano de disciplinar a todos sus compañeros de bancada, a pedido de Kirchner que -en vista de que la Corte rehuyó fallar sobre la inconstitucionalidad de las leyes del perdón- necesita ahora que el Congreso habilite la reapertura de juicios contra militares por violaciones a los derechos humanos. Lo confesó anteayer el camañista Miguel Saredi delante de sus pares: «La agenda la marcó el juez Baltasar Garzón y el Presidente -habló por mí- es el que quiere que tratemos esta cuestión porque no se puede resolver judicialmente». En el auditorio, dudan todavía sobre cuál es el verdadero criterio presidencial.

En la víspera, y no obstante las disidencias en masa, Díaz Bancalari se aseguró número suficiente de oficialistas dispuestos a dar quórum el martes que viene, en la sesión especial pedida por Patricia Walsh (Izquierda Unida). Evitarán así el «escrache» de organizaciones de derechos humanos y, lo que podría resultar muy doloroso, el reproche de Kirchner. También hay un principio de acuerdo con los radicales sobre qué votarán en el recinto, que no es, exactamente, una anulación de leyes sino un elegante, pero cuestionable paso coreográfico para trasladar cualquier definición a Tribunales.

Bancalari intentó en vano avanzar con la nulidad. Pero hubo fuertes objeciones jurídicas y políticas, lo cual ponía en riesgo la ya resquebrajada unidad de la escudería. Se encomendó al salteño Juan Manuel Urtubey, a la jurista bonaerense María del Carmen Falbo y al tucumano Ricardo Falú que encontraran una alternativa.

• Ratificación

Inspirados en el senador Jorge Yoma -quien repite que sería suficiente ratificar un convenio que declara imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad-, elaboraron una iniciativa que impide que puedan beneficiarse con indultos o amnistías, o acogerse a la Obediencia Debida o el Punto Final, quienes hayan cometido estos delitos aberrantes. La versión más light de la misma propuesta excluye los indultos. La fórmula no terminó de convencer a quienes se oponen a la nulidad. Menemistas, el grueso de los bonaerenses y otras tribus locales rechazaron el texto, muy similar al que redactaron los radicales, y adelantaron que podrían pegar el faltazo en la deliberación del martes.

El principal bloque opositor presentó anoche 2 iniciativas, con las firmas de Horacio Pernasetti, Juan Jesús Minguez y Pascual Cappelleri: una declaración, en la cual le solicitan al Ejecutivo -igual que Yoma y el correligionario Hipólito Solari Yrigoyen en la década pasada- que ratifique la «Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad»; y una ley según la cual «no podrán ser beneficiados con la prescripción, indulto, amnistía o cualquier otra forma de renuncia al ejercicio de la acción penal, los delitos mencionados» en ese Tratado, «cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido». Finalmente, señala que la norma entrará en vigencia a partir de que el Presidente deposite la adhesión a la Convención en las Naciones Unidas.

A puertas cerradas, los peronistas tuvieron una discusión menos áspera que la del miércoles. La porteña Inés Pérez Suárez (única menemista que coincidió con el kirchnerista Díaz Bancalari) hizo una curiosa cabriola verbal para explicar su posición. «No ir por nulidad es ignorar reconocer la política reparatoria del gobierno de Carlos Menem. Durante el gobierno de Menem, se repararon económicamente los efectos de la dictadura, algo que no se cumplió en ningún otro país,», dijo Pérez Suárez. «Parece que se acordó que alguna vez fue subsecretaria de Derechos Humanos», bromeó por lo bajo uno de los presentes.

Jorge Escobar, representante sanjuanino del PJ de Anillaco, pidió una postergación: «No puede ser que en una semana intentemos resolver un conflicto de hace 30 años». A renglón seguido, propuso «consultar a la Comisión de Acción Política del PJ», que animan los gobernadores peronistas. Alejandra Oviedo agregó: «además de la CAP, esto debe ser analizado con los senadores, porque yo no coincido con Yoma en la política riojana, pero sí estoy de acuerdo en que, como él dijo, la nulidad va a ser declarada inconstitucional hasta por el tribunal de disciplina de la AFA».

El duhaldista Luis Cigogna subrayó que «me parece que no es el momento más oportuno de abrir este debate».